El Gobierno da 20 días a los ayuntamientos para que afloren sus facturas pendientes de pago

El Gobierno ha dado de plazo hasta el 15 de marzo para que los ayuntamientos presenten al Ministerio de Hacienda todas las facturas pendientes de pago. Posteriormente, y dado que el Gobierno a través del ICO avalará esas deudas, están obligados a presentar antes del 30 de marzo un plan de viabilidad para poner en orden “lo antes posible” los plazos de pago con los proveedores.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado tras el Consejo de Ministros que ya se ha creado un grupo de trabajo de carácter interministerial, que se encargará de elevar un informe a la próxima comisión delegada para asuntos económicos. Una vez que se haya estudiado, se articularán medidas para pagar esas facturas impagadas que, en todos los casos, deben tener fecha antes del 31 de diciembre de 2011. El Gobierno dice desconocer la cantidad real a pagar, pero se trabaja con una cifra de entre 30.000 y 50.000 millones de euros.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció el martes en el Senado que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes un "mecanismo", que irá "más allá del ICO" y contará con la colaboración de las entidades financieras, para que la inmensa deuda que las administraciones tienen con los proveedores pueda ‘liquidarse’ en “varias semanas, si acaso meses”. El objetivo de esta medida es inyectar liquidez al sistema y garantizar la supervivencia de cientos o miles de empresas que están ahora hipotecadas por sus deudas sin cobrar con la administración.

Montoro avanzó que este "procedimiento" está siendo ultimado "estos días" en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad que dirige Luis de Guindos. Los servicios jurídicos de ambos gabinetes están estudiando si este nuevo "esquema de financiación de proveedores", como también lo ha denominado, requiere cambios normativos que el Gobierno "llevaría adelante".

Esta nueva medida tratará de ir "más allá" de las líneas ICO aprobadas hasta la fecha que, según ha dicho, "han sido infrautilizadas" y "no llegaron a buen término". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon entonces", ha añadido, para indicar a continuación que, con todo, el ICO "podría estar presente".

Terminar con la morosidad

Por otro lado, este mecanismo supondrá "una gran operación financiera" que el Estado "está en condiciones de acometer". Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo "ágil", de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que "puedan ir directamente a las entidades financieras".

"Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", aseguró Montoro, que aseguró que esta nueva medida será "fundamental" para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y supondrá una "inyección" económica para España. "Un país serio es el que cumple con el objetivo de déficit público, en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial", reiteró.

"Vamos a dar certeza de que somos un país que cumple y trasladaremos al sector privado que los plazos de las deudas comerciales deben abonarse en los plazos establecidos por la Ley de Morosidad vigente", apostilló.