Sonia Gumpert pone sueldo a sus fieles con cargo a las cuentas del ICAM

Con más de 100 días en el cargo, el ruido sobre la legitimidad de Sonia Gumpert al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sigue vivo. Desde su controvertida victoria, empañada por una jornada electoral que está denunciada en los tribunales, la decana viene protagonizando decisiones que levantan sospechas sobre su mandato. La última de ellas tiene que ver con la aprobación el pasado 25 de abril, en Junta de Gobierno, de unas dietas de 875 euros mensuales a dos de los diputados por desempeñar sendos puestos delegados en representación de la decana.

Hasta el pasado 15 de febrero, las funciones de delegado en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita Central y de la Comunidad de Madrid, así como la supervisión de todos los informes de insostenibilidad emitidos de acuerdo al artículo 33 de la Ley de AJG, eran ejercidas por el letrado Juan Gil de la Fuente. La retribución por ese trabajo la cobrarán a partir de ahora (desde febrero) los diputados Begoña Castro y Santiago Luengo, representantes de la plataforma ALTODO, la Asociación de Letrados por el Turno de Oficio integrada en la junta de Gumpert, donde cuenta con tres diputados.

Además del prestigio profesional que pueda representar, el presupuesto anual de 50 millones de euros que representa el ICAM y el negocio de su gestión como plataforma colegial subyacen como conflicto de fondo. Por si fuera poco, también está pendiente sobre la mesa el futuro del servicio médico a los colegiados, que la anterior Junta decidió externalizar y convertir en una mutua sanitaria. A pesar de oponerse a esta opción durante las reñidas elecciones al Colegio de Abogados de Madrid, Gumpert ha decidido seguir adelante con el plan de su antecesor y este lunes informará en una Asamblea. 

En medio del actual fuego cruzado, Gumpert ha pasado a presentarse como víctima de una campaña de acoso que "busca forzar nuevas elecciones". Indirectamente, sin decirlo, señala a su mentor, la escuela jurídica ISDE, que patrocinó y coordinó su campaña electoral a través de la Plataforma para la Defensa de la Abogacía Madrileña para desembarcar en el ICAM. Desde allí, la candidata probeta disfrutó de los recursos que sus mentores invirtieron -hasta 500.000 euros- durante dos años para realizar cerca de 5.000 encuentros de trabajo y granjearse los apoyos suficientes a pesar de su anonimato.

Sin embargo, nada de lo previsto ocurrió, empezando por la victoria. Aupada al decanato del ICAM tras obtener 6.523 votos, más del doble que el segundo candidato, el conocido abogado madrileño y catedrático Antonio Hernández Gil (anterior decano), Gumpert decidió ignorar parte del plan de gobierno que había asumido como candidata en un contrato privado con sus padrinos. Optó por hacerse fuerte gracias al apoyo en bloque de su Junta de Gobierno, a pesar de que algunos de sus diputados, como Ignacio Gordillo (Martínez-Echevarría) o Alejandro Alonso (Dentons), estaban vinculados al ISDE.

Una vez convertida en decana, Gumpert ha maniobrado estratégicamente para sofocar las críticas internas a su gestión (viajes al extranjero, gastos de representación…) y evitar así una repetición de las elecciones, sólo posible si un 10% de los colegiados presentara una moción de censura. Para ello, entre otras medidas, la letrada ha sacado adelante una subida salarial, en lugar de reducir de la estructura laboral del ICAM, como abanderó en las elecciones, y ha incrementado algunas partidas de gastos (acciones corporativas) respecto al último presupuesto de Hernández Gil.