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Rebelión empresarial contra el nuevo IVA por las prisas de Hacienda con el calendario
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El SII empieza a funcionar el 1 de julio

Rebelión empresarial contra el nuevo IVA por las prisas de Hacienda con el calendario

A partir del 1 de julio, 62.000 empresas tendrán que enviar las facturas casi en tiempo real a la Agencia Tributaria, pero hay muchas que todavía no están preparadas

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Ya solo queda un mes para que empiece a funcionar el 'nuevo IVA', y un buen puñado de empresas sabe ya que no llegará a cumplir los requisitos en la fecha señalada: el 1 de julio. El suministro inmediato de información (SII) supone un cambio profundo en la relación de las empresas con la Agencia Tributaria, ya que estarán obligadas a informar de todas sus facturas en un periodo de 12 días desde la expedición o la contabilización de la factura (pasarán a ser ocho en 2018). La medida afectará inicialmente a unas 62.000 empresas, pero muchas de ellas ya saben que no llegarán a tiempo.

Hacienda quiere que el intercambio de información sea “inmediato” para forzar a las empresas a que envíen de forma automática la información detallada de sus facturas y, de este modo, conseguir una foto real de su actividad económica. En otras palabras, el objetivo es limitar al máximo la posibilidad de que las empresas modifiquen sus facturas para defraudar al fisco. Este nivel de exigencia obliga a las empresas a realizar un desarrollo tecnológico y fiscal que adapte todos sus procesos internos. “Está resultando un esfuerzo impresionante, es un cambio muy profundo que afecta a las 'tripas' de la organización y de todos sus procesos”, señala Isabel López-Bustamante, socia de Deloitte Legal.

Muchas empresas ya saben que no estarán listas el 1 de julio, por lo que temen una oleada de sanciones del Ministerio de Hacienda. “Hemos llegado al punto de que muchas nos preguntan cuánto tendrán que pagar, porque saben que no llegarán a tiempo”, explica un asesor fiscal. “La esperanza está puesta en una prórroga o una dispensa hasta el 1 de enero de 2018 a través de una solicitud”, explica Fulgencio García, abogado del área de tributación indirecta de EY Abogados. Las empresas están haciendo un esfuerzo significativo para adaptarse a esta novedosa regulación en materia de IVA, no obstante son muchas las voces que solicitan un aplazamiento por la complejidad de su adaptación”, señala Natalia Pastor, socia del área de tributación indirecta de KPMG Abogados.

El director de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha intentado calmar al sector en las reuniones realizadas con asesores y consultores. En la última reunión, reconoció que tiene la puerta abierta a conceder excepciones tras la entrada en vigor del SII, pero que en ningún caso serán generalizadas. Ni siquiera afectarán a sectores completos. La opción que está estudiando la AEAT es conceder prórrogas individuales a las empresas que argumenten los motivos por los que no han sido capaces de llegar a tiempo al nuevo sistema, explican diversas fuentes que estuvieron en esa reunión. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria niegan haber trasladado la posibilidad de admitir prórrogas individuales y aseguran que no se está planteando esa opción.

Rufino de la Rosa y su equipo están poniendo todas las facilidades a las empresas, tratan de ayudar en todo lo que pueden

“Existen grandes dificultades técnicas para las empresas españolas, y en el caso de las multinacionales con sede fuera de España, hay problemas de gestión porque sus responsables extranjeros no sean conscientes de la urgencia de adaptarse al cambio”, señala García. Lo que ya tiene asumido el sector es que no habrá más prórrogas para la entrada en vigor del SII, que será el 1 de julio.

La Agencia Tributaria está desarrollando una prueba piloto con 35 compañías para analizar el funcionamiento del 'nuevo IVA'. Algunas ya tienen bien desarrollados sus procesos para enviar toda la información casi en tiempo real, pero otras todavía no han mandado ni una sola factura y la cuenta atrás sigue corriendo.

Esta prueba piloto está permitiendo modelar el real decreto a la realidad de cada uno de los sectores, para lo que están trabajando codo con codo la Agencia Tributaria con las empresas. “De la Rosa y su equipo están poniendo todas las facilidades”, explica López-Bustamante, “tratan de ayudar en todo lo que pueden”. De hecho, la AEAT ya ha hecho concesiones importantes, por ejemplo, ha eliminado la aplicación retroactiva del SII al 1 de enero de este año. La normativa inicial obligaba a las empresas a enviar la información de todas las facturas emitidas este año a Hacienda, lo que complicaba mucho más la entrada en funcionamiento del SII.

España, en el vagón de cabeza

El SII supone un gran esfuerzo para las empresas españolas, pero también permitirá a la Agencia Tributaria tener un gran control fiscal de las actividades de las empresas. El nivel de detalle de la información que tienen que enviar a Hacienda, combinado con el periodo de tiempo tan corto que tienen para hacerlo, obliga a las empresas a automatizar el proceso y complica cualquier fraude al erario público.

El 'nuevo IVA' pondrá a España en el vagón de cabeza de exigencia de información sobre operaciones con transferencia tributaria. EY elabora una clasificación interna del grado de transparencia de los países y, tras la entrada en vigor del SII, España se colocará en cuarta posición, solo superada por Brasil (el primero), México y Corea del Sur.

Brasil es el país con un control tributario sobre la actividad de las empresas más exhaustivo, ya que las compañías tienen que validar en Hacienda las facturas antes de emitirlas. Esto significa que la supervisión es incluso previa a la actividad económica. Otros países latinoamericanos también realizan un control estricto de la facturación empresarial, algo que no ocurre en Europa, donde la supervisión es más laxa. Portugal tiene un sistema similar al que va a introducir España, pero no es tan exigente, ni en la información requerida, ni en los plazos.

“En Europa, todo el mundo está sorprendido con el nivel tecnológico de nuestra Agencia Tributaria”, explica López-Bustamante, “están muy atentos a ver los resultados”. La AEAT tiene que recibir la información proporcionada por todas las empresas, procesarla y elaborar con ella un libro del IVA de comprobación que devolverán a las empresas para que liquiden su impuesto. El germen de la norma española está en las reuniones realizadas en la OCDE en 2005 para elaborar un protocolo de intercambio de información con las administraciones tributarias. De esas reuniones nació el sistema SAF-T (siglas de archivo de auditoría estándar-impositivo) en el que se inspira el SII español. El pionero en introducirlo fue Portugal, que lo hizo en 2008. A pesar de que su normativa no es tan exigente como la española, el país “tardó un año y medio en introducir tal revolución”, señala García. Ha pasado casi una década y “todavía tienen resaca”, afirma el abogado de EY, “hay muchas empresas que todavía no cumplen e incluso suministran campos vacíos”.

Nuevas sanciones

El 'nuevo IVA' no ha supuesto ninguna modificación del régimen sancionador para las empresas, pero la Agencia Tributaria ha trasmitido al sector que está estudiando una revisión de las multas, aunque todavía no hay nada desarrollado. Con la normativa actual, la sanción base que se aplicará por el retraso en la presentación de las facturas será de un máximo de 6.000 euros al trimestre.

Esta cuantía no es abultada, pero además hay otras sanciones. Si las empresas no han incluido las facturas en el libro del IVA, tendrán una multa equivalente al 1% del total de la cuantía. Además, si las compañías no tienen las facturas y Hacienda realiza una inspección, no podrán deducir el IVA soportado.

Ya solo queda un mes para que empiece a funcionar el 'nuevo IVA', y un buen puñado de empresas sabe ya que no llegará a cumplir los requisitos en la fecha señalada: el 1 de julio. El suministro inmediato de información (SII) supone un cambio profundo en la relación de las empresas con la Agencia Tributaria, ya que estarán obligadas a informar de todas sus facturas en un periodo de 12 días desde la expedición o la contabilización de la factura (pasarán a ser ocho en 2018). La medida afectará inicialmente a unas 62.000 empresas, pero muchas de ellas ya saben que no llegarán a tiempo.

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