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Las administraciones publican información, pero no responden a los ciudadanos
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las CCAA, proclives al silencio administrativo

Las administraciones publican información, pero no responden a los ciudadanos

Las comunidades autónomas aprueban en transparencia pero no todas contestan a las peticiones de información pública que reciben

El “esfuerzo general” de las comunidades autónomas les ha permitido dar “un salto muy relevante” en materia de transparencia hasta el punto de que todas, con mejor o peor nota, han aprobado su particular examen de julio. Al menos así lo destacó Transparencia Internacional la pasada semana durante la presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU). Un motivo de orgullo para todas aquellas regiones que han comenzado a autoproclamarse gobierno abiertoy que con la rendición de cuentas pretenden derribar las barreras opacas que cubren a las instituciones españolas.

Transparencia Internacional no es la única que evalúa la apertura de las instituciones, aunque sí es la entidad más importante a nivel mundial. El INCAU se basa en 80 indicadores sobre la información que las instituciones proporcionan a sus ciudadanos.

Uno de los indicadores evalúa la relación de cada institución con la ciudadanía. Desde hace unos años la transparencia ha sido la palabra clave en boca de los políticos y la cercanía con los ciudadanos la forma de demostrarlo. ¿Pero cómo se relacionan las administraciones con la ciudadanía? ¿Responden sus dudas?

El Confidencial ha analizado las disparidades entre el índice INCAU y el nivel de respuesta de las instituciones autonómicas a las peticiones públicas de información. Este aspecto, el derecho de acceso a la información, no se ha recogido como un derecho fundamental en la Ley de Transparencia que entrará en vigor a finales de este año.

El estudio de Transparencia Internacional mide únicamente la información que la institución decide suministrar a sus ciudadanos en las páginas oficiales. De ahí que no se tenga en cuenta el nivel de respuesta a la sociedad ni la calidad de la misma. En cambio, la plataforma Tu Derecho a Saber, impulsada por la Fundación Civio y Access Info, recoge el tipo de respuesta de las autonomías a cada petición de información.

El concepto clave es el silencio administrativo, que se define como la ausencia de respuesta por las instituciones públicas a una petición de información. El artículo 20.4 de la Ley de Transparencia ampara esta potestad administrativa al establecer que “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”.

La máxima puntuacióncon la mitad de silencio administrativo

El contraste entre los dos índices es en algunos casos llamativo. Por ejemplo, Cataluña obtuvo la máxima puntuación en el INCAU, a pesar de que su silencio administrativo supera el 50%. Baleares también disfruta de una cómoda sexta plaza dentro de la clasificación elaborada por Transparencia Internacional pese a que en los dos últimos años nunca ha contestado una petición de información pública.

Para elaborar la metodología, Transparencia Internacional utiliza los parámetros que “exige la ley de transparencia actual” a los que añaden “una serie de indicadores” propios, apunta Manuel Villoria, representante de la organización. Villoria reconoce que la actual legislación sobre transparencia en España es poco exigente y, de tomar solo sus parámetros, “la nota en todas las comunidades sería aún mayor”.

Los resultados del INCAU no han dejado satisfecha a la comunidad pro transparencia española. Desde la Fundación Ciudadana Civio critican el rigor de estos resultados. “La única transparencia que importa es la que se traduce en más información para el ciudadano”, declara Javier de Vega, responsable de comunicación de la organización.

De Vega añade que este informe ofrece una visión “cuantitativa y no cualitativa” y lo califica como “un despropósito”. Y sentencia: Ellos [Transparencia Internacional] se están labrando su propio descrédito”.

El “esfuerzo general” de las comunidades autónomas les ha permitido dar “un salto muy relevante” en materia de transparencia hasta el punto de que todas, con mejor o peor nota, han aprobado su particular examen de julio. Al menos así lo destacó Transparencia Internacional la pasada semana durante la presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU). Un motivo de orgullo para todas aquellas regiones que han comenzado a autoproclamarse gobierno abiertoy que con la rendición de cuentas pretenden derribar las barreras opacas que cubren a las instituciones españolas.

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