¿En qué consiste la reforma judicial que ha puesto Israel patas arriba?

Calles abarrotadas de manifestantes durante semanas; una huelga general que paraliza aeropuertos y hospitales; reservistas militares que se niegan a seguir presentándose hasta el cuartel. Son ejemplos de las consecuencias de la reforma judicial emprendida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Una serie de proyectos de ley que han provocado una masiva fractura social en el país y que amenazan con dejar al ejecutivo herido de muerte. ¿En qué consiste esta reforma y por qué es tan impopular?

La iniciativa impulsada por Netanyahu y sus socios ultraderechistas y religiosos, en el poder desde el pasado mes de diciembre, busca limitar la capacidad del Tribunal Supremo de revocar las decisiones tomadas por el poder Legislativo y Ejecutivo. En primer lugar, le otorgaría al parlamento israelí (Knesset) el poder de anular las decisiones de la Corte con una mayoría simple de 61 votos de un total de 120 escaños. Por otro lado, pretende arrebatar a los magistrados el derecho a revisar la legalidad de las Leyes Básicas de Israel, que regulan la separación de poderes y que funcionan como la constitución en un país que carece de una.

TE PUEDE INTERESAR

Netanyahu acepta retrasar su reforma judicial en un intento de apagar las protestas masivas

Maya Siminovich. Tel Aviv

Otra de las propuestas de la reforma implica un cambio en la forma en que se seleccionan los magistrados de la Corte, otorgando al Ejecutivo una palanca decisiva a la hora de designar los integrantes del tribunal. Actualmente, Israel cuenta con un panel independiente, denominado como Comité de Nombramientos Judiciales, que está integrado por dos ministros, dos parlamentarios, tres jueces del Supremo y dos representantes del Colegio de Abogados. En la actualidad, son necesarios los votos de siete de los nueve integrantes para nombrar a un candidato, lo que implica que los políticos no pueden lograr nominaciones exitosas sin el apoyo de los jueces, lo que ha derivado en la necesidad de alcanzar un consenso para sacar adelante las propuestas. La iniciativa de Netanyahu y sus aliados otorgaría al Gobierno una influencia mucho mayor, similar a la de otros países como Estados Unidos o España.

Pero la reforma judicial no es la única fuente de descontento. Un proyecto de ley ya aprobado por el Knesset es uno que dificulta que un primer ministro sea declarado no apto para el cargo, restringiendo las razones a la incapacidad física o mental y requiriendo la aprobación del propio primer ministro o de dos tercios del gabinete. Una medida que ha sido ampliamente percibida como una medida de Netanyahu para limitar las consecuencias de su propio juicio por corrupción en curso, donde enfrenta cargos de fraude, soborno y abuso de confianza. El paquete de medidas también limitaría la independencia de los asesores jurídicos de la Administración, una figura pensada para garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

De hecho, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió la semana pasada a Netanyahu de que su intención de participar en la reforma "es ilegal" debido al "conflicto de intereses", horas después de que el primer ministro afirmara que se implicaría "personalmente" a raíz de la aprobación de la propuesta en el Parlamento.

Tras una jornada de caos absoluto, con huelgas masivas y manifestaciones que han bloqueado el país, el Gobierno de Netanyahu ha pactado con sus socios más radicales de extrema derecha retrasar la tramitación de la reforma judicial varios meses, pero no suspenderla definitivamente. Una patada hacia adelante que está por ver si calma las protestas.