Sentencia histórica: la Audiencia Nacional condena a un general del Ejército por el Yak-42

El general Vicente Navarro mintió. Y mintió desde el principio, desde que llegaron los 62 féretros de los militares españoles muertos en un accidente aéreo en Turquía en mayo de 2003 cuando volvían de una misión en Afganistán en un avión Yakolev 42. Mintió durante la investigación y mintió en el juicio. Así lo asegura el tribunal de la Audiencia Nacional que ahora le condena a tres años de cárcel por falsedad documental, junto al comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, éstos condenados a un año y medio de cárcel como cómplices.

En una sentencia directa, clara y concisa, el presidente de la Sala y ponente del texto, Javier Gómez Bermúdez, mantiene que Navarro mintió cuando dijo que tenía todos los cuerpos identificados antes de regresar a España a los funerales de Estado y cuando cargó las culpas contra el equipo turco que les ayudó en las labores de reconocimiento al decir que éste puso "innumerables obstáculos".

Los turcos no pudieron encargarse por sí solos de las identificaciones porque, según la Sala, no conocían nuestro idioma, ni los uniformes, graduaciones y forma de representación de ésta en nuestro ejércitos, así como tampoco tenían datos sobre relaciones matrimoniales, parentales o de otro tipo que les permitiera identificar los cuerpos por los objetos personales hallados en ellos o por otros signos distintivos, como anillos con inscripciones.

El tribunal llega a la convicción de que el general Navarro actuó "con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad" al emitir los documentos con identificaciones "aleatoriamente" asignadas. Es decir, "actuó dolosamente".

La sentencia rebaja dos años la petición fiscal para Navarro, y dos años y medio para los otros dos. Es la primera vez en la historia de la Audiencia Nacional que este tribunal condena a un general del Ejército español.

Además, el tribunal les ha impuesto una inhabilitación para el ejercicio de sus funciones públicas de dos años para Navarro y de un año para el comandante y el capitán. Por su parte, las familias de los treinta militares recibirán una indemnización de 10.000 euros, siendo responsable civil subsidiario el Ministerio de Defensa.

La sentencia recoge que la indemnización es tan sólo de 10.000 euros porque el "duelo complicado" se produce en todos los casos de pérdida "repentina y traumática" de un familiar. Las familias de los otros 32 militares, que sí fueron correctamente identificados, no recibirán ninguna indemnización porque, a pesar de la "zozobra, inquietud y desazón" que han padecido sus parientes, el daño que han sufrido no viene de los hechos enjuiciados. Navarro deberá pagar una multa de 1.800 euros y Ramírez y Sáez de 900.

A un paso de la cárcel

Tanto los condenados como las familias ya han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. Lo más probable es que Navarro no ingrese en prisión hasta que el Alto Tribunal no dicte una resolución pero, en caso de confirmar la decisión de la Audiencia Nacional, tendría que ir a la cárcel. No ocurre lo mismo en el caso del comandante y capitán porque al no superar su condena los dos años de cárcel, si no tienen antecedentes el tribunal podría permitirles quedar en libertad.

La Sala considera probado que los tres acusados eran "conscientes" que había treinta cadáveres sin identificar. Aun así, Navarro elaboró una lista asignando a cada uno de los 62 cuerpos un nombre y apellidos, a sabiendas que las identidades habían sido asignadas de forma "aleatoria" en treinta casos.

A la hora de realizar las necropsias ya en España, después de la celebración de los funerales de Estado, se omitieron "conscientemente" todas aquellas descripciones que pudieran "despertar recelos o dudas" sobre el proceso de identificación, ignorando que, según la sentencia, los cuerpos estaban "mayoritaria, práctica, general o totalmente carbonizados".

De esta manera, se permitía que Navarro pudiera emitir los certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante una identificación individual y tras haberse realizado la autopsia.