Los "errores informáticos" cuestan vidas: las muertes que España debió evitar

Desastres informáticos como el de Lexnet han dejado una cosa clara: cualquier problema puede solventarse con la excusa de que se ha tratado de "un error informático". Da igual que Lexnet haya provocado la mayor negligencia informática de la historia del Ministerio de Justicia: no hay nada que no se solucione echándole la culpa a la informática.

La excusa del error informático es eso, una excusa. No solo porque los sistemas informáticos no fallan solos (sino que son ejecutados, planificados y programados por alguien); sino también porque, bajo la excusa del error informático, se ha amparado graves negligencias judiciales que, en demasiadas ocasiones, incluso han provocado muertes. Este es un recorrido a través de varios crímenes que se produjeron en España y que se habrían evitado si no hubiera habido "errores informáticos", si la interconexión entre juzgados hubiese sido efectiva o si la justicia española estuviese adecuadamente digitalizada.

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Manuel Ángel Méndez C. Otto

Mari Luz Cortés: el asesinato fruto de una negligencia judicial

13 de enero de 2008. Mari Luz Cortés, una niña onubense de 5 años, copa todos los informativos, programas de TV y medios de comunicación de nuestro país tras desaparecer sin dejar rastro. Con el paso de los días, la niña sigue sin aparecer y las sospechas que temen por su vida cada vez son más evidentes.

Mari Luz aparece muerta dos meses después, el 7 de marzo: su cadáver fue encontrado en el muelle petrolero del puerto de Huelva. El 25 de marzo, la Policía detuvo en Cuenca al responsable de su muerte: se trataba de Santiago del Valle, el pederasta que secuestró a la niña y abusó sexualmente de ella antes de matarla.

Cuando asesinó a Mari Luz, Del Valle debía estar en prisión por abusar sexualmente de su hija

Del Valle fue condenado a 22 años de prisión por estos hechos, pero lo cierto es que este asesinato era más que evitable: en la época en que se produjo, el asesino de Mari Luz no debía estar en la calle, ya que pesaba sobre él una pena de prisión que debía estar cumpliendo en ese mismo momento.

Y es que, en 2002, Del Valle había sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija. Sus abogados recurrieron la decisión judicial, pero en 2005 llegó la sentencia firme: Del Valle iría a prisión. Sin embargo, el juez responsable de su caso, Rafael Tirado, no llegó a ejecutar la sentencia, con lo que Del Valle ni siquiera fue detenido y siguió en libertad.

Una sentencia anterior... que nadie ejecutó

El juez se percató de su negligencia –que achacó primero a "un error informático" y después a la "falta de urgencia"– el 27 de marzo de 2008, dos días después de que el acusado fuera detenido por el asesinato de Mari Luz y su nombre saliera a la luz pública. Hasta entonces, Del Valle había gozado de total y absoluta libertad sin que nadie se percatase de lo irregular de su situación.

La historia no acababa ahí. Además, Santiago del Valle tenía otras causas abiertas en Sevilla y en Gijón, una de ellas por falsedad documental. Sin embargó no quedó registro informático alguno de ello, con lo que ambos juzgados, al no compartir información, no pudieron colaborar en la causa.

Del Valle tenía causas abiertas en Sevilla y en Gijón, pero los juzgados no estaban conectados ni compartían información

Tras la polémica surgida por estas negligencias, la Junta de Andalucía decidió actuar: en 2009 nació Siraj, el sistema informático que conecta todos los juzgados andaluces. Sin embargo, las quejas sobre sus fallos de funcionamiento han sido frecuentes estos años. A día de hoy, Siraj está conectada con Lexnet, el sistema en el que tantos fallos informáticos se han producido en las últimas semanas.

La muerte de Mari Luz Cortés, por tanto, fue la consecuencia de una negligencia no solo humana, sino tambien informática: si la orden de ejecución de la condena se hubiese realizado correctamente y si los juzgados estuviesen interconectados, Santiago del Valle no habría podido abusar sexualmente de Mari Luz ni matarla, ya que habría estado en prisión.

Laura Cerna: asesinada por un condenado que debía estar en prisión

No fue un caso con el eco mediático que tuvo el de Mari Luz Cortés, pero, por desgracia, tanto la situación como sus consencuencias fueron demasiado similares.

El 30 de agosto de 2010, Antonio Gordillo asesinó, descuartizó y tiró al río Guadalquivir a Laura Cerna, una estadounidense que trabajaba en Sevilla como profesora de inglés. Pese a que Gordillo aseguró que fue ella la que se suicidó tras ser rechazada sexualmente por él, el español fue condenado a 19 años de prisión.

El asesinato de Laura Cerna tampoco debió ocurrir, ya que el asesino debería haber estado en la cárcel en ese momento. Y es que la Audiencia Provincial de Cádiz condenó el 30 de agosto de 2009 a Antonio Gordillo a una pena de un año y medio de prisión por un delito de lesiones graves tras una pelea.

El sistema informático de ejecución de sentencias retrasó más de un año el ingreso en prisión de Antonio Gordillo

Como Gordillo tenía antecedentes penales por otro delito anterior, no había forma de que eludiese la pena: debía entrar inmediatamente en la cárcel.

Sin embargo, nuevamente, nadie ejecutó la orden de entrada en prisión. De hecho, cuando Laura Cerna fue asesinada, la Audiencia Provincial de Cádiz tan solo había procedido a registrar la aparente insolvencia de Gordillo, que no había pagado la indemnización pertinente al agredido en la pelea por la que fue condenado.

De nuevo, el Consejo General del Poder Judicial achacó la negligencia a los fallos y retrasos en los sistemas informáticos de comunicación y de ejecución de sentencias. Una negligencia que, de no haberse producido, habría impedido a Antonio Gordillo cruzarse con Laura Cerna la noche en que la asesinó.

Otros casos que pudieron evitarse

Los de Mari Luz Cortés y Laura Cerna son los ejemplos más dramáticos, pero no los únicos, de lo que pasa cuando las notificaciones 'online' de los juzgados fallan o cuando los propios juzgados no están conectados entre sí.

En la Navidad de 2007, media España supo que el productor José Luis Moreno había sido atracado y apalizado en su propio chalet. Lo que menos gente supo es que, tres años después, el principal responsable de su agresión quedó libre pese a las evidencias de su delito. ¿La razón? Un "error de informatización judicial" que, tras la declaración del acusado, lo dejó en total y completa libertad.

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Recientemente, la muerte de una niña en Valladolid también encendió las alarmas de la negligencia informática: un atestado policial se había perdido y las administraciones que debían actuar no compartieron información. Tampoco se actuó diligentemente en Lugo, donde "un fallo informático" hizo perder documentos de una investigación penal en curso.

Las conclusiones están medianamente claras: la justicia española no está adecuadamente digitalizada. Y cuando lucha por estarlo, los errores informáticos ponen en evidencia el adecuado funcionamiento de nuestro sistema judicial. Y no se trata de un asunto menor, ni mucho menos: como ya hemos visto, la negligencia informática de los juzgados españoles acaba costando vidas inocentes.