El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, se convierte en la pesadilla del PP

El desprestigio que padece la Justicia española se ha extendido en las últimas semanas hasta la Fiscalía Anticorrupción, una institución destinada precisamente a luchar por preservar la pureza del Estado de Derecho. Las filtraciones en torno a la 'operación Gürtel', junto con las sospechas de posibles injerencias políticas, han generado dudas en la sociedad sobre el papel que juegan Cándido Conde-Pumpido (Fiscal General del Estado) y Antonio Salinas (Fiscal Jefe Anticorrupción). Unas dudas que ha alentado el Partido Popular, que se considera víctima de una conspiración urdida por el Gobierno, el Ministerio Público y el juez Baltasar Garzón.  

Salinas, ahora objetivo de las críticas del PP, es un veterano fiscal que ha sabido conservar su cargo tanto con José María Aznar, como con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. De hecho, Salinas se convirtió en fiscal jefe en 2003, tras 30 años de carrera profesional, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Entonces, Salinas era fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado, el polémico Jesús Cardenal, buscaba sustituto a Carlos Jiménez Villarejo.    

La conservadora Asociación de Fiscales dio su respaldo a Salinas en el Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público, y su candidatura se impuso pese al rechazo de los representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). A los ojos del Gobierno de Aznar, Salinas contaba con el aval de haber dirigido la acusación en el caso Filesa, una trama de financiación ilegal del PSOE, y de haberse opuesto al procesamiento del ministro Josep Piqué por el caso Ertoil.

La designación de Salinas provocó una airada reacción por parte del PSOE. Diego López Garrido llegó a acusar al Gobierno de “meter un auténtico misil en la línea de flotación de la Fiscalía Anticorrupción”. Para el portavoz socialista, el Ejecutivo del PP pretendía “desactivar” este organismo colocando a alguien “más favorable a los intereses del Gobierno”. Sin embargo, los socialistas olvidaron estas críticas tras ganar las elecciones de 2004, y Salinas permaneció en su puesto. En octubre de 2008, Conde-Pumpido defendió su reelección al frente de Anticorrupción, pese a que, de nuevo, la UPF propuso otro candidato, el fiscal Alfonso Aya.

Irónicamente, casi seis años después de acceder al cargo con la oposición del PSOE, Salinas se enfrenta ahora a los ataques del PP, que ha denunciado a la Fiscalía por las filtraciones a los medios de comunicación sobre el 'caso Gürtel'. Los ‘populares’ consideran que Anticorrupción es el origen de las informaciones que vinculan a cargos del partido en la trama de corrupción que investiga el Garzón. Así aparece en la denuncia del PP ante la Fiscalía General de Estado, que cita pasajes del artículo publicado en El País, donde se implica a Francisco Camps en la trama de corrupción de Francisco Correa.   

Filtraciones y jornadas de caza

Y es que en plena campaña electoral vasca y gallega, el PP se ha encontrado con un escándalo que sacude al entorno del ex presidente Aznar, así como al poder territorial en Madrid y la Comunidad Valenciana, dos de las plazas ‘populares’ más representativas. El PP reaccionó cerrando filas contra lo que califican de “trama contra el PP”. Una estrategia que se ha nutrido fundamentalmente de la controvertida cacería que compartieron el ministro Mariano Fernández Bermejo, Garzón y el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), también criticó las recientes filtraciones por tratarse de un delito y ser “perniciosas e improcedentes”. “Son extremadamente graves, porque pueden comprometer la honorabilidad de una persona y perjudicar la investigación”, sostuvo García, quien añadió que “se debe esclarecer quiénes son los autores de las filtraciones y exigir responsabilidades”. Además, el portavoz de la APM se refirió también a las consecuencias negativas que esta situación conlleva para la credibilidad de la Justicia ante la sociedad española.     

Pero el contraataque del PP también ha generado solidaridad en torno a la figura de Salinas, incluso por parte de aquellos que se opusieron a su nombramiento. Emilio Sánchez-Ulled, portavoz de la UPF, mostró el respaldo de su organización al fiscal anticorrupción, recordando que ha llevado a cabo su trabajo con gobierno de ambos signos. “En estos casos hay que observar quién se queja, porque normalmente suele coincidir con los que son investigados. El PSOE también se quejó amargamente cuando Garzón investigó asuntos como el GAL”, explicó Sánchez-Ulled.

En cuanto al funcionamiento de Anticorrupción, cuya independencia está siendo cuestionada, el portavoz de la UPF subrayó que su modelo está siendo copiado en Europa y que es objeto de diversos estudios y proyectos internacionales. El artículo 124 de la Constitución establece que el Fiscal General será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, aunque señala que ejercerá sus funciones sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad. Una norma que, de acuerdo con García, si se cumpliera, “la Fiscalía funcionaría como un reloj”.