La Policía sigue deteniendo 'abertzales' en plena guerra con el Gobierno navarro

Las detenciones de ocho personas el pasado martes por parte de la Policía Nacional han provocado un terremoto social en Pamplona. Geroa Bai emitió un comunicado poco después de que estas se produjeran en el que las calificaba de "desproporcionadas". "Hubiera bastado con una simple citación (...), tal y como se hace ante este tipo de supuestos delitos", subrayó el partido al que pertenece la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos. Los arrestos se produjeron después de que esas ocho personas pintaran un mural en la parte trasera de un edificio municipal de Burlada, como se muestra en uno de los vídeos que acompañan a esta información, en el que se leía la palabra tortura y que pretendía acusar de malos tratos a las fuerzas de seguridad.

La Policía, de hecho, imputa a los arrestados -puestos luego en libertad- un delito de calumnias a los miembros de la Policía y de la Guardia Civil. El atestado policial será entregado previsiblemente al juzgado de guardia de Pamplona, que determinará si hay indicios suficientes para investigar a los detenidos por el mencionado delito o si, por contra, no hay elementos que permitan iniciar un proceso judicial.

Los Servicios de Información de la Policía argumentan que todos ellos pertenecen al colectivo Aztnugal -que pretende propagar la idea de que las fuerzas de seguridad torturan-. La iniciativa, argumentan fuentes cercanas a la investigación, continúa las estrategias de acoso, desprestigio y victimismo que marcaron ETA y EKIN, ambas organizaciones terroristas. Aztnugal no es una organización inscrita en registros oficiales ni cuenta con dirigentes identificados, extremo que no es baladí, pues es precisamente en esa alegalidad en la que se ampara el colectivo, señalan las mismas fuentes, que entienden que de este modo eluden la responsabilidad de los actos de sus miembros.

Según explican las fuentes consultadas, los promotores del colectivo se escudan en un lema ambigüo, como es la simple palabra tortura, para difundir sus consignas tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales o a través de carteles, pintadas, pancartas o panfletos distribuidos por la calle. La iniciativa, señalan, tiene un gran poder de convocatoria entre los jóvenes de la izquierda 'abertzale' y realiza una enorme actividad en ámbitos que rezuman "ideales como la independencia, el socialismo, el feminismo o la libertad de los presos de ETA".

La Policía entiende que estas actuaciones responden a una "estrategia global" ideada desde la izquierda 'abertzale' y ejecutada por la militancia juvenil. Al igual que en su día Segi y Batasuna, comparan los investigadores, la iniciativa Atznugal solicita apoyo económico para sufragar los gastos del juicio al que se enfrentan en la Audiencia Nacional. Disponen de una web con noticias del colectivo, de una cuenta en Twitter y de un correo electrónico. "Hasta ahora hemos tenido que pagar 65.000 euros en fianzas, para poder salir de la cárcel primero y como fianza subsidiaria después", argumentan en su portal.

Los ocho detenidos, entre los que se encontraba el portavoz de Sortu en Navarra, Txelui Moreno, fueron puestos en libertad después de tomarles declaración. La Policía les arrestó por el mencionado delito de calumnias a las fuerzas de seguridad, tipificado en el Código Penal, y por realizar la pintada en un contexto determinado, justo después de que durante los últimos días varios miembros de la izquierda 'abertzale' denunciaran haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil.

En concreto, así lo hicieron los considerados miembros del aparato político de ETA Gorka Mayo Hermoso, Iker Moreno y Patxi Arratibel durante una rueda de prensa celebrada el pasado 30 de marzo, explican las fuentes policiales consultadas, que añaden que también denuncian torturas algunos acusados de pertenecer a EKIN en un vídeo colgado en Ahotsa.info el 24 de febrero o los propios Moreno, Arratibel y Mayo en otra comparecencia pública anterior, celebrada el 18 de enero.

Los tres, sin embargo, aceptaron un acuerdo con la Fiscalía el pasado 14 de abril, cuando se disponían a ser juzgados por la Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a organización terrorista. Accedieron a cumplir dos años de cárcel y se comprometieron a renunciar "a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y el sufrimiento que se les ha causado".

La detención de los ocho detenidos -Txelui Moreno y su hijo Ibai, Ángel María Erro Ustariz, Mikel Aingeru Otano, Itxaso Torregrosa, Saioa Ibiricu, Julia María Ibáñez y Esteban Gota-, sin embargo, ha sido recibida por el Gobierno de Navarra con el mencionado recelo. El Ejecutivo ha criticado la operación policial por haberse desarrollado sin orden judicial previa, cosa que tanto Policía como Guardia Civil tienen capacidad de hacer. Las fuentes consultadas, de hecho, aseguran que el atestado de las detenciones será remitido en las próximas horas al juzgado de guardia.

La polémica relativa a la orden judicial se produjo después de que un vídeo mostrara a la Policía deteniendo a uno de los acusados. Las imágenes muestran a un amigo del arrestado presionando para que los agentes dijeran qué juez había ordenado las detenciones. Finalmente, el apresado termina preguntando que si había sido el magistrado Fermín Otamendi quien había autorizado la operación. En ese momento, y ante la insistencia, uno de los funcionarios le dice que parece que sí, que cree que Otamendi está de guardia. Las fuentes consultadas aseguran que esta afirmación, recogida por las cámaras, no es más que un modo de dar la razón al detenido con el fin de que entre en el coche sin alterar el orden público. Sin embargo, las palabras del agente han dado pábulo a Aztnugal para insinuar que los arrestos fueron ilegales.

El colectivo ha convocado una manifestación para el próximo sábado en la puerta del Ayuntamiento de Burlada "por el fin de la tortura". Gorka Mayo, como portavoz de la iniciativa, además, ha indicado que seguirán con las protestas. "Las amenazas y las detenciones no nos van a parar, no van a conseguir que dejemos de denunciar las torturas a las que fuimos sometidos en el periodo de incomunicación en la comisaría y calabozos de la Guardia Civil", ha dicho antes de calificar como "vulneración de derechos humanos" lo que afirma que les sucedió en dependencias policiales.

A las ocho detenciones que tuvieron lugar en Pamplona el pasado martes por la mencionada pintada con la palabra tortura se sumaron las que se produjeron ayer en la misma capital navarra. Estas últimas, sin embargo, no estaban relacionadas con el colectivo Aztnugal directamente. La Policía arrestó a tres personas por homenajear al etarra Jorge Olaiz y supuestamente enaltecer el terrorismo en ese acto de bienvenida.

La reacción crítica del Gobierno navarro a las primeras detenciones no sentó bien en el seno de la Policía Nacional, ya que se trata de una institución democrática que debería estar apoyando la labor de las fuerzas de seguridad del Estado en lugar de torpedear su trabajo, ya que estas últimas velan por la seguridad de todos los ciudadanos y no se guían por criterios políticos. Desde el Ejecutivo foral, sin embargo, consideran que la operación fue coordinada por la Delegación del Gobierno y le otorgan un tinte político.