¿Nueve personas sin piedad o más bien sin experiencia?

El caso Tous vuelve a poner en tela de juicio a los jurados populares, en esta ocasión, la vida de Lluis Corominas, el yerno de los joyeros de la reconocida marca, está en manos de los nueve miembros del tribunal, hombres y mujeres que desconocen los tecnicismos y las argucias de los abogados, que pueden dejarse influenciar por la presión mediática o que tienen sus particulares juicios de valor, unos pueden pensar que el muerto fue el que tuvo intención de robar,  el ladrón, y otros querrán dejar claro que el acusado, por mucha posición socioeconómica que tenga no se librará del peso de la ley.

Sea cual sea el veredicto final, hay una prueba irrefutable contra estos tribunales del pueblo, cada vez son más quienes piden ser juzgados por magistrados profesionales. Si en 1996, el año en el que se celebró el primer juicio con jurado popular en España, el 49% de los ciudadanos prefería someterse al  veredicto del pueblo, ahora poco más del 40% elige esta opción. Errores de bulto como el que se cometió con Mikel Otegi, absuelto tras matar a dos ertzainas, o con Dolores Vázquez declarada culpable por  la muerte de Rocío Wanninkhof y más tarde puesta en libertad, han restado credibilidad a una institución que, a día de hoy cotiza a la baja y empieza a tener más discrepantes que adeptos.

Francisco Pérez Abellán es escritor y periodista de investigación especializado en criminología y tiene claro en manos de quien se pondría en caso de ser juzgado. Lanza, para argumentarlo, esta pregunta: “Si a ustedes les tienen que sacar una muela ¿en manos de quién se pondrían, de un dentista profesional o de una asamblea formada por los vecinos de su escalera?”. Los jurados populares “son – apunta Pérez Abellán –ineficaces. Las personas que los componen no están preparadas y es un trabajo muy difícil de hacer y para el que,  en muchos casos, no tienen ni idea, ni ganas, ni vocación. Están justificados en momentos en los que la ley no está suficientemente dotada, pero ahora mismo yo dejaría el trabajo en manos de quienes saben hacerlo, aún con todos sus defectos, que también los tienen”.

Según la policía la que falla es la justicia, no el jurado

Imaginen qué debe sentir un agente de policía que se desvive para obtener pruebas contundentes e irrefutables y, en cuestión de días, ve echado por tierra su trabajo cuando el jurado dicta el veredicto de “inocente”. Cuando esto sucede, el megáfono mediático extiende como la pólvora la absolución sí, pero lo más frecuente es justo todo lo contrario, los jurados populares absuelven sólo a uno de cada diez casos.

“A mí me da igual que me tire atrás el asunto un tribunal popular, que un tribunal técnico, a los efectos es lo mismo – declara José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) - y en según qué cosas, el jurado popular a veces es incluso hasta más receptivo a nuestras propuestas que los propios magistrados”. Para Fornet, el problema de fondo no son los jurados, sino la propia justicia, “esta semana – comenta a modo de ejemplo – hemos ido a testificar a un juicio sobre unos hechos que habían pasado hace cinco años, ¡un juicio oral!, es que es ridículo ¿cómo se van a acordar los policías, con todos los casos que llevamos a diario, de los detalles de un caso cinco años después? A eso es a lo que me refiero, no funciona la justicia, pero ese es otro debate. Nos parece bien que sea el jurado popular el que juzgue”.

Beatriz de Vicente, abogada penalista y profesora de criminología en la Universidad Camilo José Cela, entiende que lo más práctico “sería que el jurado fuese mixto. Creo que en la actualidad es muy influenciable, por el lenguaje teatrero de las partes y por la presión de los medios. Yo sí estoy a favor del jurado popular – añade Beatriz - pero de jurados mixtos, en los que haya personas con conocimientos jurídicos y técnicos. La experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones, las atenuantes no se comprenden y se evidencia una falta de conocimientos jurídicos absoluta”.

La elección del jurado, un auténtico duelo entre defensa y acusación

La selección del jurado comienza mucho antes del día en el que arranca el juicio. En Madrid, es la Audiencia Provincial la que realiza la selección mediante un sorteo bianual que se celebra los años pares. Usan un ordenador en el que introducen números de identificación y eligen a un total de 5.000 ciudadanos a los que se les informa enviándoles una carta certificada a sus domicilios. Para ser miembro de un jurado deben cumplirse los requisitos que marca la ley, entre otros ser español, mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, ser vecino de la provincia en la que se ha cometido el delito o saber leer y escribir.  

Con tales requisitos el abanico de personas que se pueden convertir en jurado es, por tanto, muy amplio. De ahí que el primer día del juicio comience con un auténtico duelo jurídico que se vive a puerta cerrada y entre los abogados de la defensa y los de la acusación. Beatriz de Vicente, ha vivido ya unos cuantos,  asegura que “es un momento muy intenso porque te puedes estar jugando el resultado final para tu cliente. Cada uno puede recusar libremente a los candidatos y con el tiempo vas aprendiendo tus propias tácticas. Yo por ejemplo, si mi cliente es una mujer, no quiero mujeres en el jurado, si es un crimen racista busco a inmigrantes o a personas de color, si se está juzgando a un ladrón, jamás te traes a personas que han sido víctimas de un robo de un atraco en su domicilio familiar. Hay otras veces en las que recusas a alguien simplemente porque no te gusta su aspecto. Sí es verdad que cada juicio es un mundo”.

El hombre o la mujer que puede convertirse en uno de los 9 miembros del jurado tiene que someterse al interrogatorio de las partes que podrán preguntarle por todo tipo de cuestiones, desde su ideología,  sus gustos, sus fobias, aficiones, traumas, si ha sido víctima o no de algún robo o cualquier otro detalle de su biografía que pueda aportarles datos de interés. Para De Vicente “los mejores son los neutros. Si tú preguntas, ¿usted quiere jurado? y  te responden que sí, ojo es un castigador, tiene ganas de ejercer o aplicar la justicia . El bueno es el que no quiere, el que no busca protagonismo, el que siente que es una carga moral y una responsabilidad enorme decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona”. En esos momentos el abogado se convierte en una especie de psicólogo y de su decisión dependerá errar o no en la elección.

Si no hay veredicto se multa al jurado

Al final los elegidos no sólo tienen la obligación por ley de asistir a los juicios y las sesiones sino que, además, han de dictar un veredicto. La ley establece multas de 150 euros al jurado que no comparece injustificadamente en la primera citación, la sanción puede elevarse a 1.500 si no se hace en una segunda citación y también se prevé una multa de 300 euros si el jurado se niega a votar un veredicto. Son dos las votaciones que se realizan, una sobre los hechos y otra sobre la culpabilidad o no del procesado. Para establecer la culpabilidad la ley exige siete de los nueve votos, mientras que para la inculpabilidad con cinco votos a favor y cuatro en contra, será suficiente.

¿Cuánto cuesta un jurado?

Otro de los problemas en detrimento de los jurados es su precio. Un jurado cuesta una media de más de 6.000 euros por juicio. Cada miembro suele cobrar en torno a los 70 euros diarios. Aquellos que han participado pero que finalmente no son seleccionados reciben la mitad, unos 33 euros. El jurado popular en España lo forman 9 personas a las que se les abona junto con la dieta, el kilometraje o el transporte público.

Sin duda, ya sea por motivos cualitativos o cuantitativos, la realidad demuestra que el jurado popular no pasa por uno de sus mejores momentos  e igual ha llegado la hora de pronunciar la misma frase que lanza el juez minutos antes de conocerse el veredicto “el jurado se retira a deliberar”. Alguien debería seguir el ejemplo y someter a juicio a una institución que ya es quinceañera.