La Junta de Andalucía acepta podar su sector público para recibir 2.100 millones del rescate

La Junta de Andalucía que preside el socialista José Antonio Griñán y el gobierno de la Generalitat Valenciana que encabeza el popular Alberto Fabra empiezan a recibir asistencia financiera del Gobierno con cargo del Fondo de Liquidez Autonómico igual que Artur Mas. Previo compromiso de reducir sus respectivos sectores públicos, la Junta obtendrá 2.133 millones de euros y la Generalitat otros 2.540 millones para hacer frente a sus vencimientos de deuda y a pagos atrasados de servicios públicos, partida a partida, que serán controlados por el Ministerio de Hacienda.

Fabra recortará en un 40 por ciento y suprimirá 3.000 puestos del conglomerado de fundaciones, agencias, consorcios, entes públicos, observatorios y sociedades mercantiles que controla la Generalitat. Griñán no ha hecho públicas las cifras de sus planes e insiste en que prefiere reducir salarios a prescindir de interinos y eventuales. La Junta de Andalucía tiene aún más margen de ahorro en el capítulo de personal que el gobierno valenciano, pues su sector público alcanza la cifra de 22.000 empleados.

Después del ejecutivo nacionalista catalán, el andaluz y el valenciano son los primeros que cumplen con los requisitos exigidos por Hacienda para acogerse al FLA, el primero y que llevan con más discreción para que se note que están ‘intervenidos’ es presentar planes de recorte de sus sectores públicos junto con medidas de ahorro en las prestaciones de servicios. Es la fórmula aplicada por el Gobierno para garantizarse que los gobiernos autonómicos no vuelvan a incurrir en las mismas cifras de déficit y en los mismos impagos que obligan ahora a poner en marcha el ‘rescate’ de las administraciones regionales.

Fabra se desplazó a Madrid el pasado viernes para entrevistarse con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y plantear en persona la dramática situación financiera de la Generalitat. Traía bajo el brazo un plan de reestructuración de todo el sector público con la reducción de 76 a 30 del número de ‘entes’ públicos y 3.000 empleados y directivos menos, sin incluir los recortes en la televisión regional ni la Agencia Valenciana de Turismo. Garantizaba un ahorro de 315 millones de euros.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos autorizó ayer la operación para que la Generalitat Valenciana empiece a recibir los 2.504 millones de euros que había solicitado, 1.477 para vencimientos de deuda (se hace cargo directamente Hacienda) y el resto para financiar pagos pendientes previa justificación con facturas y contratos.

En el caso de la Junta de Andalucía, la proporción es la inversa. De los 2.133 millones que recibirá el gobierno de Griñán, sólo 623 están destinados a los vencimientos de deuda y el resto para facturas atrasadas. El ejecutivo regional socialista se ha comprometido también a acometer el recorte de su sector público, uno de los más extensos del Estado de las Autonomías por abarcar todo los ámbitos económicos y de servicios: desde el turismo, a las promociones culturales y hasta los programas de ayudas a otros países. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional gastó en el último ejercicio 58 millones de euros.

La Junta se guarda los detalles de su plan de recorte, pero ha reconocido que habrá “rebajas de sueldos” con el fin de “preservar el mayor número de puestos de trabajo posibles”. El sector público de la Autonomía andaluza suma 124 entes, agencias, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles que cuestan al año 3.000 millones de euros. Ni la propia Junta ofrece un dato exacto de la cantidad de empleados que suma, aunque se calcula que llega a los 22.000. Sólo la Agencia de Medio Ambiente tiene una plantilla de casi 5.000 personas.

La televisión autonómica (RTVA) figura entre las más caras y deficitarias del Estado. En el último ejercicio recibió 137 millones de euros. Entre las fundaciones dedicadas al mundo de la cultura están la Rey Fahd Bin Abdulaziz y el Legado Andalusí. El empeño del Gobierno es que los gobiernos regionales renuncien ya a sus conglomerados de empresas públicas y centren sus gastos en los servicios básicos a los ciudadanos.

Hacienda sigue sin dar el visto bueno a las peticiones de ayuda que han hecho otras Autonomías a la espera de que cumplan con sus planes de recortes y sigue negociando con los responsables de las cuentas públicas de los gobiernos regionales de Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Asturias.