Fabra reclamó a la desesperada dinero a Montoro para evitar el cierre de Canal Nou

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba el ERE de Canal Nou sacudió en la mañana del martes los cimientos del Palau de la Generalitat. Tras conocer el veredicto de los jueces, elpresident, Alberto Fabra, se enfrentaba a un penoso dilema: asumir los costes de readmisión de los casi1.000 trabajadores despedidos, engordando así la asfixiante deuda de casi 30.000 millones de euros de las arcas públicas, o echar el cierre definitivo a una televisión carcomida por los números rojos, la pérdida de credibilidad y unos índices de audiencia raquíticos.

Fabra, entonces, descolgó el teléfono y, ya a la desesperada, llamó a Madrid. Primero a La Moncloa y, a continuación, aCristóbal Montoro para pedirle dinero extra con el que salvar in extremis una cadena con 24 años de historia. Pero el ministro de Hacienda se negó en redondo, según han revelado a El Confidencial fuentes muy cercanas a la Generalitat valenciana.

Fabra reunió primero a sus hombres de confianza, encabezados por su número dos, José Ciscar, para digerir la sentencia y trazar la hoja de ruta a seguir tras el varapalo judicial. Pero las opciones que había sobre la mesa eran muy limitadas. Cumplir el fallo y readmitir a los despedidos resultaba impensable, porque la deuda acumulada de Canal Nou a corto y medio plazo, que ya había sido asumida por el Ejecutivo autonómico, supera los 1.100 millones de euros. Desechada esa alternativa, Fabra echó mano del primer comodíny planteó a sus consellers recurrir la sentencia ante el TribunalSupremo.

Esa posibilidad también se descartó casi de inmediato por todos los presentes en la reunión del gabinete de crisis. El fallo de la Sala de lo Social del tribunal valenciano abría un plazo de cinco días para que el Gobierno autonómico recurriese la sentencia. Pero pronto se vio que apelar al Tribunal Supremo tenía muchos más inconvenientes que ventajas.

"El recurso sólo habría servido para alargar una situación insostenible y mantener artificialmente con vida a una televisión que, con casi 1.700 trabajadores en plantilla, resulta inviable", sostiene uno de los presentes en la reunión convocada urgentemente en el Palau de la Generalitat. "Además, ¿cuánto tiempo tardaría el Supremo en resolver el recurso? No se podía mantener la tensión indefinidamente", añade.

El coste político

Sólo quedaba la opción del cierre. Pero era una decisión de enorme calado y con un coste político muy difícil de calcular. Los partidos de la oposición, como así ha ocurrido, se lanzarían a la yugular de un Fabra debilitado por las peleas intestinas del PP valenciano y acorralado por unos sondeos de opinión que anuncian, tozudamente, la pérdida de la Generalitat tras 16 años ininterrumpidos en el poder. Eso sin contar con que buena parte de los ciudadanos culparían al PP de la desastrosa gestión de la televisión autonómica y de su solución final: la pérdida de un referente emocional y lingüístico para cientos de miles de valencianos.

Así que Fabra recurrió al último comodín. Telefoneó a La Moncloa para comunicar a Mariano Rajoy que, si no autorizaba una partida extraordinaria para readmitir a los despedidos y poder seguir adelante con las emisiones, se vería abocado a decretar el cierre del canal. Según fuentes del Ejecutivo, el presidente de la Generalitat no llegó a hablar con Rajoy. Ni con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero su interlocutor -cuya identidad no quisieron revelar esas mismas fuentes- le derivó a Montoro.

Fabra hizo entonces una segunda llamada. Y el ministro de Hacienda, impasible a las demandas de aquél,tiró de manual: no habría una inyección de dinero extra porque el objetivo de déficit es sagrado. El president supo en ese momento que la suerte de Canal Nou estaba echada.