Moncloa coló la enmienda pro constructoras a espaldas de Economía y del grupo parlamentario del PSOE

Traerá cola. La enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas presentada in extremis por el PSOE el pasado día 16 ha puesto en armas a buena parte del empresariado nacional y al Partido Popular. Incluso una parte del Gobierno ha visto con perplejidad cómo una medida de ese calado, que eliminaría los blindajes societarios que amplió Rodrigo Rato con la acción de oro -luego derogada-, ha sido redactada desde Moncloa sin contar con la participación del Ministerio de Economía ni con la del propio grupo parlamentario socialista, según han confirmado a este diario fuentes ministeriales.

 

Bajo la premisa de adelantarse a nuevas normas comunitarias, el PSOE ha incluido una enmienda al proyecto de ley por el que se modificará el marco jurídico de las Sociedades Anónimas. Esta revisión, por la que se pretende eliminar la limitación de voto, no ha nacido del trabajo del grupo parlamentario socialista, sino de Moncloa. El documento viajó de la oficina económica del Presidente al portavoz y jefe del grupo parlamentario socialista, el ex ministro José Antonio Alonso, persona de máxima confianza del Rodríguez Zapatero, que coló la enmienda.

La incursión de este texto a espaldas de a algunos de los departamentos que tendrían que haber participado en su redacción, o al menos estar informados de su existencia, ha generado un fuerte malestar dentro del seno del Gobierno. Fundamentalmente, en el ministra de Economía, Elena Salgado, que no entiende cómo recibe la confianza del Presidente para formar parte del gabinete anticrisis –junto a José Blanco y Miguel Sebastián- y al mismo tiempo no es consultada ni avisada para formar parte de este cambio legislativo de tanta importancia.

La trascendencia de la medida no ha pasado desapercibida entre las grandes empresas del Ibex, ni tampoco entre las filas del PP, de cuyo mandato data la última modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, que permite limitar el derecho de voto de los accionistas al 10%. La eliminación de este blindaje anti opa, impulsado para salvaguardar la titularidad española de empresas pertenecientes a sectores estratégicos, favorecería a inversores como ACS y Sacyr, que actualmente libran respectivos pulsos para controlar a sus participadas Iberdrola y Repsol.

Aunque la enmienda está prevista que se debata en el Congreso el próximo día 4 de marzo, la dirección del Partido Popular tiene decidido replicar esta misma semana la iniciativa del PSOE. Desde la calle Génova, el equipo económico de los populares exigirá negociar una decisión de tanta importancia, que puede revertir las relaciones de poder existentes en las primeras multinacionales españolas y obviando los intereses de los accionistas minoritarios, según fuentes próximas al equipo del líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Según recogía la información adelantada el pasado sábado por el diario El País, hasta la fecha actual, con la Ley de Sociedades Anónimas en vigor (artículo 105), las empresas podían limitar estatutariamente los derechos de sus accionistas. Empresas como Iberdrola lo justifican en sus documentos explicando que "la limitación del número máximo de votos que puede emitir un accionista, o varios pertenecientes a un mismo grupo o que, en su caso, actúen de forma concertada, es una medida de protección de los muchos accionistas minoritarios".

Aunque son varias las empresas potencialmente afectadas, como Telefónica, NH Hoteles, Enagás, Red Eléctrica, Banco Popular y Banco Sabadell, nadie duda en que los principales beneficiarios de esta modificación serían ACS y Sacyr. Ambas constructoras, con participaciones relevantes en Iberdrola y Repsol, podrían así tomar el mando de ambas compañías energéticas sin tener que aumentar sus porcentajes de capital, los cuales consiguieron con abultadas cuotas de endeudamiento que más tarde les han llevado a situaciones financieras muy comprometidas para sus balances.