El Gobierno obliga a la banca a provisionar otros 30.000 millones por el 'ladrillo'

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado una elevación de las provisiones exigidas para los créditos inmobiliarios 'sanos' (que todavía no han entrado en mora) desde el 7% exigido en febrero hasta una media del 30%, como adelantó El Confidencial, lo cual supondrá unos 30.000 millones más respecto a los 52.000 millones exigidos en la anterior reforma financiera de febrero. También ha creado los llamados 'bancos malos' y contratará dos expertos independientes para valorar toda la cartera crediticia del sistema financiero en España.

Estas provisiones serán distintas por tipo de activo y llegarán al 52% en el caso del suelo y las segundas hipotecas. Los créditos respaldados con promociones en curso subirán sus exigencias hasta el 29% y la vivienda terminada, hasta el 14%. Con estos requisitos, las provisiones totales alcanzarán 137.000 millones y la cartera total de exposición inmobiliaria (ligeramente superior a 300.000 millones) quedará cubierta al 45%, según el ministro.

Estas provisiones deberán dotarse contra las cuentas de resultados -no los fondos propios- de las entidades financieras, que tendrán de plazo hasta fin de año para hacerlo. Para aquellas entidades que no puedan asumir estas provisiones con sus resultados, el Estado podrá inyectar acciones o los llamados CoCos, convertibles contingentes, que cobrarán un 10% de interés y tendrán que ser devueltas en un plazo de cinco años.

El titular de Economía ha asegurado que espera que estas inyecciones de capital no superen la cifra inyectada por el FROB en el sector durante el Gobierno socialista, en torno a 15.000 millones. El Gobierno dará un mes de plazo -hasta el 11 de junio- para que los bancos un plan en que se detallen las medidas que van a tomar las entidades para cumplir con el decreto. Cuando del plan resulte que las entidades incurrirán en un déficit de capital principal, también deberán detallarse medidas para solucionarlo en un plazo máximo de cinco meses, según ha confirmado Guindos.

Valoración independiente y 'bancos malos'

Asimismo, el Ejecutivo ha encargado la contratación de dos expertos independientes para realizar una valoración de toda la cartera crediticia (no sólo la inmobiliaria) que tienen las entidades financieras en balance para "despejar cualquier tipo de incertidumbre". Estos expertos deben contar con prestigio internacional, tener capacidad para acometer una tarea tan amplia en un plazo breve y no tener conflictos de interés; es decir, quedan excluidas las consultoras y auditoras que trabajen para varias entidades.

De Guindos también ha confirmado la creación de los 'bancos malos', sociedades a las que los bancos deberán traspasar obligatoriamente todos sus activos inmobiliarios "físicos", en las que podrán entrar inversores "si la valoración es correcta, como esperamos". En principio, no se va a exigir un recorte mayor de valoración respecto al valor de los inmuebles en libros menos las provisiones adoptadas, dado el "alto nivel de saneamientos".

Para incentivar la venta de inmuebles por parte de estas nuevas sociedades, el Consejo de Ministros también ha aprobado una exención del 50% de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.

De Guindos ha insistido en que estas medidas no suponen un coste para los contribuyentes, sino que el Estado presta el dinero a un tipo muy superior al que se financia el Tesoro al mismo plazo, por lo que acabará ganando dinero cuando se paguen esos intereses y se devuelva el principal.