Botella, seis días después, se querella contra la promotora que defendió su vicealcalde

Ana Botella suspendió ayer el único acto público que tenía en su agenda y se encerró con su equipo para intentar apagar el fuego abierto en el Palacio de Cibeles tras el desastre ocurrido la madrugada del 1 de noviembre en el Madrid Arena. La alcaldesa evitó así dar la cara ante los medios de comunicación y será hoy, tras la Junta de Gobierno, cuando explique por qué se fue de puente con su marido José María Aznar y sus hijos a un spa de Portugal cuando ya se sabía que tres jóvenes habían muerto y otras dos estaban en estado crítico, falleciendo una de ellas el mismo sábado en el que la alcaldesa volaba por segunda vez a Sintra.

La tragedia del Madrid Arena y el tratamiento que Ana Botella ha dado a este suceso, sumado a su escapada el fin de semana, no han gustado tampoco en Moncloa, donde ya la descartan para las elecciones de 2015. A las seis y media de la tarde de ayer anunciaba a través del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, la primera medida que tomaba seis días después de la fatídica fiesta de Halloween: el ayuntamiento denunciaría a Miguel Ángel Flores, el promotor de la Thriller Music Park, por “haber mentido en los datos inicialmente facilitados sobre el número de entradas vendidas y el aforo real".

La reacción, sin embargo, deja aún más en evidencia a Villanueva, cuya cabeza lleva pidiendo la oposición desde hace varias jornadas. El mismo día del suceso, la empresa Diviertt S. L. anunció verbalmente al Ayuntamiento que solo había distribuido 9.600 entradas, casi mil menos que el cupo total del recinto. El vicealcalde creyó a pies juntillas las declaraciones de los organizadores y se mostró rotundo en su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación: “No existe exceso de aforo en el recinto”. El vicealcalde zanjaba así la versión que facilitaban los jóvenes que estuvieron allí y que denunciaban un exceso de aforo, como finalmente corroboró ayer el atestado policial.

Media hora después de que el Ayuntamiento culpase de todo a los organizadores de la fiesta, Diviertt contraatacó a través de otro comunicado y atribuyó al Consistorio todas las responsabilidades de lo sucedido. Para Flores, "corresponde a la Policía Municipal de Madrid garantizar el orden público y la seguridad" en los aledaños del recinto donde se produjo un botellón multitudinario, en el que participaron jóvenes de todas las edades, incluidos menores de edad, desde primeras horas de la noche.

Mientras se sucedía el cruce de denuncias entre el vicealcalde y el empresario, Pedro Calvo, el delegado de Economía, presidía el consejo de administración de Madrid Espacios y Congresos, entidad de capital 100% municipal, donde llevó la propuesta de la alcaldesa de no permitir más macrofiestas en las instalaciones dependientes del ayuntamiento.

Aunque en el orden del día no estaba previsto este punto, el edil ya avanzó que presentaría la propuesta para que no se vuelvan a celebrar eventos de este tipo en el Madrid Arena. Calvo también tuvo que hacer frente a la petición de dimisión lanzada por IU por su “ignorancia absoluta” sobre las normas internas de la entidad y por su política de contratación. El PSOE municipal pidió por vía notarial información sobre el plan de seguridad previsto y denunciado por el empresario que celebró la fiesta. Sin embargo, Calvo hizo oídos sordos a los díscolos que pedían que abandonase su cargo y se negó a facilitar ningún tipo de información sobre Diviertt ni sobre la seguridad del recinto, solicitada por el equipo de Jaime Lissavetzky hasta en dos ocasiones.

Calvo, ¿otra víctima?

Si finalmente se demuestra que el recinto no tenía licencia para funcionar, como sostiene el sindicato policial SUP, Calvo podría ser una de las primeras víctimas del caso por ser el responsable último del alquiler de la empresa municipal a los organizadores del festejo.

La Comunidad de Madrid también se ha desmarcado sin tapujos del Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, fue el primero en señalar que espera que se “depuren responsabilidades a todos los que han violado la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid y sus estrictos requisitos”, al tiempo que detalló que esta ley establece “estrictos requisitos de aforo, sobre menores, objetos peligrosos, seguridad y control de accesos”. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, también se mostró contundente ante los acontecimientos, y pidió ir hasta el final. “Caiga quien caiga”.