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Los mineros, en Madrid: "Pararemos la ciudad hasta que Soria dé una solución"
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EL MIÉRCOLES SE MANIFESTARÁN EN LA PUERTA DEL SOL

Los mineros, en Madrid: "Pararemos la ciudad hasta que Soria dé una solución"

Después de 400 kilómetros andados, los mineros ya están a las puertas de Madrid. Este martes, las dos columnas procedentes de Asturias, León y Aragón se

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Los mineros, en Madrid: "Pararemos la ciudad hasta que Soria dé una solución"

La marcha minera cruzó este domingo la línea que separa Castilla y León y Castilla-La Mancha de la Comunidad de Madrid por dos frentes: el corredor del Henares y por Guadarrama, y el recelo de los dirigentes gubernamentales que se han negado a brindarles alojamiento en algún edificio público. Todo pese a que los líderes sindicales han repetido hasta la saciedad que no se moverán de la capital de España (a la que llegarán en martes por la noche) hasta que no reciban una satisfacción a sus demandas, augurios que han encendido todas las alarmas entre las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de que se produzcan disturbios.

A los mineros no les vale que Industria esté dispuesto a hablar de la situación del sector minero para 2013, ya que no habrá 2013 sin la subvención para 2012. “Las minas no son como un supermercado, que lo cierras y lo abres cuando quieres. El día que la mina se cierre, ya no se puede volver a abrir”, defienden los manifestantes. El Movimiento 15-M ha dado la bienvenida al sector afectado, y ya ha hecho público que el miércoles apoyará la causa minera.

Hasta el momento, la llegada a Madrid desde Moncloa hasta Sol ha sido ya pactada con la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, al igual que la manifestación del miércoles por la mañana, programada desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Industria. Desde los lugares de origen, ya hay reservas para decenas de autobuses entre familiares y vecinos que apoyan la causa minera.

Los mineros advierten al Ejecutivo y al Partido Popular que vienen a buscar una solución para mantener con vida sus pueblos. “No son unos puestos de trabajo. Hablamos de la vida de muchas localidades”, defienden. Ellos no quieren utilizar la violencia para reivindicar que levanten “aunque sea un poco” las restricciones presupuestarias para el sector, pero todos insisten en que no volverán a casa sin una solución.

La negativa de la Comunidad de Madrid a ceder instalaciones para el descanso de los caminantes que dejó generosamente a los peregrinos que acudieron en agosto pasado a recibir al Papa ha irritado a muchos, que lamentaron la doble moral de los dirigentes conservadores madrileños ante la celebración de actos masivos de signos distintos y que entran en las localidades que les recibe con un cántico al “este pueblo sí nos quiere”. UGT y Comisiones Obreras prefieren mantener altas las esperanzas sobre la resolución del conflicto, a pesar de las periódicas negativas del ministro de Industria a retirar el decreto. Según algunas fuentes sindicales, el miedo a que los caminantes acampen en Sol no tiene bases y "no está en nuestra mente hacerlo".

Una estrategia guardada con celo

A pesar de todo, los responsables de comunicación de los participantes en la marcha guardan celosamente la estrategia que llevarán a efecto, una vez llegados a Madrid y celebrada la manifestación. Quitan hierro a cualquier calentón de los caminantes sobre la respuesta ante otra negativa del ministro de Industria, pero tampoco desmienten que no se vayan a ir por las buenas si en Madrid no se encuentra un punto de salida al conflicto. Aún peor después de que en Asturias algunos medios de comunicación interpretaran que el Gobierno podría reducir aún más ayudas, en función de ciertas declaraciones del ministro en su tierra natal, en el sentido de que 655 millones de euros para el sector minero "son demasiados”.

Las esperanzas de los representantes de los trabajadores se basan en dos elementos. En primer lugar, las fuertes presiones internas que el propio PP mantiene para que se encuentre una solución al conflicto. Una persona tan de peso en la formación popular y que tiene ganado prestigio de prudente, como el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha criticado con firmeza las posiciones políticas del ministro Soria y, en Asturias, varios concejales del PP se han sumado a los encierros que los alcaldes socialistas y de Izquierda Unida han iniciado ayer para solidarizarse con los trabajadores de las comarcas mineras y en defensa de su propio territorio.

"No estamos aquí por una cuestión política, sino por algo que defendemos todos", dijo el portavoz conservador en el Ayuntamiento de Lena. Otro dato optimista que manejan los representantes sindicales es la reacción suscitada en los grupos parlamentarios europeos, después de la reunión mantenida en Estrasburgo entre eurodiputados y trabajadores de la minería, con el objeto de presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que no vaya más allá de lo pactado en reducción de ayudas para el año 2012, que contó con el visto bueno de Bruselas.

Los líderes de UGT y Comisiones Obreras reconocen que desde que se inició el conflicto hace 42 días no han escuchado al ministro Soria ni un mínimo titubeo sobre la posibilidad de retirar el decreto de reducción de ayudas. Y esta firmeza (u obstinación, según quien mire) no escapa a los ojos de los propios trabajadores que toman parte en la marcha y a los que una falta de acuerdo puede abocar a una situación desesperada y a una reacción poco controlada. Este es el miedo que han expresado, más en privado que en público, representantes de ambas partes.

La marcha minera cruzó este domingo la línea que separa Castilla y León y Castilla-La Mancha de la Comunidad de Madrid por dos frentes: el corredor del Henares y por Guadarrama, y el recelo de los dirigentes gubernamentales que se han negado a brindarles alojamiento en algún edificio público. Todo pese a que los líderes sindicales han repetido hasta la saciedad que no se moverán de la capital de España (a la que llegarán en martes por la noche) hasta que no reciban una satisfacción a sus demandas, augurios que han encendido todas las alarmas entre las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de que se produzcan disturbios.