Madrid paga ya a 115 días a sus proveedores, el doble de lo que marca la ley

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha desvelado uno de los secretos peor guardados de la villa y corte. Que el ayuntamiento de la capital paga tarde. Muy tarde. Hasta el punto de que, según sus propios datos, el periodo medio de pago se situó el año pasado en 115 días, es decir prácticamente el doble que el límite que establece la Ley de Contratos del Estado, que obliga a las administraciones públicas a tener al día sus pagos en un plazo máximo de 60 días.

 

El retraso en el pago es verdaderamente relevante, toda vez que el ayuntamiento de Madrid -que tradicionalmente ha sido uno de los que menos se demoraba en el pago- abonaba las facturas al acabar el año 2007 en 86 días, lo que refleja el deterioro de la contabilidad municipal. Lo paradójico del caso es que esta degradación de los periodos de pago se ha producido en el contexto de un fuerte endeudamiento municipal, lo que refleja que el aumento de los pasivos financieros no se ha hecho, desde luego, para tener al día los pagos.

 

Al acabar el año pasado, el Ayuntamiento de Madrid debía nada menos que 6.682 millones de euros, lo que representa un aumento 381 millones respecto del año 2007. El aumento supone un claro incumplimiento del escenario de consolidación presupuestaria al que obligó en su día el Ministerio de Economía a Ruiz-Gallardón a cambio de nuevas autorizaciones de endeudamiento. El endeudamiento, de hecho, supera ampliamente el límite del 110% de los ingresos corrientes  que impone la Ley de Haciendas locales.

 

Según la Cuenta General del ayuntamiento de Madrid, el incremento de la deuda no se ha hecho con el objetivo de aumentar la inversión municipal, todo lo contrario. La inversión por habitante, según un documento de Izquierda Unida, ha bajado de 290,61 euros en 2007 a 276,20 euros un año más tarde. Por el contrario, el gasto por habitante ha pasado de 1.464,45 euros a 1.626,41 euros el año pasado. Es decir, que en aumento del endeudamiento se ha destinado al gasto y no a la inversión.

 

Críticas de la oposición

 

Para Daniel Álvarez, portavoz de Hacienda de Izquierda Unida, “esto quiere decir simplemente que se gasta mucho en el funcionamiento interno del ayuntamiento, ya que buena parte es gasto corriente”. El retraso en los pagos no ha ido en paralelo a la política de cobros, que siguen cumpliéndose de forma razonable. La realización de cobros se sitúo en el año 2008 en el 85,78%, ligeramente por encima del año anterior.

 

Fuentes empresariales han calculado que las administraciones públicas -en particular los ayuntamientos y las comunidades autónomas- adeudan a sus proveedores unos 30.000 millones de euros. Para evitar esos retrasos, hace cuatro años el Boletín Oficial del Estado publicó la transposición a la legislación española de la Directiva comunitaria que regula los pagos de las administraciones públicas, pero a la luz de lo que está ocurriendo, lo cierto es que hoy esa ley es papel mojado.

 

La norma establece que las empresas proveedoras tienen derecho a cobrar intereses de demora si sus clientes no pagan en los plazos pactados. En concreto, el tipo de interés oficial fijado por el Banco Central Europeo (BCE) más siete puntos porcentuales. En total, y a tipos actuales, un 8% adicional respecto de la factura liberada por la empresa proveedora.