Díaz Ferrán subcontrató el cierre de Marsans para salvar su patrimonio de los acreedores

Tras meses y semanas de agonía, la pareja empresarial formada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual recurrió a los servicios de un especialista de dudosa reputación para liquidar de manera ordenada el grupo turístico Marsans. Transcurría junio de 2010 y la crónica de la agonía empresarial del que era todavía presidente de la CEOE era un serial radiado por entregas. El desmoronamiento de su grupo, con las quiebras de Air Comet y Seguros Mercurio presentes, resultaba inevitable, de manera que los dos socios decidieron formalizar la venta de la compañía matriz a un tercero para que afrontara su administración. En realidad, no era más que una forma de ganar tiempo para poder poner a salvo su patrimonio.

Como parte de ese plan organizado, Díaz Ferrán y su socio se pusieron en manos de Posibilitum Bussines, la instrumental creada por Angel de Cabo, un abogado valenciano especialista en liquidar compañías en proceso de disolución. No en vano, lo primero que hizo el nuevo dueño sólo unas horas después de firmar la adquisición del Grupo Marsans y de Teinver, sociedad patrimonial, fue presentar la solicitud de suspensión voluntaria de pagos en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, una maniobra para tener el control de la negociación con los acreedores. De lo contrario, como varios de sus proveedores ya habían solicitado al juez la entrada en situación concursal, el futuro se hubiera complicado muchísimo más.

Aunque la transacción se cifró en 600 millones, en realidad Ángel de Cabo no pagó por quedarse con Marsans y Teinver, que arrastraban una deuda, según fuentes financieras, equivalente al precio al que formalmente Díaz Ferrán y Pasucal traspasaron su holding empresarial. Todo formó parte de la maniobra preparada por los empresarios durante semanas para evitar ser los protagonistas de unas de las mayores suspensiones de pagos de la historia de España, tan solo superada por la de algunas inmobiliarias como Martinsa-Fadesa, Nozar, Llanera y Habitat. El trabajo sucio de la liquidación quedaba subcontratado a partir de entonces a un tercero que en realidad cobraría por prestarse a realizar estos servicios. 

Supuesto experto en reestructuraciones y absoluto desconocido en el sector financiero español, Angel de Cabo desembarcó en Marsans de la mano de Iván Losada, su contraparte, el supuesto empresario que apareció meses antes de que todo acabara como posible salvador de Marsans. La promesa de compra sirvió a los abogados para tener entrada en el entorno de los empresarios, a los que en realidad terminaron ofreciendo los servicios de liquidación como una argucia para poder poner a salvo parte de su patrimonio y futuros beneficios con la liquidación del holding, el mismo modus operandi que los rescatadores repitieron un años más tarde con la familia Ruiz Mateos y su holding empresarial Nueva Rumasa.

De cara a los acreedores y proveedores, como los touroperadores AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia, cuya querella para recuperar una deuda de 40 millones desencadenó la investigación sobre Díaz Ferrán y el resto de detenidos ahora por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, Marsans explicó en su momento que la compañía se declaraba en insolvencia con el objetivo de permitir una reestructuración ordenada del negocio para "proteger los intereses de los empleados, clientes y acreedores", situación a la que llegó después de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) no dejara al grupo vender billetes de avión, lo que impidió continuar con el desarrollo normal del negocio.

Bajo la pantalla de Posibiltum, el aparente proceso de reordenación no era más que “un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales”, según el fiscal Daniel Campos, que acusó a los dos empresarios de haber desviado a cuentas en el exterior 4,9 millones de euros. Además de poner bajo titularidad de otras sociedades parte del patrimonio evadido, el liquidador en cuestión suele acordar como retribución un porcentaje muy elevado de los ingresos obtenidos con la venta de los activos de la compañía en cuestión, mientras que una parte menor es para los antiguos propietarios, como ocurrió luego con la venta de Nueva Rumasa.