La única residencia de sordociegos de España, al borde de la quiebra por los impagos de las CCAA

La única residencia especializada en sordociegos de España, el centro Santa Ángela de la Cruz, en Salteras (Sevilla), se encuentra al borde de la quiebra por los impagos de la Administración. Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha le adeudan cerca de 200.000 euros de los conciertos suscritos con el centro. Otro ejemplo más de la trama de impagos de las administraciones públicas que ha llevado al límite de la asfixia a una institución que, a día de hoy, difícilmente puede llegar a fin de mes ni pagar las nóminas de sus 45 empleados.

En este caso, la residencia y la unidad de día de Santa Ángela de la Cruz, que atienden a una treintena de sordociegos jóvenes y adultos, han lanzado la voz de socorro ante la difícil situación de tesorería que atraviesan por idénticas razones. “Por primera vez no se han pagado nóminas y tenemos lo justo para pagar lo imprescindible del mes actual: comida, luz, agua… Si no hay ningún ingreso importante, el mes que viene se acaba todo el dinero”,  explica su directora gerente, Ruth Lirio.

Santa Ángela de la Cruz depende de la Asociación Española de Padres de Sordociegos (APASCIDE) y es el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España. Los usuarios reciben allí una atención muy personalizada para que aprendan a comunicarse a través de lengua de signos apoyada. Esto quiere decir que el profesional toma las dos manos del residente y hace con sus manos los signos de forma que el usuario perciba los movimientos y la posición de las manos de su interlocutor. Un esfuerzo ingente que se traduce en la dimensión de la plantilla, 45 trabajadores, y en los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la residencia.

Hasta ahora, el centro ha venido ingresando las liquidaciones correspondientes de las administraciones públicas en un plazo de unos 50 días a mes vencido. Los tiempos, sin embargo, se han dilatado en los últimos meses casi sine die. El Gobierno de José Antonio Griñán, por ejemplo, les acaba de ingresar lo correspondiente a mayo. “La Junta de Andalucía nos debe junio, julio y agosto”, explica Lirio. “La Comunidad de Madrid, por su parte, mayo, junio y agosto (julio nos lo ha adelantado el banco). Y Castilla-La Mancha nos debe seis meses de cada una de las dos plazas que tiene concertadas con nosotros”.  En total, la Junta de Andalucía adeuda 135.521 euros, la Comunidad de Madrid, 27.227 euros y Castilla La Mancha,  25.077.