Diez años después… la denuncia contra el alcalde aún seguía allí

La Justicia lenta no es tal, se dice. Y quien mejor interpreta este aserto son, sin lugar a dudas, los abogados defensores hábiles. Si, además, el delito en cuestión es ecológico y los implicados son o han sido cargos políticos, el fárrago legal se torna indisoluble. Ése es al menos el caso de un alcalde murciano, Lázaro Mellado, de Alcantarilla, que lleva diez años denunciado, ocho imputado y seis acusado formalmente por la Fiscalía por contaminar el Río Segura vertiendo al cauce aguas residuales sin depurar.

 

Su partido, el PP, mira hacia otro lado desde el principio y lo sigue presentando a elecciones que gana, por cierto, fácilmente. Lo mismo parece hacer el opositor PSOE, que se desentiende del asunto. La denuncia partió, el cuatro de junio de 1999, de dos entonces concejales de IU en Murcia. Sólo once días más tarde se produjo la apertura de diligencias previas. La imputación primera de Lázaro Mellado se produjo el 10 de mayo de 2001.

Pero no estaba solo. Junto a él figuraban imputados por contaminar el río Segura aguas arriba de Murcia, donde se encuentra Alcantarilla, 60.000 habitantes, un ex director general de la empresa municipal de agua Emuasa (ahora Aguas de Murcia), José Luis Hervás; dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, Antonio Nieto Llobet y Juan Cánovas Cuenca; y varios funcionarios del organismo de cuenca y empleados de la empresa FCC.

Después de años de trámites y escritos, tácticas dilatorias hábilmente utilizadas por los defensores, la Audiencia Provincial de Murcia admitió el escrito de acusación completo, el 8 de septiembre de 2008. En él se piden seis años de prisión, como pena principal, para el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, y para el ex director general de Emuasa, José Luis Hervás, en virtud del artículo 326 del Código Penal: contaminación del medio ambiente con la agravante de riesgo para la salud de las personas.

Para los dos expresidentes de la CHS –en época de gobierno central del PP–, Antonio Nieto Llobet y Juan Cánovas Cuenca, y dos altos funcionarios, la Audiencia Provincial admitió la petición de pena de cuatro años de prisión, en virtud del artículo 325 del CP, igual al 326 sin la agravante mencionada.

Diez meses después de la admisión definitiva por la Audiencia del escrito de acusación completo, el proceso se encuentra pendiente de que un perito realice la prueba anticipada, que entregará previsiblemente después del verano, estima la acusación particular. A partir de entonces se podrá realizar la vista oral, más de diez años después de la denuncia inicial... Como si el agua pudiera esperar.