El CGPJ mantendrá a Ruz hasta que acabe el caso Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto prorrogar de nuevo a Pablo Ruz como titular en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por lo menos hasta que cierre el caso Gürtel y el delos 'papeles de Bárcenas', según fuentes del órgano, quienes reconocen que lo contrario se entendería como una decisión teledirigida por el Gobierno. Este magistrado ocupa la plaza que dejó Baltasar Garzón desde hace cuatro años, pero no es el titular oficial, sino que ha ido sumando prórrogas de la comisión de servicios para quedarse en el puesto.

Ruz no tiene la antigüedad suficiente para poder ser el titular del Juzgado, pero ese requisito no es necesario para asumir el cargo de manera temporal a través de una comisión de servicios que otorga el CGPJ por un periodo de seis meses prorrogables. Este juez asumió el puesto después de que la Comisión Permanente del órgano que regula la carrera judicial le nombrara por unanimidad el 24 de junio de 2010, una vez que Garzón fue suspendido por su imputación por prevaricación, que finamente quedó en condena e inhabilitación por grabar las conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus letrados desde la cárcel sin base legal.

Ruz asumió el Juzgado y el CGPJ le ha ido prorrogando la comisión de servicios, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que se puede prorrogar por un año, máximo hasta dos. Sin embargo, fuentes jurídicas reconocen que esta premisa no se cumple de manera tajante y existen otros casos que se hanalargado más de los dos años establecidos. En su caso, Ruz tuvo en todo momento el apoyo incondicional del que fuera presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, elegido por el nuevo Consejo vicepresidente del Tribunal Supremo.

Una vez que la condena de Garzón fue firme, su plaza salió a concurso y el nombre elegido fue el del entonces vocal del CGPJ por el ala progresista, Miguel Carmona, en mayo de 2012. Sin embargo, este no podía abandonar su sillón en el Consejo y retrasó su desembarco en la Audiencia Nacional. Después, este magistrado consiguió un puesto como juez de enlace con el Reino Unido, evitando así poner un pie en el juzgado, cargo que ocupará hasta su jubilación, con lo que dejará sin titular su plaza oficial.

Un escándalo quitarle

Con el nuevo CGPJ, con Carlos Lesmes como presidente, una de sus primeras decisiones, a finales de 2013, fue mantener a Ruz en su puesto, aunque ya en ese momento se hizo con ciertas reservas. El nuevo Consejo no ve bien que este magistrado siga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 después de tanto tiempo. Además, en los últimos meses, sobre todo después de encarcelar al extesorero del PP Luis Bárcenas y ordenar una entrada y registro el pasado 19 de diciembre en la sede del PP de la calle Génova, Ruz se ha convertido en una figura incómoda para el Gobierno.

Ya a finales de año se estudió muy seriamente no prorrogarle más, pero, finalmente, la Comisión Permanente entendió que de hacerlo sería una decisión muy criticada y poco entendible. Desde algunos sectores judiciales sostienen que sustituirle ahora sería un escándalo porque se vería muy nítidamente la mano del Ejecutivo para que Ruz no siga investigando el caso Gürtel y los 'papeles de Bárcenas', donde se investiga una presunta financiación irregular por parte del PP.

A finales de año, Ruz ya apuntaba que la instrucción de Gürtel, una trama liderada por Francisco Correa que consiguió numerosos contratos con Administraciones del PP, entraba en su recta final. Desde el CGPJ esperaban que en estos seis meses pudiera concluir, pero el retraso en la entrega de los últimos informes de UDEF, Agencia Tributaria e Intervención General del Estadole han impedido echar el cerrojazo. Aun así, fuentes jurídicas apuntan que la intención de Ruz es acabar antes de verano, por lo menos la parte principal para que, de no ser prorrogada su plaza, el asunto quede lo más cerrado posible.

En el caso de la pieza separada, conocida como 'papeles de Bárcenas', tampoco queda mucho por instruir. Está pendiente un informe de la Agencia Tributaria sobre Unifica, la empresa que se encargó de las obras de la sede del PP y que podría haber cobrado en negro, y el definitivo de la Intervención General del Estado sobre la posible conexión entre las donaciones de empresarios al PP y la adjudicación de contratos en Administraciones gobernadas por este partido, así como la parte relacionada con una supuesta adjudicación concedida a la empresa Sufi para la recogida de basuras en Toledo y en la que, según el testimonio de Bárcenas –actualmente en prisión preventiva–, medió la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La idea que se baraja por los investigadores es que no hay pruebas concluyentes para demostrar indiciariamente que esos empresarios donantes que aparecen en los apuntes elaborados por el extesorero de la formación y que se encuentran actualmente imputados entregaron cantidades de dinero para la adjudicación de una obra concreta. Gran parte de las donaciones proviene de empresas muy relevantes en el sector de la construcción, que llegan a recibir adjudicaciones diarias de todas las Administraciones y, por tanto, es muy complejo hacer una conexión de carácter penal. Todo apunta, según estas fuentes, a que se trata de donaciones que se hacían con carácter general como un guiño al partido, lo que podría considerarse únicamente como financiación irregular, pero que a día de hoy no está contemplado como delito en el Código Penal.