El consenso imposible de la Ley de Propiedad Intelectual

Congreso de los Diputados. 11 de la mañana. Pleno para debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hueso parlamentario, por tanto, duro de digerir, de ahí que las palabras de arranque de José Ignacio Wert sonaran inquietantes: el ministro de Educación y Cultura dijo "no querer" provocar "una estampida" con su alocución. En efecto, sonó para echarse a temblar, dado el gusto de Wert por los discursos prolijos.

Pero se alarmen. Al margen de que era imposible generar avalancha alguna (el Congreso estaba medio vacío), Wert tenía motivos más que de sobra para extenderse: hay mucha tela que cortar en la Ley de Propiedad Intelectual, muchos temas que regular (derechos de autor, reconversión digital, tasa google, canon digital, reconversión de las entidades de derechos de autor, descargas en internet) y muchos sectores afectados con intereses contrapuestos.

El pleno del Congreso rechazó las seis enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley

Por tanto, el resultado del pleno fue previsible: Wert habló de buscar el máximo consenso con el resto de partidos, el resto de partidos le acuso de evitar a toda costa el consenso y, como colofón, el pleno del Congreso rechazó las seis enmiendas a la totalidad, presentadas por el grupo socialista, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNGA y Amaiur.

PNV y CiU, por su parte, no presentaron enmiendas a la totalidad, pero no por estar de acuerdo con la Ley: intentaran enmendarla en la Comisión de Cultura. El portavoz del grupo popular, Juan De Dios Ruano, mostró la disponibilidad del Gobierno a tomar en cuenta las futuras enmiendas parciales.

No obstante, pese a que la oposición al completo protestó contra la Ley, el Gobierno apenas se llevó un rasguño significativo. Una paradoja política que se explica precisamente por la cantidad de temas que toca la Ley de Propiedad Intelectual. A nadie parece gustarle la Ley, pero todos tienen motivos diferentes para rechazarla. Unos porque la nueva normativa sobre entidades de derechos de autor les huele a centralización. Otros porque el Gobierno evita cargar con una tasa a las telecos como beneficiarios involuntarios de la piratería, pero atiende las presiones del lobby de los editores de periódicos para tasar a Google por su servicio de noticias.

Y casi todos porque no les gusta en su conjunto. Chesús Yuste, de Izquierda Plural, la calificó de "gran fracaso" y Rosana Pérez, del BNG, aseguró que "no convence a nadie" y "crea más conflictos" de los que soluciona. ¿Solución para buscar una ley de consenso? Nadie parece conocerla.

El PSOE, por su parte, hizo una crítica entre general y etérea a la Ley, repleta de guiños a los autores y hasta a las entidades de derechos de autor, a las que Wert había reservado las mayores pullas de su discurso: el ministro habló de "desorden", "ineficacia" y "falta de control" para justificar uno de los platos fuertes de la nueva Ley, acabar con el monopolio de la SGAE, entidad tan debilitada por los escándalos que ya nadie emplea demasiada energía en defender.

Por último, Wert insistió una y otra vez en que la Ley no va "contra los usuarios" sino contra los que "alberguen contenidos ilegales". El incendio está servido en internet si el ministro se equivoca.