Dívar sólo claudicó al amenazarle sus compañeros con ir al Congreso a contarlo todo

Carlos Dívar no estaba dispuesto a dar la cara. Había sido aconsejado para que afrontara ante los medios de comunicación sus polémicos viajes pero el presidente del Consejo General del Poder Judicial no lo consideraba necesario. Le pareció suficiente la nota de prensa que se envió el día después de conocer que uno de los vocales, José Manuel Gómez Benítez, había acudido a la Fiscalía para denunciarle sin previo aviso. Durante más de veinte días se mantuvo inamovible en su postura, a pesar de que incluso varios vocales llegaran a pedir su dimisión. Sin embargo, Dívar no aguantó la presión de sus compañeros en el pleno celebrado el jueves y optó por rendirse.

Finalmente salió ante los medios, con luz y taquígrafos. En la trastienda, las negociaciones habían sido duras. El sector más crítico, entre los que se incluyen Gómez Benítez y Margarita Robles, volvían a pedir su salida una vez más después de que sus intenciones fueron infructuosas en el pleno extraordinario convocado la semana pasada.

En contraposición, otro grupo de vocales, entre los que están Almudena Lastra y Gabriela Bravo, querían dar por zanjado el asunto.

Dívar no pretendía cambiar de opinión hasta que sobrevolaron las amenazas de acudir al Parlamento. No sólo iban a reclamar a los partidos políticos que pidieran su comparecencia ante la Comisión de Justicia sino que iban a ser ellos mismos quienes explicarían ante el Congreso de los Diputados todos los detalles de los gastos protocolarios y desplazamientos de su presidente.

Fue entonces cuando Dívar se sentó a negociar. El trato fue su comparecencia pública dando las explicaciones oportunas y aprobar un plan de austeridad y transparencia en el próximo pleno del día 28 y modificar el acuerdo del CGPJ de 1996 por el que los gastos y viajes del presidente y vocales no tienen que estar especificados.

A partir de ahora, tanto el presidente como los vocales deberán realizar una descripción del motivo del gasto y una referencia al cargo de la persona que lo origina, es decir, si se reúnen o viajan para ver a un miembro o alto cargo del Gobierno, a un parlamentario o a una autoridad judicial.

Además, en los casos que por su carácter reservado Dívar no pueda dejar registrado con quién se reúne o a dónde se traslada se lo hará saber al vicepresidente del Consejo y al presidente en funciones del Tribunal Supremo, órgano que él también preside.

Con todo esto pactado, prácticamente la totalidad de los vocales quedaron satisfechos y, a la espera de que el presidente se enfrentara a los medios, evitar que el CGPJ se deshaga como un azucarillo. Tres horas después de que Dívar decidiera dar su brazo a torcer, apareció ante decenas de periodistas. Con su discurso bien estudiado y las respuestas preparadas contestó a preguntas por primera vez desde que asumió la presidencia hace cinco años.

No dio todo lo esperado por sus compañeros porque no llegó a reconocer su responsabilidad. Dijo tener la conciencia “absolutamente tranquila” porque no ha cometido “ninguna irresponsabilidad jurídica, política ni moral”. No dimite porque sería reconocer su culpabilidad y aseguró que la mayor parte de los gastos de hoteles o restaurantes corrieron a su cuenta personal.

Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo que debe resolver la querella interpuesta contra Dívar por la asociación Preeminencia del Derecho por un presunto delito de estafa. El Alto Tribunal ya ha inadmitido una denuncia de esta misma asociación, pero todavía debe resolver qué hace con la nueva querella. El presidente no va a pensar en esa piedra antes de que se produzca. En el caso de que sus compañeros decidan investigarle entonces “cruzará ese puente” y verá qué hace.