La CNE deja sin argumentos al Gobierno para justificar una fuerte subida de la luz

Esta semana hay pleno de informes sobre el sector eléctrico. La todavía existente Comisión Nacional de la Energía (CNE) se despide con la presentación de un esperado trabajo sobre propuestas regulatorias contra la deuda acumulada de la tarifa eléctrica. Las conclusiones generales, a las que ha podido tener acceso este diario, inciden sobre las deficiencias estructurales del sistema, entre ellos el millonario déficit, problema para el que no van a reclamar una fuerte subida del precio de la luz, como sí esperan las compañías eléctricas que haga el Gobierno el próximo 30 de marzo. 

Lejos de asumir el papel de "poli malo" que se le ha querido atribuir, el trabajo de la CNE va a ser "bastante ortodoxo" y no recoge "ninguna propuesta drástica", según explican a este diario fuentes próximas a su consejo. Es decir, el informe reclamado por el Gobierno, del que esperaba servirse como punto de apoyo para justificar un posible gran subida del precio de la luz, no recomendará ese "tratamiento agresivo" para acabar con el déficit de 22.00 millones de euros existente, agujero que según el propio organismo regulador este año podría ampliarse en otros 4.500 millones.

El Gobierno tiene previsto resolver para finales de este mes de marzo o principios de abril su plan para acabar con el déficit eléctrico. El ministro José Manuel Soria se ha reunido en los últimos dos meses con buena parte de los principales protagonistas, aunque a todos ha dejado con la misma sensación de intranquilidad. El mutismo absoluto sobre el proceso y la sospecha existente respecto al papel determinante que en esta decisión final tendrá la Oficina Económica de La Moncloa han provocado la intranquilidad en las eléctricas, que además de temer una quita se han visto sin gran capacidad de influir.

En este contexto, "lo que está claro es que no vamos a hacerles el juego", afirma de manera crítica un alto cargo de la CNE, convencido de que el Gobierno necesita de un soporte técnico independiente para justificar la posible subida del precio de la luz, una medida totalmente impopular en la actual coyuntura. "Si el problema tiene una dimensión de 100, nosotros sólo vamos a proponer soluciones para un 20", el resto tendrá que correr a cuenta de Industria, cartera que asumirá un mayor peso tras la integración de todos los organismos reguladores en la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Esta decisión, prevista e incorporada por el PP en su programa político y anunciada por el Gobierno hace sólo un par de semanas, ha terminado por romper los posibles puentes que hubiera de la CNE con la nueva administración central. El organismo regulador va a mantenerse fiel a algunas de sus reivindicaciones históricas, como la revisión del precio de los peajes, su oposición a que se congelen virtualmente las tarifas o el traslado a los Presupuestos Generales del Estado de una parte de esa deuda que acumula el sistema año tras año, pero no va a ponérselo fácil en cuanto al déficit y el recibo.

Para no complicarse, el pasado mes de febrero la CNE aprobó la puesta en marcha de una consulta a la opinión pública que permitiera recabar ideas sobre cómo resolver el déficit de tarifa. La iniciativa, abierta durante diez días, ha coincidido en el tiempo con la petición por parte del Ministerio de Industria del citado informe, en el que se piden "medidas de ajuste regulatorio que se pudieran adoptar en el sector energético" y, en particular, "medidas dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico y evitar un posible déficit estructural para el periodo 2012-2015 en el sector del gas".

Precisamente, también esta semana hay otro informe pendiente de anunciarse. En este caso, corre a cuenta de la todopoderosa patronal de las eléctricas, Unesa, que presenta el martes un trabajo en el que pretende demostrar al Gobierno cómo la actividad eléctrica en España no es rentable con el actual modelo y, por lo tanto, el recibo que paga el consumidor no contempla el precio real de la luz. Además, denunciarán su situación de financiadores finales de la tarifa final, motivo por el que encuentran difícil obtener rentabilidades razonables respecto al coste del capital invertido. Esta semana, cartas boca arriba.