Tensión en Murcia ante la inminente llegada del fiscal anticorrupción y de delitos urbanísticos

El mes de junio promete ser movido en los ámbitos judiciales murcianos, ya que serán enviadas al juez las primeras de las catorce diligencias informativas abiertas por el fiscal jefe del TSJ de Murcia por asuntos relacionados con escándalos urbanísticos. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que, judicialmente, el de Mazarrón es un asunto “menor”, que será el primero del que tenga conocimiento un juez a instancias del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.

Pero la importancia política será de primer orden, puesto que se trata de un asunto que afecta a un alcalde del Partido Popular en Murcia, el de Mazarrón, uno de los municipios costeros turísticos de la Región.

El inicio de la investigación fiscal sobre el caso de Mazarrón se debió a una denuncia presentada por la oposición, por malversación contable y presunto cohecho, contra el alcalde del PP. En Murcia se teme que este municipio mazarronero pueda también dar mucho que hablar por su sincopada historia política reciente, gracias a las ‘actuaciones’ de un antiguo alcalde del PP, ahora independiente, y ‘ex amiguísimo’ del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y de su factótum mediático, el secretario general de Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo, veraneante en esa localidad costera.

Con todo, la tensión que se vive en el PP murciano es extensible a sus rivales socialistas. Nadie se salva de las sombras que se ciernen sobre el sector inmobiliario en aquella comunidad, sobre todo ahora que el caso está en manos de los jueces.

Los nombramientos de fiscales especiales decididos en Consejo de Ministros hace ya dos meses se van a concretar durante, lo que contribuirá a ‘animar’ el panorama urbanístico-judicial, ya de por sí muy interesante tras las catorces diligencias informativas abiertas por el fiscal jefe de Murcia sobre casos ligados a actuaciones urbanísticas del PP y del PSOE.

Antes de que empiece julio, se espera que el TSJ murciano disponga ya de un fiscal anticorrupción, cumpliendo el mandato del Consejo de Ministros y los deseos expresados por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de concretar con hechos su pretendida lucha contra la corrupción.

En Murcia, como en los otros TSJ donde se provea, el puesto será ocupado por concurso y la previsión es que sea un fiscal ya actuante en la región el que se lo gane, dadas las características del puesto.

La única pena que le quedará a Conde-Pumpido es que no se podrán cubrir las 17 Fiscalías Anticorrupción, una por Comunidad Autónoma, anunciadas en Consejo de Ministros, debido a problemas organizativos y presupuestarios, al tratarse de plazas de nueva creación.

Las comunidades de la costa, en el punto de mira

Sólo se dotarán seis de ellas, pero fuentes jurídicas en Madrid aseguran que serán las de aquellas Comunidades Autónomas con más problemas de ese tipo o que merecen mayor atención en ese terreno, es decir, aquéllas ribereñas del Mediterráneo y alguna otra.

Pero en lo que sí verá Conde-Pumpido pronto cumplidos sus deseos es en los nombramientos de fiscales de delitos urbanísticos, nombramientos que recaerán también durante el mes de junio en otros tantos fiscales ya adscritos a los TSJ autonómicos. Como en el resto de España, también en Murcia habrá un fiscal de delitos urbanísticos nombrado antes de que empiece julio.

Y esto añadirá pimienta a la ya interesante situación devenida de las investigaciones abiertas por el fiscal jefe, que no han hecho sino confirmar la sensación cada vez más extendidas de que la costa murciana –con los pretendidos desarrollos urbanísticos con más de 300.000 nuevas viviendas y el laissez faire imperante desde hace una década– se había convertido en una sucursal de Marbella.