Apenas 48 horas después de que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, declarase en la Audiencia Nacional que le “extrañaría” que en el Partido Popular exista un registro con los DNI de los donantes, el juez Pablo Ruz ha citado para el 10 de septiembre a las secretarias de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Ante el mutismo oficial de los populares del registro de visitas a la calle Génova, el magistrado preguntará la identidad de los supuestos empresarios que engordaban la caja B del partido a cambio de adjudicaciones públicas a Rosa María López Merinero y Estrella Domínguez, responsables durante años de las agendas, las citas y las visitas de los encargados de gestionar el dinero en el PP.

Según fuentes del caso, “ellas vieron con sus propios ojos quiénes acudían a sus despachos y tienen que saber con qué fin”: entregar dinero en efectivo a cambio de que sus empresas fueran agraciadas con contratos públicos, según el ‘modus operandi’ que Bárcenas ha descrito ante el juez Ruz. Hasta ahora, todos los empresarios citados a declarar como imputados no han reconocido el pago de donaciones ilegales a la formación a cambio de adjudicaciones de obras públicas, tal y como sostiene la acusación.

Varios dirigentes del partido han reconocido que han cobrado sobresueldos pero siempre dentro de la legalidad e incluso algunos han sostenido que recibieron dinero en sobres como ayudas. El único que hasta ahora ha revalidado la teoría de Bárcenas ha sido su sucesor en la gerencia del PP, Cristóbal Páez, que el pasado martes reveló al magistrado que él sí cobró los 12.000 euros que aparecen a su nombre en los apuntes contables de Bárcenas. “En dos tandas, en billetes de 500, en un sobre, y no los declaré a Hacienda”.   

Para el 10 de septiembre, el juez Ruz también ha pedido la comparecencia de tres miembros del Departamento de Auditoría Interna del PP, Carlo Luca Bigmani, Benito Javier Torre de la Fuente y Antonio López de Pablo. Ellos son los encargados de controlar e inspeccionar que todo el dinero que entra y sale del partido no vulnera la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. El magistrado los ha citado después de que la secretaria general y los dos exsecretarios generales, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, no le aclarasen nada a este respecto. En sus declaraciones se limitaron a negar que en la formación existiese una contabilidad B y mantuvieron la misma línea de defensa: que las donaciones no eran asunto suyo, sino de los dos tesoreros que tuvo el partido entre 1990 y 2008.

Ratificar la veracidad del 'pen drive'

El juez de la Audiencia Nacional ha pedido la comparecencia para ese día, también como testigos, a los peritos de la Policía que hicieron el informe pericial elaborado sobre la memoria USB  aportada por Bárcenas para que ratifiquen su veracidad en sede judicial. En este archivo informático que entregó el extesorero al juez el 15 de julio, se eleva a 8,3 millones de euros el supuesto dinero negro que, según la contabilidad del ex tesorero del PP, se manejó durante dos décadas en Génova. Ahí se apunta a Álvarez-Cascos como recaudador de efectivo para la caja B: más de 40 millones de pesetas entre 1994 y 1998, que él negó en sede judicial.

El magistrado ha requerido al PP que ponga a su disposición los dos ordenadores portátiles que Bárcenas tenía en la sede de la formación para poder practicar una prueba pericial que permita comprobar si los archivos del pen drive entregados por el imputado son copia original del contenido de los mismos. Ni la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones ha solicitado en los cuatro años que hace que estalló el caso Gürtel la entrega de esos ordenadores.