España premia a Argentina con más de 1.500 millones en créditos para el desarrollo

La decisión del Gobierno argentino de expropiar la petrolera YPF no sólo deja en el alambre las relaciones diplomáticas entre ambos países. También resquebraja los lazos económicos. Y aunque los intereses de las empresas españolas aún presentes en el país sudamericano suavizarán la respuesta del Ejecutivo español, el órdago lanzado por Cristina Kirchner tampoco avala las políticas buenistas impulsadas en los últimos años por los políticos españoles. De hecho y según los últimos datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España ha concedido a Argentina un total de 1.511 millones de dólares en créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en la última década. Fuentes del Ministerio de Economía explican que aún se adeudan 283 millones, si bien Argentina está al corriente de pago.

La parte del león de esa cuantía se remonta al año 2001, con el corralito argentino en ciernes y en plena crisis de deuda. “España no puede ser ajena a su compromiso con la estabilidad financiera internacional ni a la importancia que supone, dada la percepción actual de los mercados, materializar de forma concreta su confianza en la economía argentina”, rezaba un Real Decreto-ley aprobado el 19 de enero de ese año, por el que el Gobierno español otorgaba un aval de hasta 1.000 millones de dólares –más las cargas financieras correspondientes- para garantizar una línea de financiación a favor de la República Argentina, a instrumentar por el Banco de España. Todo con cargo al citado Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Tiempo después, el 29 de mayo de 2009, el Gobierno del PSOE seguía la senda marcada ocho años antes por Rodrigo Rato y daba una vuelta de tuerca a ese caudal de financiación. El Consejo de Ministros acordaba “instruir al Instituto de Crédito Oficial para modificar las condiciones de la línea de crédito concedida a la República Argentina en 2001”. Una medida que, de facto, suponía una ampliación de ese crédito en 250 millones. La disposición, en este caso, no era tan inocente y enlazaba con el principal precedente a la expropiación de YPF: el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, salía al paso de la debacle empresarial que vivía el líder de la CEOE y dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán. La punta del iceberg de su fenomenal problema empresarial era Aerolíneas Argentinas.

La esperanza del capo de la patronal era que el dinero liberado por el Gobierno español sirviera a los Kirchner y a la ya estatalizada compañía aérea para subrogarse al pedido de Airbus realizado por Marsans, anterior dueño de la aerolínea. Ese paso hubiera permitido a la firma española recuperar parte de la señal entregada, que ascendía a 150 millones de dólares. Todo un alivio para una situación financiera casi desesperada y que no paraba de deteriorarse. No se equivocan entonces Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que aseguraban sotto voce a quien quería escucharles que no se creerían el destino del dinero hasta que estuviera en sus manos, por muy pactado que estuviese entre los gobiernos. Y acertaban.

Fuentes internas de aquella Marsans recordaban tiempo después los contactos surrealistas mantenidos con el entorno del Ejecutivo argentino para intentar salvar su posición en Aerolíneas. Y contaban cómo se les dejó claro que tal vez no habían elegido el interlocutor adecuado para sortear la crisis: “Ustedes los gallegos no han entendido nada. Se empeñan en hablar con el Gobierno, pero no hablan con el poder”. Todo un aviso de que Argentina también iba a dar la de arena. Marsans no vio un dólar de esa ampliación del crédito. Por su parte, Zapatero, que esperaba que el guiño a Díaz Ferrán acelerara un acuerdo entre sindicatos y empresarios para la reforma laboral, también se quedó con un palmo de narices.

El actual ministro de Industria, José Manuel Soria, se quejaba amargamente en el affaire Repsol de que Kirchner había roto un compromiso verbal. “Noticias frescas”, debe pensar Díaz Ferrán. Tampoco sorprende a quien siga las recomendaciones de negocios del propio Ministerio. La Guía País que elabora la Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires, actualizada en junio de 2011, incluye una relación de los problemas para las inversiones en el país sudamericano. Y cita sin ambages el intervencionismo por parte del Gobierno, la falta de seguridad jurídica, la falta de credibilidad de los datos oficiales y la ausencia de cumplimiento por parte del Ejecutivo de los compromisos adquiridos, “lo que significa un clima de negocios incierto”.

Más dinero para otros proyectos

Por el camino, los gobiernos españoles también han ido financiando otras iniciativas menores en Argentina con cargo a los créditos FAD. Por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobaba el 7 de noviembre de 2007 un préstamo por importe de 9,4 millones de euros para levantar un hospital y facilitar equipamiento sanitario en el sur de la ciudad de Córdoba. Una zona en la que “más del 60% carece de cobertura sanitaria y depende, fundamentalmente, de la asistencia sanitaria pública”. Parte del pago del crédito aún está pendiente a tenor de las condiciones fijadas, véase, diez años de plazo total de amortización, incluyendo cuatro años de gracia, a un tipo de interés anual del 4,75% con vencimientos semestrales.

Esta ha sido precisamente el tipo de proyecto que se ha sufragado con esta fórmula crediticia. Un año antes, el Ejecutivo español había otorgado otro crédito FAD, en este caso de casi 15 millones de euros, para financiar el equipo médico del hospital infantil doctor Héctor Quintana, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincial situada en el noroeste de Argentina. Las condiciones de devolución de la deuda no variaban. Los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, creados en 1976 para favorecer la internacionalización de la empresa española con dinero prestado a países pobres, se reformaron en la última etapa del Gobierno socialista ante el clamor de críticas a su doble vocación.

No en vano las ONGs –con Intermón Oxfam a la cabeza- culpaban a estos préstamos de la generación de deuda externa en los países pobres. Los proyectos, aunque promovidos exclusivamente por el país beneficiario, obligaban a contratar de bienes y servicios proporcionados por empresas españolas. El Ejecutivo creaba a mediados de 2010 el denominado Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), que sustituía a los FAD y desvinculaba la promoción internacional de las compañías nacionales de la ayuda al desarrollo. En su momento, Intermón también se quejó de la falta de evaluación de las iniciativas financiadas por este procedimiento. Otro pozo sin fondo.