¿Quién garantizaba la seguridad de miles de jóvenes en el Madrid Arena?

Las primeras investigaciones sobre la Thriller Music Park, la fiesta de Halloween organizada por la empresa Diviertt S.L. indican que la avalancha humana que provocó la muerte de cuatro jóvenes la pudo producir un exceso de aforo. Pero todos los implicados miran hacia otro lado: el organizador (Diviertt y los hermanos Flores), el dueño (el ayuntamiento de Madrid) y las empresas de seguridad contratadas (Seguriber –que dependía del consistorio- y Kontrol 34 –contratada por Diviertt). A medida que se deshace la maraña de lo que ocurrió la noche de Ánimas en la Casa de Campo se evidencia que todos los implicados encadenaron fallos que desembocaron en la tragedia. Mientras se desmenuza lo sucedido, cada uno utiliza el argumento que más le conviene para intentar salir impunes del caso que se ha llevado por delante la vida de Katya, Cristina, Rocío y Belén, ésta última menor que entró en el recinto con un carné de identidad de una amiga mayor de edad.

El primer episodio inexplicable es por qué nadie terminó con el macrobotellón de muchos de los jóvenes que se agolparon en los aledaños del Madrid Arena antes de que saliera la estrella de la noche, DJ Steve Aoki, prevista para las cuatro de la mañana. ¿Quién o quiénes eran los encargados de que no se produjera una entrada desordenada en tropel, o manda, o avalancha? Flores, el cerebro de la fiesta, señala a Seguriber. El propietario de Kontrol 34, Carlos Manzanares Rodríguez, también se lava las manos poniendo como excusa que sus 63 ‘controladores’ únicamente realizaban “labores auxiliares”. Dice que por ley no podían hacer ninguna labor de seguridad. La investigación policial los señala como los responsables de que entraran menores.

Diviertt dijo ante el juez que no contrató más vigilantes jurados porque para eso el ayuntamiento tenía a Seguriber, que únicamente destinó a cinco guardas al interior para vigilar las puertas de emergencia. Por contrato, no tenía otra misión. Solo impidieron el botellón dentro de su área de influencia (“la zona exterior”) con ayuda de la Policía Municipal. Los representantes legales de Seguriber declararán ante el juez el día 11. Mientras tanto, defienden su inocencia amparándose en el real decreto 163/2008 del 29 de diciembre de la Comunidad de Madrid. La compañía responsabiliza a Diviertt como la única que tenía potestad para vigilar control de acceso, el aforo y evitar la entrada de menores tanto dentro como fuera del recinto.

Aforo sobrepasado

Una semana después del trágico accidente, la investigación policial ya advertía que se vendieron muchas más entradas de la capacidad que soportaba el recinto y se empezó a investigar todos los sistemas y triquiñuelas que hubo para vender entradas por encima del aforo permitido. Flores dice que él no vendió ni una entrada más de las que reconoció a Villanueva vía SMS el día de autos: 9.650 entradas. Culpa a la muchedumbre que hacía botellón en el exterior (dijo unas 4.000 personas). Nadie sabe si esa avalancha humana entró con entrada o se coló.

El viernes, el juez que instruye el caso computó 9.000 entradas en la mitad de las cajas. Quedan otras cuatro con una porción similar al recuento ya hecho. Muchas más de las permitidas, como aseguró el atestado policial, que sin dar una cifra aseguraba que el aforo estaba “sobradamente sobrepasado”. Lo que sí parece claro es que esa “muchedumbre” coincidió con los jóvenes que ya estaban en el interior del recinto, y a esa hora bajaron de los niveles superiores a la pista central, provocando el caos en el pasillo donde sucedió la desgracia mientras unos salían y otros intentaban entrar.

Ana Botella presenta su reconstrucción de los hechos el día 15, en una comparecencia en la que se negó a responder preguntas. El ayuntamiento culpa a la organización, que precintó al menos dos salidas y no respetó el aforo por planta, y no asume ninguna responsabilidad. El equipo municipal aprueba una comisión de investigación porque “no tenemos miedo a la verdad” y, gracias a su mayoría, prohíbe la comparecencia de la propia alcaldesa; de Concepción Dancausa, la segunda teniente de alcalde que diseñó el informe municipal;  la de los funcionarios y la de todos políticos que no se ciñan al ámbito municipal. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno, defendió la labor de la Policía Nacional que puso en duda Botella. Vigilar aquella noche el Madrid Arena no era su labor, según defendió la Delegación. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, cree que "todo apunta" a que el Ayuntamiento es responsable civil subsidiario de lo que ocurrió.

El coordinador jefe de seguridad de Madrid Espacios y Congresos aquella noche, José Rodríguez Caamaño, dio a entender en su declaración que había botellón fuera, a pesar de que estaba presente la Policía Municipal. En ningún momento se habla de sanciones a los jóvenes ni que los agentes intentaran disuadir la diversión de los grupos. El jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, aseguraba en rueda de prensa el día 2 que los agentes se limitaron a actuar en el exterior “a bastantes metros” de las entradas, por lo que no podían controlar lo que entraban los asistentes al evento.

Calvo, el primero en dimitir

Nadie, de momento, se hace responsable de ningún fallo evidente en la seguridad que rodeó la fiesta. Hasta la fecha, Botella ya se ha fulminado a la cúpula del Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal de la que dependía el recinto. Pedro Calvo es el único que ha presentado su dimisión, horas después de que la Fiscalía pidiese su imputación en el caso. Era el máximo responsable de la empresa que gestiona el pabellón. Después del trágico suceso se ha sabido que Calvo encargó en primavera un informe que evidenciaba que existían importantes deficiencias en el Palacio de Cristal, en el Palacio de Congresos y en el Madrid Arena. También permitió que la empresa Diviertt alquilara el recinto al Ayuntamiento de Madrid a pesar de las deudas pendientes (algo más de 26.000 euros) con la Seguridad Social, ello de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

El miércoles, Botella ordenó el cese inmediato “por pérdida de confianza” del Consejero Delegado y del Director Gerente de dicha sociedad, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, respectivamente, tras conocerse que Flores tenía casi la exclusiva del Madrid Arena por contrato. Será el juez Eduardo López Palop, que en estos momentos está recontando una a una las entradas vendidas en la fiesta, quien dictamine finalmente quién debía controlar el exterior del recinto, la entrada y los flujos de gente en el interior del recinto.