La familia de Mari Luz emprenderá acciones legales contra el Gobierno

La familia de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años de cuyo asesinato está acusado Santiago del Valle, emprenderá "en su momento" acciones legales contra el Gobierno por "permitir errores en cadena que han derivado en que el imputado estaba en libertad pese a tener dos condenas por delitos de abusos sexuales". El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, explicó este lunes que la familia ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir la pena de "cadena perpetua" para los culpables de este tipo de delitos, como es el caso del presunto asesino de su hija.

A pesar de que aseguró estar "dispuesto" a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para que "se depuren todas las responsabilidades en los errores judiciales", aseguró que sigue "confiando en la fuerza del Estado y, como ciudadano español, en las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que estamos en un Estado de Derecho".

Cortés, que ya ha acudido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Huelva, que instruye el caso de la muerte de Mari Luz, para personarse en el mismo, se mostró "convencido de que hay más personas involucradas que han ocultado un asesinato, y eso es un delito", pero apostó por "no tener prisas porque aquí van a pagar todos y todo llegará a su tiempo".

A su juicio, "lo primero que se tiene que hacer ahora es hacerle justicia a Mari Luz y, después, que el peso de la Ley caiga sobre los errores que se han cometido en el sistema judicial y que han permitido que esta persona -Santiago del Valle- esté en libertad".

La Fiscalía estudiará "medidas de control" de delincuentes sexuales

La Fiscalía General del Estado creó este lunes una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual.

La Fiscalía señaló que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la Justicia", para evitar situaciones como la ocurrida en el caso de Santiago del Valle, que se encontraba en libertad a pesar de haber sido condenado por abusos sexuales sobre su hija de cinco años.

El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, aconsejó que, antes de abrir un debate sobre la implantación de nuevas medidas en relación con los pederastas, hay que averiguar "qué es lo que ha funcionado mal" para que el presunto asesino de Mari Luz no estuviese en la cárcel.

Para Pérez, el error no está "tanto en que los mecanismos sean inadecuados o insuficientes, sino en que no han funcionado adecuadamente" y señaló que, una vez determinadas las responsabilidades, el Gobierno verá "cuáles son las medidas legislativas y organizativas que hay que adoptar", pero no "al calor de la indignación".

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, coincidió con Pérez al asegurar que el CGPJ debe explicar "por qué no se emite una orden de busca y captura a una persona que ya está condenada" y afirmó que es responsabilidad de este órgano aclarar lo ocurrido con "la inspección que se hizo en noviembre en el Juzgado y que no detectó esas irregularidades".

"El fallo clamoroso que se ha producido en el sistema judicial", añadió Alonso, "no tiene que ver" con la necesidad de nuevas medidas judiciales, sino con "una cuestión que dice la Constitución, que los jueces ejecutan y deben hacer ejecutar lo juzgado".

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, habló el lunes por la mañana con el padre de Mari Luz y se comprometió a investigar lo ocurrido, depurar responsabilidades y proponer medidas para que no vuelva a pasar.