“Los falangistas se llevaron a mi padre. Le dijeron: donde va no necesita abrigo”

"Los falangistas se llevaron a mi padre de madrugada. Como estaba acatarrado mi madre intentó que se llevara el abrigo, pero no le dejaron. Donde va no lo necesita, le dijeron”. Pino Sosa Sosa tiene 75 años, pero entonces era una recién nacida de solo 40 días. Ayer relató la historia de su familia al tribunal que juzga al magistrado Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo.   

Las emociones se impusieron a los fundamentos jurídicos en la primera sesión en la que comparecen familiares de víctimas del franquismo. Pino y María Martín, de 81 años, expusieron con sencillez la tragedia que vivieron sus familias y las dificultades que están encontrando para recuperar los restos de sus seres queridos 75 años después de su desaparición.

Pino vive en Gran Canaria y preside la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas. Con gran aplomo contó cómo dos falangistas se llevaron a su padre de casa y lo ajusticiaron. Ella tenía 40 días y nunca lo conoció. “Cuando se llevaron a mi padre se llevaron también el pan y la sal de nuestra casa. Mi madre lo buscó pero no consiguió encontrar su cadáver”.

Ya fuera de la Sala relató que su asociación ha conseguido determinar que los cadáveres de muchos asesinados fueron arrojados a cuatro pozos que posteriormente, ya en los años cincuenta, fueron sellados con losas de cemento. Uno de ellos, conocido como el pozo del Llano de la Brujas, de 53 metros de profundidad, es el único que han conseguido abrir hasta el momento. Sepultados bajo tres metros de tierra acumulada por el paso del tiempo hallaron 28 cuerpos, entre los que no estaba el de su padre. “Tenemos dinero para abrir un segundo pozo, queremos ir uno a uno”, dice Pino

"Sabemos dónde están sus restos".

Antes que Pino declaró María Martín López, de 81 años, vestida de negro, pelo completamente blanco y el rostro surcado de arrugas, entró en la Sala con la ayuda de un andador. Se sentó ante el tribunal y contó como la noche del 21 de septiembre de 1936 un grupo de hombres se llevó de casa a su madre por no pagar las 1.000 pesetas que le pedían. “Dijeron que la llevaban a declarar a Arenas de San Pedro, pero ya no volvimos a verla”, cuenta María, que entonces tenía 6 años.

Ella y su hermana de 12 años fueron también víctimas de la inquina de los falangistas, que las obligaban a beber botellas de aceite de ricino con guindillas, uno de los métodos que los golpistas utilizaron para vejar a las mujeres, a las que en ocasiones también cortaban el pelo al cero.

El padre de María fue encarcelado, y a la salida de prisión intentó localizar el cadáver de su mujer en la cuneta en la que los vecinos decían que fue asesinada. “Sabemos dónde están sus restos, pero no nos han dejado desenterrarlos. Cuando mi padre preguntaba le decían que lo dejara no fuesen a hacerle lo mismo que habían hecho con su mujer (…) Antes de morir me pidió que continuara la búsqueda de los restos de mi madre para enterrarla con él”.

La estrategia de la acusación

Las acusaciones intentaron cortar el relato de la testigo apelando al presidente de la Sala que lo que se juzgaba era si el juez Garzón cometió un presunto delito de prevaricación porque no tenía competencia para investigar estos hechos. “Es el presidente el que determina las preguntas que son pertinentes”, cortó tajante al letrado.”¿Puedo enseñar una foto?”, preguntó María al tribunal al concluir su declaración. “Sí”, le contestó el presidente. Rebuscó en su bolso y sacó una foto en blanco y negro de sus padres que mostró al tribunal.

El letrado de la acusación intentó demostrar que las denuncias que las víctimas y las asociaciones de memoria histórica presentaron en diciembre de 2006 ante la Audiencia Nacional estuvieron dirigidas (no dijo por quién) y se formalizaron sin que antes se hubiesen presentado en los juzgados de instrucción de las localidades en las que se produjeron las desapariciones. También en este caso le falló la estrategia porque en los casos relatados sí hubo denuncias previas que nunca se atendieron.

“¿No sabían que las causas por las desapariciones estaban archivadas al haber prescrito?”, preguntó el letrado de la acusación a la testigo. “Preguntamos y nos dijeron que estos delitos no prescribían; entonces acudimos a la Audiencia Nacional”, respondió Pino. “¿Recibe su organización algún tipo de subvención o ayuda pública?”, volvió a preguntar el abogado. “No señor”, zanjó la testigo.

La suspensión de la memoria

El último turno fue para el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, miembro de la Asociación para la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que ha investigado las desapariciones del franquismo en Galicia. Explicó las dificultades para acceder a los archivos militares, de la Guardia Civil y de la Policía, remontó la primera exhumación a 1977 y dijo que un año después se intentó crear una Comisión de la Verdad que fracasó.

“La búsqueda de desaparecidos ha sido un proceso histórico de muchos años, pero el golpe de Estado del 23F paralizó todo hasta 1996. El Gobierno del PSOE (presidido entonces por Felipe González) decidió aparcar este tema durante catorce años, que nosotros conocemos como la suspensión de la memoria”.

Rodríguez manifestó que de lo investigado hasta ahora podía afirmar que los golpistas llevaron a cabo a partir de 1939 “un plan sistemático para eliminar a los representantes legítimos de la II República y las fuerzas que la defendieron, lo que es un caso claro de genocidio”. El testigo terminó pidiendo ayuda a la Justicia, porque sin ella “será imposible conocer lo que pasó”.

La vista se reanuda esta mañana con la comparecencia de nuevos testigos de la defensa.