La OCDE abre una vía para denunciar a la banca ante el Gobierno por vender preferentes

La judicial no es la única vía que tienen los afectados para pedir una reparación por la venta masiva de participaciones preferentes por parte de la banca. Según aseguran fuentes jurídicas, Economía tendrá que tomar cartas en el asunto y responder sobre esta operativa en primera persona si cualquier asociación, ONG o persona damnificada presenta una reclamación en el Ministerio en atención a las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, documento revisado el pasado año por la institución y suscrito por España. Y es que la guía en cuestión fija compromisos concretos para las compañías en defensa de los derechos de los consumidores.

“[Las empresas deben] aportar información exacta, comprobable y clara, que sea suficiente para que los consumidores puedan tomar sus decisiones con conocimiento de causa”, establece la OCDE. Un planteamiento general que el organismo internacional elabora con más detalle: “Eso incluye información sobre los riesgos financieros vinculados a productos, cuando sea relevante”. Un mandato en apariencia incumplido en la venta de preferentes. Las Directrices son voluntarias para las multinacionales, pero vinculantes para los países suscriptores, obligados a implementarlas. Una denuncia de algún afectado ante el Punto Nacional de Contacto habilitado en la Secretaria de Estado de Comercio pondría la maquinaria en marcha y forzaría al Ministerio a pronunciarse.

“Si nadie ha recurrido hasta ahora a esta fórmula es, simplemente, porque no se conoce –explican fuentes jurídicas-. Se trata de una vía alternativa a un proceso judicial, que es costoso y tarda en sustanciarse. Sindicatos, asociaciones u ONGs podrían utilizar este mecanismo como una vía alternativa para airear aún más el asunto y presionar al Gobierno para buscar una solución más rápida”. Pese a reconocer que las preferentes no debían haberse vendido a ahorradores, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha limitado hasta ahora a apuntar que la solución debe “negociarse con Bruselas” para evitar ayudas que puedan vulnerar las normas de competencia. La pelota está en su tejado después de que la Secretaria de Estado de Comercio, adscrita a Industria en la pasada legislatura, pasara a depender de su departamento en la actual.

Buena parte de las entidades financieras españolas, sobre todo las cajas de ahorros, han colocado en los últimos años a clientes poco cualificados participaciones preferentes -en realidad deuda perpetua en la que el banco no está obligado a devolver la inversión inicial- cuando éstos creían estar contratando un producto mucho menos sofisticado, similar a un depósito. Según datos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), más de un millón de familias han sido víctimas de esta práctica, por la que las entidades financieras habrían vendido cerca de 30.000 millones de euros desde 1999. Las asociaciones de afectados se quejan de falta de información y abuso de confianza por parte de los diferentes bancos y cajas.

Un procedimiento tasado

La OCDE determina cuál es el papel del Punto Nacional de Contacto, que “deberá contribuir a la resolución de los problemas que surjan en relación con la aplicación de las Directrices en casos específicos de manera imparcial, previsible, equitativa y compatible con los principios y normas de las Directrices”. En primer lugar, ante las reclamaciones que le lleguen, “realizará una evaluación inicial para determinar si las cuestiones planteadas merecen un examen más detenido”. Si es así, “ofrecerá sus buenos oficios para facilitar a las partes implicadas su resolución”, incluido el acceso a vías como la conciliación o la mediación. Finalmente, “hará públicos los resultados de los procedimientos” justificando los motivos de su resolución.

Por ejemplo, si estima que no hay razones para investigar en profundidad el caso, “deberá al menos presentar los asuntos planteados y exponer los motivos de su decisión”. Si las partes llegan a un acuerdo sobre los temas en debate, se establece la salvedad de que “las informaciones relativas al contenido del acuerdo sólo podrán figurar en el informe si las partes implicadas dan su aprobación”. Por último, si uno de los afectados no desea participar en las pesquisas, “el PNC formulará recomendaciones apropiadas sobre la aplicación de las ‘Directrices’, que habrán de figurar en el comunicado”. Un escenario que pondría en evidencia a la empresa que rechazara la mediación planteada.

El documento de la OCDE define como empresas multinacionales a aquellas “establecidas en más de un país y ligadas de tal modo que puedan coordinar sus actividades de diversas formas”. Un marco en el que encaja perfectamente la gran banca nacional, representada por Santander y BBVA, pero también las principales cajas, que aprovecharon la época de bonanza para tomar posiciones en el extranjero. Mientras, los problemas con las preferentes pueden ni siquiera haber empezado. Como publicaba El Confidencial, 92.000 inversores particulares se desayunaban ayer con que Bankia no les pagará el 7% de interés que la entidad les había firmado hace tres años y medio cuando les vendió las participaciones. Un producto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no recomendaba para inversores no profesionales.