Un juez de Tarragona abre una vía penal a Repsol por vertidos en pozos de prospección frente al Delta del Ebro

La petrolera Repsol pensó hace un año que el vertido que se produjo de 130.000 litros de aceites y combustibles frente a las costas de Tarragona quedaría sólo en el pago de una indemnización a los pescadores de la zona. Sin embargo, un año después, un juzgado de esta ciudad catalana ha decidido abrir una vía penal contra la petrolera que preside Antonio Brufau por dos fugas de crudo en mar abierto frente al Delta del Ebro, atendiendo a la petición de la fiscalía de Tarragona que reclama perseguir un supuesto delito medioambiental.

 

Repsol pagó hace medio año 250.000 euros a los pescadores de Tarragona por los perjuicios ocasionados por los vertidos que se produjeron mientras la petrolera realizaba, junto con una subsidiaria estadounidense, unas prospecciones para comprobar la existencia de dos pozos marinos a 45 kilómetros de las costas de Tarragona. El vertido se produjo en mayo de 2009, pero no ha sido hasta este sábado cuando el juzgado número 3 de Tarragona confirmó que investigará por la vía penal a la copañía petrolífra por si ha cometido un delito contra la vida y el medio marino.

“El juez dirimirá si Repsol fue el responsable de dichos vertidos y si ocultó información a la administración para poder seguir realizando las prospecciones”, aseguran a El Confidencial fuentes de la investigación. El tribunal tarraconense intentará determinar si la firma estadounidense Pride of North America, que manejaba la plataforma subcontratada para las prospecciones de Repsol, era responsable. Un portavoz de Repsol no pudo confirmar a este diario si el tribunal había iniciado el procedimiento, pero dijo que el vertido había sido limitado. "Fue un incidente menor que se solventó y se limpió en unos días", dijo. Repsol lleva buscando petróleo en el Mediterráneo desde los años 70.

La Fiscalía ve indicios de delito en los vertidos de crudo que se produjeron en los meses de mayo y junio del año pasado ante las costas del Delta del Ebro, a unos 2.400 metros de profundidad. Según el Ministerio Público, los vertidos se produjeron en los pozos que Repsol estaba sondeando para su posterior explotación dentro de cuatro años.

La investigación de los fiscales apunta a que los vertidos pudieron ser debidos a la negligencia de los trabajadores de la empresa Pride North America, subcontractada por la petrolera para realizar las prospecciones. Las fugas fueron detectadas por un satélite y por la torre de control del Puerto de Tarragona.

Capitanía Marítima y el Ministerio de Fomento abrieron entonces un expediente sancionador, por el que impusieron una finanza a Pride de 2,7 millones de euros y una multa de 250.000 euros a Repsol para indemnizar a los pescadores. El Ministerio ha cerrado el expediente después de que la Fiscalía considerase las fugas un delito más que una infracción. Las penas por delito contra el medio ambiente van desde los seis meses a los cuatro años de cárcel, pero el actual código penal no permite aplicar estas penas a personas jurídicas.

Fuentes oficiales de la petrolera han confirmado la empresa no tiene constancia de la decisión del juzgado de Tarragona, aunque manifiestan estar al corriente de las investigaciones de la fiscalía.