Gallardón ignora la huelga y mantiene el pulso a la mitad de jueces y fiscales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido mantener el pulso mantenido desde que llegó al cargo tanto con jueces como con fiscales. No está dispuesto a dar su brazo a torcer en su hoja de ruta de reformas legislativas y recortes. Tras conocer los datos de que un 62% de la carrera judicial y fiscal había secundado la huelga, optó por desacreditarlos y agradecer públicamente que “la mayoría” de fiscales, jueces y magistrados hayan hecho un “ejercicio de responsabilidad” y hayan cumplido con su “función jurisdiccional” acudiendo a sus puestos de trabajo.

El titular del Justicia hizo caso omiso a los datos de las asociaciones y prefirió atender a la información ofrecida por el CGPJ de un 41% de seguimiento, a sabiendas de que en ese porcentaje no se tenía en cuenta a la carrera fiscal. Además, fuentes del Consejo reconocen que sus datos son sesgados porque los jueces que hicieron huelga no estaban obligados a informar al órgano, como efectivamente ocurrió en el caso de muchos de ellos.

Estas mismas fuentes son conscientes de que los datos ofrecidos por el comité de huelga se aproximan a la realidad e incluso lamentan que el órgano de los jueces se haya convertido en una especie de "patronal ministerial" que ha entrado en una guerra de cifras en apoyo de la postura del Gobierno.

Los datos de la huelga, la tercera en la historia democrática de España para los jueces y la primera para los fiscales, hacen entrever que parte de los afiliados de la asociación mayoritaria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sí la secundaron en contra de la postura de la cúpula, que finalmente optó por desvincularse de la Comisión Intereasociativa y acercar posiciones con el Ministerio. 

Seis de cada diez jueces (de los 5.015 que hay en activo) y fiscales (actualmente hay ejerciendo 2.400) no acudieron ayer a trabajar, la misma cifra que hace exactamente cuatro años le costó el puesto a Mariano Fernández Bermejo tras el escándalo de la pequeña Mari Luz Cortés, asesinada por un error judicial provocado por la falta de medios y el exceso de trabajo.

Ruiz-Gallardón prefiere mantener su estrategia de deslegitimación de la carrera judicial lanzando el mensaje a la opinión pública, según el cual sus reivindicaciones no van más allá de los recortes salariales y pérdida de días libres.

El titular de Justicia intentó llevar a cabo un golpe de efecto y utilizó a la Defensora del Pueblo para anunciar retoques en las tasas judiciales, tal y como había anunciado la semana pasada. Precisamente, las tasas son uno de los puntos más criticados por los huelguistas. Ruiz-Gallardón lo sabía, e intentó callar bocas.

Aun así, no es suficiente y las asociaciones ya han anunciado que van a seguir con sus reivindicaciones hasta que el ministro recule y tenga la voluntad real de sentarse a hablar, algo que hasta ahora no ha hecho. Una de las principales consecuencias de la huelga ha sido la suspensión de más de 10.000 juicios y señalamientos en toda España y el responsable único de esta situación, según los convocantes, es Ruiz-Gallardón. “El ministro ni nos ha llamado ni nos ha escrito, y ahora debe asumir su responsabilidad”, sostuvo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

Las cinco asociaciones convocantes -han quedado fuera las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales- exigen que se paralicen las reformas legislativas preparadas por el Gobierno, se replanteen las tasas judiciales, que no se incremente su cuota de trabajo, que no eliminen a los jueces sustitutos ni se congelen las oposiciones ni se acometan reducciones salariales. Todas estas medidas merman la independencia judicial porque sin medios no se puede hablar de poder independiente. “El Poder Judicial no puede estar sometido, burlado y menoscabado”, se reclamó ayer desde la Unión Progresista de Fiscales.