Autonomías, diputaciones y ayuntamientos rechazan perder cargos, competencias y sueldos

Comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, consejos comarcales y mancomunidades de municipios han hecho ya un envío masivo de ‘enmiendas’ al proyecto de reforma de la Administración local que prepara el Gobierno y que todavía no ha pasado de la fase de informe al Consejo de Ministros. Todas las instituciones, desde su punto de vista y gobernadas por distintos partidos (la mayoría por el PP), coinciden en el rechazo a perder competencias en favor de instancias superiores y en la negativa a reducir el número de cargos. Ambos aspectos son la esencia del plan del Ejecutivo.

Casi dos meses después de que el Consejo de Ministros recibiera el informe del Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto de ley para “la racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, las instituciones afectadas han inundado de escritos con todo de tipo de objeciones o ‘enmiendas a la totalidad’ el departamento ministerial correspondiente.

Según reconocen en fuentes gubernamentales, a la oposición de los ayuntamientos a sufrir recortes de concejales, sueldos y competencias, se suma el de las comunidades autónomas, que no quieren ocuparse de funciones y servicios hoy en manos de algunos grandes ayuntamientos. Tampoco falta el previsible rechazo de los consejos comarcales y mancomunidades de municipios, que se resisten a desaparecer. El Ejecutivo pretende someterlos al criterio de la ley de estabilidad presupuestaria, que justifiquen su funcionamiento y que presenten cuentas como el resto de los organismos públicos.

Los puntos controvertidos 

Los asuntos más controvertidos son el reparto de competencias entre las Administraciones y el empeño del Gobierno en que los municipios de menos de 20.000 habitantes cedan la prestación de servicios a las diputaciones cuando no puedan hacerlo por su cuenta con un coste “razonable”. Alegan las ‘enmiendas’ que el anteproyecto amenaza la autonomía local, pero la cuestión de fondo que se trasluce en la oposición al plan, según medios del Ejecutivo, es que ninguna instancia local está dispuesta a perder poderes, cargos electos, asesores y, además, ver reducidos sus sueldos.

Mariano Rajoy se propone que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto antes del verano para garantizar que entre en vigor y empiece a producir ahorros para la Hacienda Pública antes de que termine el año. El Ministerio de Hacienda aspira a que ese ahorro ascienda a 7.129 millones de euros entre este mismo ejercicio y 2015, especialmente gracias a la clarificación de competencias, eliminación de duplicidades en los servicios y por la drástica reducción de las empresas públicas locales. Sólo el 3 por ciento de ese ahorro se haría a costa de eliminar entidades menores y la supresión de altos cargos.

El presidente del Gobierno ha pedido a la dirección del PP que medie con sus dirigentes regionales, provinciales y locales (alcaldes) ante el Ministerio de Hacienda para lograr un acuerdo en la reforma, pero las posiciones siguen muy alejadas. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) (donde están representados todos los partidos) intenta a su vez pactar un texto común de ‘enmiendas’ al anteproyecto del Ejecutivo para llevarlo al Consejo Nacional de la Administración Local.

Después de los trámites del acuerdo político dentro del PP, en la Femp y en el CNAL, llegaría el examen por parte del Consejo de Estado y la definitiva aprobación por el Consejo de Ministros. Los tiempos apremian y, por muy rápido que sea después su paso por la Cortes para alcanzar el rango de ley orgánica, el plan de ahorro del Gobierno corre peligro de no producir efecto alguno durante este año.