El Gobierno prohíbe el ‘spam’ telefónico, mientras el PSOE lo utiliza para captar votos

Suena el teléfono. Al descolgar se oye un tono y, más tarde, se empieza a escuchar una grabación. Es el cada vez más habitual ‘spam’ telefónico, es decir, llamadas automatizadas, realizadas de forma aleatoria, que pretenden vender un producto o un servicio. Ahora, el Gobierno quiere prohibir este tipo de publicidad, pero al hacerlo incurre en una paradoja: el PSOE está recurriendo al ‘spam’ para venderse de cara a las elecciones europeas. Cuando se apruebe la ley de Competencia Desleal, que ayer anunció María Teresa Fernández de la Vega, estas llamadas del PSOE serán ilegales.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto que considera “desleal” y, por lo tanto, “perseguible”, el ‘spam’ telefónico, así como otras prácticas comerciales agresivas y comportamientos contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores. De acuerdo con el Gobierno, se busca “aumentar la seguridad de los consumidores” y proporcionar “seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado”.

Mientras, en el mercado electoral, y ante las previsiones de una alta abstención, el PSOE está utilizando la técnica de las llamadas automatizadas a números privados para promocionar los mítines de José Luis Rodríguez Zapatero y otros actos de campaña. Así lo denunció el jueves en su web el consultor especializado en protección de datos Samuel Parra, que no tardó en recibir correos electrónicos, así como comentarios a su noticia, ratificando la existencia de estas llamadas. Parra asegura que devolvió la llamada al teléfono 915820607, donde le confirmaron que en efecto estaban realizando estas llamadas de publicidad electoral para el PSOE. Desde la formación política no se hicieron comentarios al respecto de esta información.

Parra va más allá en su argumentación, y afirma que este método podría ser objeto de multa para el PSOE de hasta 30.000 euros por afectado. Para lanzar esta acusación, según explicó en conversación con El Confidencial, se basa en la Ley General de Telecomunicaciones y el Real Decreto que lo desarrolla. Ahí se recoge, entre los derechos de los abonados a los servicios de comunicaciones, el de “no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo”. Asimismo, el decreto establece que las llamadas con fines de venta directa que se “efectúen mediante sistemas de llamada automática” sólo podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo.

Es evidente que las llamadas del PSOE no tratan de vender estrictamente un producto, pero Parra recuerda que la Agencia Española de Protección de Datos interpreta el concepto de “venta directa” en un sentido amplio, como una recomendación para visitar una página web, llamar a un teléfono o enviar un SMS. No obstante, más allá de que pudiera ser objeto de reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, lo cierto es que ésta puede ser la última campaña electoral con ‘spam’ telefónico, si el Ejecutivo logra aprobar su proyecto de ley en el Congreso con los términos previstos.