La justicia condena a Amazon por usar miles de falsos autónomos para repartir sus paquetes

El 27 de noviembre de 2017, en pleno Ciber Monday, Amazon anunciaba que ponía en marcha Amazon Flex. Se trataba de una plataforma con la que pretendía convencer a autónomos para ganar un ingreso extra repartiendo paquetes en su propio coche. El objetivo era sencillo: ganar músculo logístico a un precio mucho más reducido de lo que le costaría montar esta infraestructura de forma interna. Sin embargo, la idea duró poco. Cuatro años después de su entrada en funcionamiento, la multinacional de Seattle decidía dejar de utilizar este ejército de riders, primero en España y después en otros mercados europeos como Alemania.

El motivo para enterrar la idea no era otro que los riesgos legales que amenazaban este modelo, viendo los problemas que atravesaban Glovo y otras empresas de reparto de comida a domicilio. Este jueves esos riesgos se han materializado en una sentencia del juzgado de lo Social número 42 que ha condenado a la subsidiaria española del gigante del comercio electrónico al considerar que los casi 3.700 trabajadores que participaron en Amazon Flex entre 2019 y 2021 tenían relación laboral con la compañía y eran falsos autónomos. La compañía puede recurrir la sentencia, adelantada por el Periódico de España y a la que ha tenido acceso este periódico, en los próximos cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta es la segunda vez que Amazon es condenada por este motivo, ya que en febrero de 2023, el juzgado de lo Social número 14, se pronunció en términos similares, al establecer la relación laboral con casi 2.200 repartidores que habían trabajado para Amazon Flex desde su lanzamiento hasta 2019.

La resolución sostiene que existió "subordinación" de los repartidores a la empresa, porque estaban vinculados de "forma estable" al tener que darse de alta en Amazon Flex para poder utilizar dicha aplicación.

"La organización y control del servicio corre a cargo de la empresa a través de dicha app, sin que sea real, sino aparente, la autonomía de los repartidores que teóricamente eligen el lugar y el momento de los servicios a atender", afirma el documento. Esta relación de laboralidad y no mercantil queda probada, según el juzgado de lo Social, en base a cuatro puntos.

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Analía Plaza

El primero de ellos, es que Amazon establecía los criterios para poder darse de alta más allá de estándares mínimos ya que controlaba cosas como la idoneidad del repartidor o la idoneidad del vehículo empleado. La sentencia también considera probado que a través de la app se controlaban las horas dedicadas a la “realización de la actividad, los periodos de conexión y el tiempo dedicado al reparto".

También critica que los repartidores no disponen de ningún control sobre la app, "no interviniendo en el diseño" y que no tiene conocimientos de "algoritmo empleados" y "parámetros" para la asignación de los pedidos. El juzgado también entiende como probado que las condiciones de prestación fueron fijadas unilateralmente por la empresa, que también se reservaba la potestad de excluir a los colaboradores del programa y cancelar su cuenta.

Además de Flex, ya cancelado, Amazon tiene un alternativa para trabajar con terceros: el programa DSP, las siglas de Delivery Service Partner. Se trata de un movimiento que incentiva la creación de subcontratas, donde la empresa financia a aquellos que quieran montar una empresa de reparto que luego trabaje también para ellos. Es algo similar a lo que han hecho Uber o Cabify con las flotas de VTC o empresas de delivery con flotas de riders. Eso sí, este modelo ya ha sido puesto en cuestión en más de una ocasión, ya que muchos consideran que esto puede incurrir en una cesión ilegal de trabajadores, entre otras cosas.