Un pastor de Jumilla tumba un campo de golf y una urbanización de 15.000 chalés

Como una roca frente a la galerna. O como un mástil sin bandera ante el viento. Así ha resistido, y ganado, durante diez años Pascual Carrión, un pastor y agricultor de Jumilla cuyo empecinamiento para defender lo suyo ha dado al traste con la pretensión urbanizadora desmedida de una empresa apoyada por el Ayuntamiento. Su historia es reflejo de cómo se hicieron las cosas hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El martes pasado se llevó Pascual la última alegría. El Ayuntamiento de Jumilla dejó caducar el plazo para recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anuló el plan parcial de la macrourbanización Santa Ana del Monte Jumilla-Golf. Como su propio nombre indica, además de un par de campos del deporte del green, unas15.000 viviendas unifamiliares iban a formar el complejo, en el que se pretendía incluir las 30 hectáreas de Pascual. Con la empresa promotora en suspensión de pagos desde 2008, parece imposible resucitar el proyecto.

A pesar de la buena, y definitiva noticia, el pastor no se dio ningún homenaje ni lanzó las campanas al vuelo. Sólo reconoce: “¡Me quedo con una tranquilidad!”. Pero, ganar, lo que se dice ganar, no ha ganado nada: “Me quedo con mis tierras, como estaba hace once años, y con una operación de corazón por los disgustos. Eso es lo que le digo a quien me felicita”. Y lo que les dirá a quienes lo hagan el próximo día 28, cuando cumple 60 años.

Porque fue en 2002 cuando Pascual empezó a batallar porque Iberdrola alteró mediante un amplio zigzag una línea de alta tensión que iba en dirección a Jumilla evitando pasarla por los campos que luego formarían parte del proyecto Jumilla-Golf, de la empresa oriolana San José Inversiones, pero cruzando las hectáreas del pastor: “Ya me parecía a mí entonces que venía algo detrás”, confiesa.

Ahí comenzó la historia. La línea de alta tensión se la pasaron por su finca y en ella se erige con cinco torres, a pesar de que recurrió. A partir de ese momento, comenzó una serie de despropósitos disfrazados de promesas de progreso para el pueblo, con la pretensión del Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista Francisco Abellán, de realizar desarrollos urbanísticos para construir un total de casi 20.000 viviendas unifamiliares, casi tantas como habitantes ya tenía Jumilla (25.000).

Sólo quedaron tres de esos proyectos. Dos están recurridos en contencioso-administrativo por Izquierda Unida (IU), porque fueron aprobados sin pasar por el Pleno municipal. El otro, para disgusto del pastor, es el que empezó a desarrollarse en el paraje de Herrada del Tollo en 2006. “Tenían mucha prisa por hacerlo cuanto antes”, recuerda el único concejal de IU en Jumilla, José Antonio Pérez, cuyo único voto ha sido decisivo para impedir algunos desmanes de la alternancia municipal PSOE-PP, con diez ediles cada uno.

A Pascual quisieron expropiarle sus tierras. Le ofrecieron hasta 2,6 millones de euros. Se negó a aceptarlos porque, como había pasado ya con otros propietarios cercanos expropiados, el dinero no aparecía por ninguna parte. Y porque, aunque pueda parecer difícil de creer, sobre todo en aquellos tiempos de desafuero inmobiliario, a él le importan más sus 300 cabezas de ganado, entre ovejas y cabras, sus pocos almendros y oliveras y su tierra, en suma, que el dinero.

30.000 euros para hacer la vista gorda

Ya habían intentado indemnizarlo con 30.000 euros para que hiciera la vista gorda ante el desvío inexplicable de la línea de alta tensión. No quiso. Prefirió recurrir a la vía legal, aunque la perdiera, momentáneamente. Esta la ha ganado ahora definitivamente. Y no le duelen los dineros que lleva gastados en ambos empeños. “Lo de la línea me costó 13.000 euros. 7.000 del informe técnico y 6.000 del juicio”, explica.

En la anulación del Plan Parcial ha gastado algo más, unos 17.000, calcula. En total, casi la misma cantidad ofrecida “para taparme la boca” sobre la línea de alta tensión. No se calló entonces. Ni se calló después, cuando, siguiendo el signo de los tiempos, el Tribunal Superior de Murcia denegó en 2007 la suspensión cautelar del macroplán urbanístico porque debían prevalecer los "intereses generales" del municipio sobre los de Pascual, dándole la razón a la promotora San José Inversiones y al Ayuntamiento, que seguía gobernado por el socialista Abellán.

No se arredró y se fue al Supremo. Y allí, sí. Un magistrado decretó en 2010 la paralización cautelar de las obras estimando lo que decía Pascual: que no había agua para tanta gente como se pretendía meter en la urbanización. Y además, la que hay es de mala calidad, como recuerda el concejal de IU, José Antonio Pérez. “Aquí no se puede plantar nada de huerta con el pozo aquel de allí abajo: el agua es salobre. Mira la cuba que uso yo para traerme con qué dar de beber al ganado”. En esa cuestión no entró entonces el TSJ de Murcia.

Aunque no renuncia a sus principios. Y esos son ahora aclarar el asunto de la línea de alta tensión de Iberdrola que sigue ahí, quebrada en zigzag y con las cinco torres en sus tierras. “Me tengo que pasar por el ayuntamiento a que me lo expliquen otra vez, que lo de los informes técnicos no lo tengo claro. Y le tengo que decir al alcalde [desde 2011, Enrique Jiménez, del PP] que a ver si se da tanta prisa en traerme el agua corriente como se dio el anterior [Francisco Abellán, del PSOE] en dar los permisos para la urbanización”, suelta con toda la sorna que se puede permitir un David ante un Goliat en el suelo.