Un juez prohíbe la emisión de un reportaje de Mercedes Milá para 'Diario de...'

“Por requerimiento judicial Diario de... no emitirá las imágenes sobre el tema de la Residencia clandestina de ancianos de Las Palmas. Quedamos a la espera de resolución definitiva para emitirlas”. Así es como la página web de Cuatro anunciaba que el programa semanal de Mercedes Milá había tenido que posponer un reportaje que denunciaba las malas condiciones en las que vivían casi 30 ancianos de un geriátrico canario.

Un juez había dictado este lunes medidas cautelares que impedían su difusión por cualquier medio ya que el dueño del centro investigado había indicado que las grabaciones del programa se habían hecho sin su consentimiento y con cámara oculta.  

Según ha sabido Vanitatis, Telecinco ha interpuesto un recurso de apelación argumentando que el Gobierno canario ya estaba investigando la residencia y que las cámaras “grabaron con pleno conocimiento y autorización” de dicha residencia.

En su lugar, Diario de... tuvo que emitir la noche de este lunes otro reportaje sobre desahucios precedido por una introducción de Mercedes Milá en la que exponia su opinión sobre dicha orden judicial: "A esta hora teníamos previsto ofrecerles una rigurosa investigación sobre una residencia ilegal, desautorizada por el propio Gobierno canario. En este reportaje, descubríamos el maltrato diario al que son sometidos los casi 30 ancianos que allí residen. Las contínuas neglicencias, los errores constantes en la medicación y la permanente desatención que sufren los residentes. Sin embargo, un juez ha decretado medidas cautelares sobre este reportaje y de momento, solo de momento, nos vemos obligados a posponer la emisión", indicó la periodista ante las cámaras.  

Maltrato a casi 30 ancianos

El programa denunciaba el maltrato de una treintena de ancianos de esta residencia canaria. Para ello, una periodista infiltrada grabó las negligencias y la desatención que sufrían los ancianos para realizar un reportaje para el programa de Cuatro. 

Además, varias trabajadoras ya habían denunciado ante la Fiscalía al dueño de la residencia por intrusismo y un posible delito contra la salud pública.

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