UPyD denuncia a los exconsejeros de Caja de Burgos por administración desleal

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere abrir un nuevo frente en la lucha que ha emprendido contra la administración irregular de las cajas de ahorro. A sus querellas contra Bankia, Caja Madrid, Caja de Ahorros de Navarra, Banca Cívica y las preferentes, de las que ya se están derivando consecuencias penales para medio centenar de directivos financieros, suma ahora una nueva denuncia que ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el consejo de administración de Caja de Burgos en el ejercicio 2010 por presunta administración desleal o fraudulenta de la entidad.

La denuncia afecta a 17 exconsejeros, entre ellos, su presidente, José María Arribas Moral, que ocupó el cargo entre 2003 y 2011 tras otro mandato de cuatro años entre 1983 y 1987. El Confidencial ya informó este jueves de que a lo largo de seis años consecutivos, entre 2005 y 2010, el consejo de administración que lideraba Arribas concedió préstamos, pólizas, líneas de descuento y avales a empresas de las que él mismo era propietario por un importe total que asciende a 34.209.000 euros. Así consta en los informes oficiales de Gobierno Corporativo de esta caja de ahorros a los que ha tenido acceso este diario.

En su denuncia, UPyD reclama al Ministerio Público que investigue las deliberaciones que precedieron a la concesión de estas operaciones por si encerraran alguna irregularidad. Sólo con lo que se desprende de la información oficial aportada por la propia Caja de Burgos, el partido que encabeza Rosa Díez considera que existen suficientes indicios para dudar de la diligencia de los gestores de la entidad.

En concreto, la formación sospecha que los créditos millonarios concedidos por el consejo de administración a Arribas no fueron sometidos a los controles necesarios para garantizar la devolución de los préstamos porque su beneficiario era el propio presidente de la caja. Lo cierto es que una de las empresas de Arribas que aparece como receptora de créditos de Caja de Burgos, Indasa, consiguió un préstamo de la entidad sólo unos meses antes de declararse en concurso de acreedores y tras varios ejercicios consecutivos registrando pérdidas millonarias. Sólo esta mercantil tiene una deuda total con la entidad en estos momentos de aproximadamente 12 millones de euros, que difícilmente podrá saldar nunca porque sus administradores concursales han decidido liquidarla.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

El partido magenta considera que todos los miembros del consejo de administración que participaron en la autorización de estas operaciones pudieron incurrir en administración desleal, un delito tipificado en el artículo 295 del Código Penal y castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión o una multa equivalente al triple del beneficio obtenido mediante los hechos fraudulentos. 

Gran parte de las operaciones aprobadas por el consejo que tenían como destino sociedades de su presidente se cerraron en condiciones mucho más beneficiosas de las que fijaba el mercado bancario en esos momentos. Según consta en los informes de Gobierno Corporativo, las sociedades de Arribas llegaron a obtener línea de crédito con “un plazo indefinido” de devolución y tipos de interés de “Euribor +0,25 puntos” coincidiendo con uno de los periodos de mayor restricción del crédito bancario.

“Gracias a la posición de poder de la que gozan todos los miembros del consejo de administración, se ha dispuesto de unas cantidades en las que uno de ellos, el señor Arribas, se ha visto sin ninguna duda beneficiado, con paralelo perjuicio para la entidad y el interés superior de sus depositarios, fundadores e interés general representado por el fin social de la Caja de Ahorros”, señala la denuncia.

Pagos no contemplados en los estatutos

El documento también apunta que los miembros del consejo de administración de Caja de Burgos –encuadrada en la actualidad en Banca Cívica, propiedad a su vez de CaixaBank- se asignaron a sí mismos pagos complementarios que no reflejaron en las cuentas de la entidad ni en los informes de Gobierno Corporativo y que, según UPyD, eran contrarios a los estatutos de la caja. Emilio Jordán y Ángel Ibáñez, por ejemplo, dos de los consejeros denunciados, habrían ingresado, respectivamente, 26.922 euros y 24.286 euros por su participación en supuestos “trabajos de organización, preparación, coordinación y control de las funciones desarrolladas en Banca Cívica S. A.”. En el caso de Arribas, estos ingresos extraordinarios ascendieron a 61.056 euros. “Es obvio que estas retribuciones son ajenas al sistema de dietas previsto estatutariamente, son opacas y no constan en la información de gobierno corporativo ni en las auditorías de la entidad”, concluye el letrado del partido, Diego Paños.

La Fiscalía tendrá el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si considera que las pruebas aportadas por UPyD son suficientemente sólidas como para respaldar la apertura de una investigación judicial sobre la gestión de Caja de Burgos.