Nueva semana negra: Rajoy se enfrenta sin apoyos a la EPA y al examen de Bruselas

El Gobierno tiene por delante otra semana negra, casi tan complicada como aquellas del pasado verano cuando estábamos al borde del rescate. El jueves toca la EPA de los más de seis millones de parados; el viernes, un Consejo de Ministros para reconocer que la situación económica es incluso peor de lo previsto oficialmente (cuadro macro a revisar) y convencer a la UE de que el Ejecutivo realizará todos los esfuerzos precisos en los próximos años, con más recortes, en los que están incluidas las pensiones.

El Ejecutivo afila los eufemismos para presentar los datos y administrará otra dosis de reformas con incentivos (emprendedores) para ofrecer alguna esperanza y pedir a los ciudadanos que conserven la paciencia hasta el próximo ejercicio.

En Presidencia y en el equipo económico del Gobierno llevan semanas dándole vueltas a la acumulación de malas noticias y peores perspectivas que se concentran en esta semana. El Ejecutivo ha esperado hasta última hora para aprobar el plan de reformas que se debe enviar a Bruselas, y que se suma a la inevitable revisión del cuadro macroeconómico del presente año.

La fecha para hacer pública la encuesta sobre el paro es inamovible y sus resultados están cantados. Si 2012 se cerró con la cifra de 5.965.400 desempleados, en el primer trimestre del año en curso España habrá superado los seis millones aunque no se cumplan las previsiones más pesimistas, que hablan de otros 185.000 españoles sin puesto de trabajo. Los datos darán argumentos a la oposición para cuestionar la política económica y las reformas ya emprendidas por Mariano Rajoy, como la laboral, que ahora cumple un año.

La consigna y el mensaje del jefe del Ejecutivo consistían en aguantar este año y esperar a que vengan tiempos mejores, concretamente hasta el crecimiento previsto para finales del ejercicio y la mejora en el empleo para 2014. Ahora, entre las previsiones demasiado optimistas del pasado y la recesión en el conjunto de la UE, llega la hora de darle más vueltas al discurso para mentalizar a la opinión pública de que no todo depende del Gobierno, de que Bruselas no comprende la urgencia de avanzar en la unión o se lo toma con excesiva calma. Pero todo sin dejar de reconocer que habrá que hacer más reformas impopulares por su propia naturaleza, como la que afecta al sistema de pensiones.

La recesión en la zona euro, “muy presente” para las reformas

“La recesión continúa en toda la zona euro y habrá que tenerlo muy presente a la hora de plantear las reformas, de forma muy particular en España”. Con esa frase, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, empezó tras el último Consejo de Ministros a preparar el próximo, el del plan de compromisos para varios años que incluirá el principio de “sostenibilidad” del sistema de pensiones. Rajoy va a tener que cumplir la exigencia de la UE de poner fin a la revalorización automática de las mismas según la evolución de los precios; y lo tendrá que hacer sin más apoyo que el del PP. Ningún grupo de la oposición quiere compartir ese desgaste ante la opinión pública y menos el PSOE, aunque fuera un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el único en la historia de España que bajó de forma efectiva las pensiones. 

Para amortiguar las malas noticias y procurar la reactivación económica, el Ejecutivo prepara un ambicioso paquete de medidas que, según reconocen fuentes gubernamentales, es un mero desarrollo de las reformas ya anunciadas por Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación celebrado en febrero. Pero con proyectos y objetivos mucho más concretos. Lo llaman “fomento del mercado de bienes y servicios” e incluye un impulso para que empiece a fluir el crédito.

El Gobierno quiere movilizar 45.000 millones de euros a través del ICO y de las entidades bancarias saneadas con destino a créditos para las pequeñas y medianas empresas, favorecer fiscalmente la innovación y poner fechas a la aprobación de la ley de emprendedores y a los detalles de la aplicación de la unidad de mercado.

Con la reforma local parada y pendiente de las elecciones de Merkel

El gabinete de Rajoy está obligado a seguir con sus reformas económicas tan solo o más que cuando arrancó la legislatura. La de mayor calado institucional prevista para este ejercicio es la de la Administración local, con el fin de ahorrar 1.700 millones. Después de algunos meses de negociación con el PSOE, los socialistas han dejado claro que no están dispuestos al recorte de instituciones y cargos en ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades y consejos comarcales. Incluso han pactado un frente común con el resto de los partidos de la oposición, excepto UPyD, para frenar los planes del Ejecutivo.

Sin el respaldo de CiU en las medidas económicas ni el del PSOE en las reformas institucionales, Rajoy se enfrenta solo al resto de la legislatura, pendiente de que Bruselas suavice ahora el objetivo de déficit público para España, (un 6% para este año) y de que Angela Merkel, después de ganar sus elecciones de otoño, se anime con la unidad económica y abra la mano a políticas más expansivas de gasto en la UE.