El Poder Judicial ataca al ministro Caamaño por frenar la reforma de la Justicia

Las aguas bajan revueltas en el mundo judicial. En esta ocasión, el remolino no tiene nada que ver con la sempiterna batalla entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. Ahora es el órgano de gobierno de los jueces quien está enfrentado al Ministerio de Justicia.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y jueces y magistrados de todos los órganos jurisdiccionales se muestran muy críticos estos días con el ministro Francisco Caamaño a causa de sus “insuficientes” y “parciales” reformas de la Justicia, según fuentes de la judicatura. La debilidad política del ministro tras la salida del Gobierno de su mentora política, María Teresa Fernández de la Vega, no sería ajena a esta situación.

El malestar es creciente en la carrera judicial contra Caamaño. Se considera que la mala gestión del político ha hecho perder la oportunidad de colocar a la justicia española en el siglo XXI. En palabras de una fuente oficial que prefiere no identificarse, estamos “ante una parálisis del impulso reformador”. Y como muestra destacan que en esta legislatura no se aprobarán normas tan relevantes como la Ley Concursal, la de Seguros, la de Mediación y Arbitraje, la de tribunales de instancia o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Lo paradójico es que, en esta ocasión, los problemas no están relacionados con insuficiencia de recursos. En plena crisis económica, Caamaño ha dispuesto de 400 millones de euros para modernizar y agilizar la Justicia, pero este dinero no ha llegado a resolver los problemas reales de los juzgados. La partida del Plan de Modernización de la Justicia fue de las pocas que crecieron en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 y 2010, por decisión expresa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a razón de 200 millones cada año (este año se ha recortado a la mitad, poco más cien millones).

No es cuestión de dinero

Sin embargo, esos 400 millones gastados no han resuelto los problemas de los ciudadanos cuando acuden a los tribunales. Caamaño los ha destinado a informatizar el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, cuando la verdadera masificación y falta de medios se encuentra en los juzgados de primera instancia con miles de usuarios.

Otra partida se ha destinado a la Nueva Oficina Judicial, un proyecto que cuenta con muchos críticos por la precipitación con la que se desplegó en ocho ciudades y que provocó innumerables quejas. Caamaño ha emprendido ahora la corrección de los fallos antes de proceder con sus planes de expansión a otras zonas de España.

En este tiempo de gestión de Caamaño, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que hacer frente a dos huelgas de jueces, convocadas para protestar por la falta de medios y de reformas que les hace trabajar en unos tribunales cada vez más saturados y con cada vez más necesidades sin cubrir.

Mañana mismo se aprueba en el Senado un proyecto sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información en la Justicia. Pero incluye algunas medidas, como una enmienda introducida por Caamaño a última hora, por las que se vacía de contenido la competencia que tiene el CGPJ de aprobar los sistemas informáticos que adquieran las administraciones públicas y evitar así las incompatibilidades que hay actualmente entre los programas implantados por las diferentes autonomías y el ministerio de Justicia. La enmienda supondría aparcar los ordenadores y programas en los que ha invertido el Consejo para crear una plataforma común.

Medidas descafeinadas

Además, en el Congreso se tramita el proyecto de Ley de Medidas para la Agilización Procesal que, para las fuentes consultadas, es “insuficiente” porque se está descafeinando de tal manera que no va a cumplir, precisamente, su objetivo de lograr una agilización en los procesos judiciales.  Las fuentes consultadas por este diario denuncian la existencia de grupos de presión -abogados o fiscales- interesados en mantener una justicia compleja y llena de recursos, lo que en última instancia dilata los procesos judiciales de manera ineficiente.

Las reformas fueron demandadas de forma pública por el Consejo ante el propio Zapatero, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y los partidos políticos con representación parlamentaria. Ahora bien, el departamento de Caamaño las ha ido descafeinando, bien por mala gestión, por falta de tiempo o por la presión de ciertos lobbies corporativos, según fuentes judiciales.

Dentro de este paquete de medidas se incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que simplifica la instrucción y ha levantado ampollas entre los fiscales, al entender que limitaba sus funciones. Por ejemplo, se mantiene el secreto del sumario, como así lo establece la ley, pero, por primera vez, se permite difundir las diligencias de investigación a la sociedad si así lo autoriza el juez instructor y tienen interés público.

Esta política de Caamaño, centrada en anunciar a bombo y platillo reformas esperanzadoras que acaban en una decepcionante la realidad, ha llevado a muchos jueces y magistrados a plantearse la ruptura de la colaboración con el ministro y dejar de frenar el descontento creciente que hay en la carrera judicial y entre los funcionarios de Justicia.