Andalucía, líder en corrupción

Los juzgados españoles investigan en la actualidad 1.661 casos de corrupción política y financiera. A la cabeza se sitúa Andalucía, que es la comunidad autónoma que más causas tiene abiertas. Además, el Consejo General del Poder Judicial cifra en 2.173 todos los asuntos que llevan los órganos judiciales de todo el territorio español de especial complejidad, en los que se incluyen, por ejemplo, el Madrid Arena, el Prestige o el caso Spanair.

Andalucía contabiliza 656 asuntos abiertos de este tipo, de los que la mayoría son de corrupción, aunque también se incluye el narcotráfico. Le sigue la Comunidad Valenciana con 280 causas; Canarias, con 197; Madrid, con 181; y Galicia con 110. Los casos vinculados con la corrupción son los relativos a delitos como prevaricación, blanqueo o receptación de capitales, malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros. A estos se suman otros, de especial complejidad.

Estos más de dos mil asuntos se están siguiendo en un total de 798 juzgados, de los que cabe desglosar los 91 que gestionan los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Estos datos han sido recabados por el servicio de inspección del CGPJ, por petición del presidente Gonzalo Moliner para poder solicitar refuerzos y así demostrar a los ciudadanos que estas causas complejas no "caen en un limbo y mueren en el camino", según ha explicado la portavoz del órgano de los jueces, Gabriela Bravo.

El Consejo va a reclamar al Ministerio de Justicia 64 nuevos jueces refuerzo y 18 secretarios judiciales, además de 150 funcionarios de distintas categorías. Pero sobre todo reclaman al Ministerio del Interior y de Hacienda más celeridad a la hora de elaborar los informes reclamados por los jueces de instrucción, que ralentizan las investigaciones. Bravo ha concretado que el CGPJ, en todo caso, "nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo", sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.

En este mismo sentido, entre las peticiones que propone la inspección están la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre los escraches, Bravo ha vuelto a matizar las palabras de Moliner y ha señalado que se debe proteger la libertad de expresión y manifestación siempre y cuando no afecten a otros derechos como el de la intimidad. "Hay que evitar que se produzcan una serie de perjuicios que puedan ser irreparables", ha aclarado.