Una excuñada del ministro del Interior, detenida en la red de tráfico de datos

No se salva nadie. Ni amigos ni familiares, ni empresarios ni políticos. La Operación Pitiusa comienza a dar sus primeras sorpresas. Iniciada hace un año por la brigada de Seguridad Privada de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, ya tiene más de cien implicados que, supuestamente, traficaban con datos confidenciales de ciudadanos y empresas. Uno de ellos es la excuñada del mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Se trata de Mercedes Gómez, empleada del Inem detenida en Badalona el pasado 7 de mayo.

Fuentes cercanas al ministro confirmaron a El Confidencial esta detención, pero matizaron que Mercedes, que estuvo casada con uno de los hermanos Fernández Díaz, lleva separada “unos 20 años”, por lo que la relación que mantiene con la familia es nula.

Mercedes es hija de Graciniano Gómez Catón, exsubdelegado de Trabajo en Barcelona con la UCD y procesado en un monumental fraude a la Seguridad Social a comienzos de los 80. Este escándalo vertió ríos de tinta, ya que en él estaban implicados casi un centenar de miembros de la elite empresarial barcelonesa que llegaron a defraudar unos 3.600 millones de pesetas de los de entonces en connivencia con los directivos del Ministerio. Cuando se descubrió el fraude, en 1982, Gómez Catón desapareció del mapa hasta que en 1985 volvió y se entregó al juez, que le dejó en libertad bajo fianza de cuatro millones de pesetas.

En 1979, un joven Jorge Fernández Díaz era delegado de Trabajo en la capital catalana y varios miembros de su familia fueron contratados por la Administración para trabajar en ese ramo: nada menos que dos hermanas (Isabel y Carmen), un hermano (Francisco José), tres de sus cuñadas (una de ellas, la ahora detenida), un cuñado, su propia esposa y un primo de ésta. Mercedes pasó a trabajar en el Inem, pero dependiendo directamente del despacho del delegado del ministerio, es decir, de su cuñado.

La ahora implicada en la trama de venta de datos confidenciales mantenía, según fuentes del sector de los detectives privados, contactos directos con intermediarios para facilitarles informaciones obtenidas de las bases de datos del Inem. De ahí que apareciese en la investigación dirigida por el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona. Según las mismas fuentes, la empleada del Inem es sólo una pieza más del engranaje dentro de la trama de traficantes de información.

La operación policial también comienza a cobrarse sus primera víctimas políticas, como el detective Carles Bosch, ex secretario del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. Porque, además de investigador privado, es el segundo de Convergència i Unió (CiU) en la localidad barcelonesa de Dosrius. Además de concejal, Bosch es también miembro del consejo comarcal del Maresme en representación de la formación nacionalista.

Denunció al alcalde a Protección de Datos

Curiosamente, hace un tiempo, Bosch había acusado al alcalde de Dosrius, el socialista Josep Jo, de usar el padrón municipal de forma indebida y de vulnerar la ley al utilizarlo para ponerse en contacto con los recién llegados al pueblo. ”Los datos de las altas en el padrón municipal no son para que la alcaldía conozca personalmente a los nuevos vecinos”, dijo entonces Bosch, que envió la denuncia a la Agencia de Protección de Datos.

Y en otro blog comarcal señalaba textualmente: “Al alcalde, todo lo que tiene que ver con la protección de datos se lo pasa por donde más le conviene. Sólo hace falta ver cómo está atareado los fines de semana haciendo visitas a los nuevos empadronados. A más de uno le agradaría ver su palm donde almacena, según he oído, datos muy sensibles de algunos habitantes del municipio. No se atreve a tener estos datos en el ordenador del Ayuntamiento porque no hace mucho ya tuvo una inspección de la Agencia de Protección de Datos”.

Y en su blog titulado Reflexions d’un Convergent a Dosrius (Reflexiones de un Convergente en Dosrius), que preside una foto del concejal con Artur Mas, escribía el 29 de agosto pasado: “Comenzamos un nuevo curso político. Veremos cuál es el papel de cada uno en esta opereta que tiene aires de Réquiem”. Premonitorio, sin duda.

No es el único político implicado. Según fuentes del sector de la investigación privada, el concejal de Comunicación, Atención Ciudadana y Protección Civil de Getxo, Josu Loroño, del PNV, también se comunicó con la red para supuestamente tener acceso a datos restringidos. En el País Vasco, fueron imputados, entre otros, un agente de la Guardia Civil y un funcionario de la Hacienda Foral. Las mismas fuentes señalan que la participación de Loroño en el tema es nimia, ya que su actuación se limitó a recibir puntual información sobre algún tema, pero no realizaba labores de intermediación ni de venta de datos.