El Gobierno aclara que sólo se perseguirá a quienes inciten a la violencia vía SMS

En tiempos convulsos, en los que la calle se ha convertido en epicentro de las protestas contra los recortes y los políticos en general, el Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de la reforma del Código Penal con un nuevo castigo a quienes promuevan vía SMS y redes sociales, la violencia y la alteración del orden público en las manifestaciones. Es decir, la Justicia actuará con contundencia contra quienes, deliberadamente y de antemano, aprovechen las concentraciones ciudadanas para provocar disturbios y altercados.

El Gobierno explicó ayer que solo se castigará “la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público, no la simple convocatoria de movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias”. Fuentes del Ministerio de Justicia precisaron que, con ello, se penará solamente a quienes se pueda demostrar que, vía mensajes de teléfono o a través de redes sociales, se han organizado de forma concienzuda para provocar altercados en una manifestación ya sea portando piedras u otras elementos que se puedan utilizar después contra la Policía y los antidisturbios.

La reforma del Código Penal en este sentido ya estaba contemplada mucho antes de que se desencadenasen convocatorias como la del pasado 29 de septiembre para rodear el Congreso de los Diputados y, no responde por tanto, a una acción-reacción relacionada con estos acontecimientos. De hecho, el Ministerio de Justicia ya explicó estos primeros cambios en el Código Penal el pasado 14 de septiembre, día en el que el ministro Alberto Ruiz Gallardón presentó al Consejo de Ministros el primer informe de la reforma que ahora será remitida a las Cortes.

Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Se regula también como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas.

Según los datos que aportó en su día la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras el 29S, la Policía recogió 267 kilos de piedras y tornillos que fueron arrojados contra las fuerzas de seguridad. Si la Justicia logra comprobar que ese tipo de conductas han sido planeadas y coordinadas con antelación vía SMS y redes sociales, entonces aplicará la nueva figura penal recogida en esta reforma del Código.

Supresión de las faltas

Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, el Gobierno ha decidido también suprimir las faltas, algo que también afectará, de forma colateral, a los manifestantes que, por ejemplo, insulten a las fuerzas de seguridad. Algo que hasta ahora concluía en un juicio de faltas y multas de unos 300 euros.

Se mantendrán las faltas que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que está trabajando el departamento de Gallardón. Mientras tanto, se seguirán resolviendo en juicios de faltas.

Las faltas que, por otro lado, no merecen reproche penal abandonan el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil.