Un guionista, un abogado y un titulado en electrónica abren las listas con Mario Conde

Sociedad Civil y Democracia (SCD), organización política que presenta al exbanquero Mario Conde como candidato a la Xunta, confirmó este lunes los nombres de los otros tres cabezas de lista para las elecciones autonómicas del 21 de octubre, un guionista, un abogado y un titulado en electricidad y electrónica.

Mario Conde, aspirante al gobierno gallego y abogado del Estado en excedencia, abre las listas por Pontevedra; Enrique Martí (1935), realizador y guionista de televisión, lidera la de Ourense; Francisco Javier Fernández Tarrío (1976), un jurista vinculado a movimientos cívicos, irá por A Coruña; mientras que Marcos Carballo (1974), que se formó en electricidad y electrónica especializándose en equipos informáticos, liderará la candidatura por Lugo.

Daniel Movilla, presidente de SCD, ha agradecido en un comunicado el "enorme esfuerzo" de los simpatizantes del partido, "que nos han permitido estar presentes en tan corto espacio de tiempo en las cuatro circunscripciones electorales". Este grupo también ha dado a conocer el borrador de su ponencia política, que será sometido a votación el próximo 6 de octubre en el congreso constituyente, convocado en el madrileño Palacio de Congresos.

Entre las propuestas sobresale la idea de someter a referéndum la estructura territorial de España, estableciendo competencias estatales "exclusivas e indelegables" del Estado, y también el reconocimiento legal de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dé voz a la sociedad civil. Asimismo, otra iniciativa pasa porque se proponga una nueva Ley Electoral que contemple un procedimiento revocatorio para los cargos públicos. Además, SCD plantea el derecho de los españoles a dirigirse a las administraciones en castellano, la supresión de subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, así como a las televisiones de ámbito inferior al estatal.

SCD pide, asimismo, la eliminación del Tribunal Constitucional y la creación de una Sala de Garantías en el Tribunal Supremo, la supresión del Senado, la obligación de comparecer ante el Congreso de los diputados de las personas candidatas a ocupar cargos a los órganos e instituciones del Estado, "para proceder a un examen de idoneidad, profesionalidad e independencia" y un Estatuto de los Cargos Públicos.