El Gobierno entierra los ajustes y anuncia medidas de estímulo contra la recesión

Algo se mueve en la política económica del Gobierno. Y esta vez en un sentido no restrictivo. Los recortes han desaparecido del discurso oficial. Rajoy anunció ayer un paquete de estímulos de la actividad económica que supone acabar con el discurso del ajuste que el Ejecutivo ha defendido desde el primer día de su toma de posesión. No es que el Gobierno plantee ahora una política fiscal plenamente expansiva -más gasto público y rebaja de impuestos-, sino que se pliega a las circunstancias y admite medidas de estímulo económico que hace pocos meses eran consideradas motivo de anatema.

¿La causa? Sin duda, el hecho de que la Comisión Europea -en el fondo, Alemania- haya levantado el pie del acelerador (forzada por las circunstancias) y hoy acepta el incumplimiento puro y duro del objetivo de déficit público. Los malos datos macroeconómicos explican el cambio de estrategia. Y ayer se comprobó con las cifras de confianza en Europa, que aunque mejoraron algo en febrero, muestran un perfil descendente desde mediados de 2011. Media Europa está a punto de entrar en recesión.

Más manga ancha que explica que ayer Rajoy anunciara sin miedo a ser estigmatizado por los mercados (la prima de riesgo ni se inmutó) que el desequilibrio fiscal se habrá situado el año que viene “por debajo del 7%”, es decir, lejos del 6,3% pactado con la Unión Europea, aunque a esta cifra hay que añadir otros dos puntos de PIB que tienen que ver con el agujero del sistema financiero. Un incumplimiento que no conllevará la activación del protocolo de déficit excesivo, tal y como se reconocerá el próximo viernes, cuando la Comisión Europea anuncie sus previsiones de invierno.

Teniendo en cuenta que Rajoy dijo ayer que el ajuste entre ingresos y gastos “superará los 21.000 millones de euros” (al 50% entre ambas variables), esto significa que el déficit rondará los 78.500 millones de euros, toda vez que en la segunda comunicación enviada por el Gobierno a Bruselas sobre el déficit de 2011 (del pasado 28 de septiembre) se estimó un desequilibrio equivalente a 100.402 millones.

Según esas estimaciones oficiales, el PIB de 2012 habrá acabado en una cifra que rondará los 1,05 billones de euros, lo que significaría un déficit del 7,47% del producto interior bruto, por encima de lo anunciado ayer por el presidente del Gobierno. La cifra en términos absolutos es similar, de hecho, a la prevista por Hacienda en esa misma comunicación, donde se calculaba un déficit de 76.556 millones, siempre sin incluir el rescate de la banca nacionalizada. Es decir, algo más de 2.000 millones de euros menos que la cifra que ahora se presenta como definitiva, y que el Gobierno no quiere modificar para evitar que suceda como en el pasado, que sufrió continuos cambios. 

Cambio de prioridades

En los próximos días se resolverá el dilema, pero hoy por hoy lo que está claro es que el déficit ha dejado de ser la prioridad número uno del Gobierno. Hasta el extremo de que ayer Rajoy rescató una de sus promesas estelares en tiempos de la oposición: pymes y autónomos no tendrán que ingresar el IVA repercutido hasta que el contribuyente cobre la factura. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y afectará a quienes tengan un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros.

Hacienda ha retrasado todo lo que ha podido esta medida por miedo a su coste presupuestario, toda vez que en plena recesión la morosidad empresarial no ha dejado de crecer. Y si esta realidad se alarga en el tiempo, el hecho de que el fisco no ingrese el IVA puede tener un efecto devastador sobre las cuentas públicas.  Nada dijo Rajoy, sin embargo, de lo que pasará con la subida del IRPF, que tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre.

Junto a esta decisión, el Gobierno anunció ayer que las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros -la mayoría del tejido empresarial- podrán deducirse hasta un 10% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades de los beneficios siempre que se reinviertan en la actividad económica. Es decir, el Gobierno recupera las deducciones por reinversión de beneficios.

Igualmente, y en la misma dirección, se permite que las deducciones por I+D+i que no hayan podido aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema de devoluciones. En el mismo sentido, Rajoy anunció ayer que las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15% durante los dos primeros años en que obtengan resultados positivos, mientras que los autónomos que inicien actividades podrán aplicarse una reducción del 20% en los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros ejercicios.

En cuanto a la canalización de recursos a la actividad emprendedora, el inversor particular que participe temporalmente en empresas de nueva creación tendrá un nuevo incentivo fiscal: una reducción del 15% en la cuota del IRPF y una exención parcial de la plusvalía (del 50%) al salir de la sociedad, aunque esta medida estará condicionada a que se reinvierta en otra sociedad de nueva o reciente creación. Por último, y también en el mismo sentido, los parados que se establezcan como autónomos podrán beneficiarse de la exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo cuando el abono de la prestación sea en forma de pago único (hasta ahora estaban exentos sólo hasta 15.500 euros).

Como ya había anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, también se ha aprobado establecer una especia de ‘tarifa plana’ de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante seis meses para menores de 30 años y nuevos autónomos que inicien una actividad por cuenta propia. Ni una palabra sobre nuevos ajustes.