La CNMC castiga a las grandes eléctricas por cambiar el recibo de la luz sin previo aviso

Quizá sea más el ruido que las nueces, por lo menos desde el punto de vista de las sanciones económicas impuestas por el organismo regulador, pero lo cierto es que la CNMC ha encendido el ventilador contra las prácticas comerciales de las compañías eléctricas y gasistas en sus relaciones con los clientes particulares. Hasta ahora, la única multa por este tipo de actuaciones había sido destinada en contra de la empresa portuguesa EDP, pero la infracción estaba vinculada a un cliente no doméstico. Ahora, las penalizaciones se extienden a las otras cuatro grandes entidades del sector: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo. En todos los casos, se trata de actuaciones irregulares que afectan a cambios efectuados en los recibos de luz o de gas.

La intervención del organismo que preside José María Marín Quemada tiende a afear la conducta de las empresas eléctricas, poniendo en evidencia los eventuales abusos en el mercado energético justo en un momento de extraordinaria sensibilidad social. El regulador ya publicó en 2015 una guía de buenas prácticas en la que recomendaba a las comercializadoras que eviten la captación de clientes mediante canales de venta domiciliaria o incluso vía telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También instaba a las empresas a que se identifiquen de manera clara ante el consumidor y eviten prácticas o mensajes que generen confusión.

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Pese a todas estas advertencias, la CNMC ha atendido ahora una serie de reclamaciones acreditando que las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y ni siquiera contaron con el consentimiento de los clientes para modificar los contratos. No obstante, y más allá del 'tirón de orejas' que supone la sanción, lo cierto es que el importe de la penalización económica tampoco supone un mayor quebranto para las entidades afectadas. Las multas conjuntas se sitúan en una cifra irrisoria, de 155.000 euros, debido a que la naturaleza de estas infracciones está tipificada con carácter leve en las actuales leyes del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos.

La palma se la lleva esta vez Endesa, con 100.000 euros de multa. La filial italiana de Enel en España ha sido objeto de un total de cuatro expedientes sancionadores derivados de otras tantas denuncias de clientes. Iberdrola (30.000 euros de multa), Gas Natural Fenosa (10.000 euros) y Viesgo (15.000 euros), con una denuncia a cuestas cada una, ponen de relieve que en todas partes cuecen habas. Los consumidores están empezando a movilizarse contra sus proveedores eléctricos y tratan cada vez con más suspicacia todos los aspectos concernientes al recibo de la luz. Sobre todo después de la escalada de precios padecida en el mercado mayorista en los primeros compases del año, lo que, según el Gobierno, supondrá un sobrecoste medio de 100 euros en la tarifa eléctrica de 2017.

Es curioso que la mitad de los consumidores estén fuera del mercado regulado, con un precio bastante más barato que el establecido en el mercado libre

Las principales denuncias están relacionadas con los eventuales cambios de comercializadora que se producen en el sector sin un previo aviso o un expreso conocimiento por parte de los consumidores. Es curioso que de los 13 millones de clientes domésticos que teóricamente deberían estar incluidos dentro del mercado regulado, solo la mitad figuren como abonados del llamado precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC). Este tipo de contrato, equivalente a la antigua tarifa de último recurso (TUR), ofrece un servicio mucho más barato que el aplicado en el mercado libre. Sin embargo, seis millones de clientes particulares están fuera del mercado regulado sin que todavía exista una explicación institucional que lo justifique.

El cambio de contrato es gratuito en la primera ocasión que se solicita, pero algunos clientes que ahora tratan de salir del mercado libre para ajustar su recibo al PVPC reciben la sorpresa de una factura por servicios prestados. Se supone que la vuelta al mercado regulado supone una segunda modificación contractual cuyo coste es repercutido puntualmente al cliente. Otra aspecto esencial que también están reclamando los clientes es la discriminación horaria, cuya incidencia en los hábitos generales de consumo se traduce en un importante ahorro en el recibo de la luz.

El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó en el Congreso de los Diputados hace unas semanas que la tarifa regulada termina siendo mucho más barata que el precio fijo que ofrecen las eléctricas en el mercado libre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) corroboran las manifestaciones del máximo responsable de la política energética y apuntan que en 2016 los contratos con PVPC bajaron un 16% con respecto a 2015, mientras que el precio de la luz en términos generales subió un 3,5%. En definitiva, los consumidores del mercado libre han tenido que asumir un incremento del recibo del 18,5%.