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España aplaza una ofensiva contra Kirchner por miedo a represalias al resto de empresas
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EL PAÍS, ABOCADO A ACTIVAR LOS RECURSOS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

España aplaza una ofensiva contra Kirchner por miedo a represalias al resto de empresas

Al Gobierno le ha pillado a contrapié la decisión del gobierno de Cristina Fernández de expropiar la petrolera YPF. Creía que había contenido el ímpetu de

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España aplaza una ofensiva contra Kirchner por miedo a represalias al resto de empresas

Al Gobierno le ha pillado a contrapié la decisión del gobierno de Cristina Fernández de expropiar la petrolera YPF. Creía que había contenido el ímpetu de la operación en Argentina tras las presiones diplomáticas directas y por medio de la Comisión Europea y, sin embargo, la dirigente peronista ha dado un paso adelante expropiando las acciones de Repsol en YPF.

El Gobierno español ha sido engañado al no respetarse el ‘acuerdo verbal’ que el ministro José Manuel Soria llegó con el Ejecutivo argentino el pasado 28 de febrero y, por tanto, siente la decisión como un “gesto hostil” y “se obrará en consecuencia”. Sin embargo, el temor a preservar los intereses de las otras empresas españolas y la necesidad de esperar a que haya un texto definitivo de la expropiación, deja casi maniatado al Ejecutivo.

El Gobierno español, tras una reunión de urgencia en Moncloa entre el presidente Mariano Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y los ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió comparecer en el Palacio de Santa Cruz para escenificar una respuesta al “gesto de hostilidad” del Gobierno argentino.

El Ejecutivo de Rajoy se compromete a defender los intereses de la empresa española y activará los recursos establecidos en los tratados internacionales con Argentina, pero tiene que medir su respuesta para no perjudicar a las demás compañías españolas establecidas en ese país, según advierten fuentes conocedoras del problema.

¿Y qué puede hacer el Gobierno?

En medios diplomáticos destacan que el Ejecutivo español tendrá que quedarse, de momento, en las declaraciones contundentes sobre la necesidad de que Argentina respete el principio de seguridad jurídica y sus propios intereses comerciales en las relaciones con los países de la Unión y con España en primer lugar.

Además, hasta que no haya un texto legal aprobado o una acción por la fuerza, el Gobierno no puede reclamar la aplicación de las cláusulas del acuerdo bilateral recíproco de protección de inversiones ni el resto de los tratados internacionales que el gobierno argentino dice que está dispuesto a violar.

El ministro de Exteriores insistió en que la decisión de Kirchner “quiebra el acuerdo de verbal” entre los dos Gobiernos al que se llegó el 28 de febrero y que “comprometía a ambos Gobiernos a resolver con diálogo y negociación los desacuerdos”. Margallo también anunciaba que España solicita que el pleno de Estrasburgo estudie por “vía de urgencia” la decisión de Buenos Aires, una “medida extraordinariamente grave y lesiva, no sólo para los intereses españoles sino también para el pueblo argentino”.

"Una cosa es anunciar una expropiación para beneficiar a todos los argentinos con el retrato de Evita detrás y otra ver en qué se queda la amenaza cuando se sepa que la operación puede costar a los argentinos el triple de dinero en indemnizaciones que el valor de lo que se incautan". Es la reflexión que hacen en medios diplomáticos además de insistir en que el pulso con el gobierno de la peronista Cristina Fernández puede ser largo y que tiene un componente de lucha interna por el poder en el partido del gobierno argentino que marcará todo ese proceso.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, dio el pasado sábado por "encauzado" el problema de la petrolera española en Argentina, pero la operación económica y de imagen de Cristina Fernández iba muy en serio. En el Gobierno de Rajoy estaban convencidos de que el Ejecutivo del país americano se lo iba a pensar más. De hecho, el recorrido parlamentario de la expropiación dará tiempo a continuar con el tira y afloja mantenido con la petrolera, según advierten en fuentes diplomáticas.

Desde por la mañana el Ejecutivo se puso en marcha para analizar la situación en previsión de lo que Cristina Fernández pudiera hacer desde la Casa Rosada. Rajoy aprovechó una conferencia en el Instituto de la Empresa Familiar para proclamar que defenderá "como propios" los intereses de las empresas españolas allá donde operen porque el compromiso con la empresa española y su internacionalización es "firme y constante".

"Este Gobierno, no les quepa la menor duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país", dijo el presidente del Gobierno sin citar explícitamente el conflicto con Argentina por la filial de Repsol-YPF.

Por la tarde tuvo que citar a los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y de Industria, José Manuel Soria, en La Moncloa para estudiar el desafío argentino. Tenía que partir por la noche a una gira por Iberoamérica prevista hace tiempo y dejó en manos de ambos ministros la respuesta oficial al gobierno argentino.

Al Gobierno le ha pillado a contrapié la decisión del gobierno de Cristina Fernández de expropiar la petrolera YPF. Creía que había contenido el ímpetu de la operación en Argentina tras las presiones diplomáticas directas y por medio de la Comisión Europea y, sin embargo, la dirigente peronista ha dado un paso adelante expropiando las acciones de Repsol en YPF.