Golpes y violaciones: el año de encierro de la saharaui Sultana Khaya a manos de Marruecos

Cada 25 de noviembre, las redes sociales, la prensa y las televisiones se visten de morado o alzan cartelas de denuncia por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Cada año, el 25-N se convierte en un día de reivindicación, lucha y despliegue de datos y cifras que acrediten las muertes y crímenes reales contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Pero también las hay quienes convierten esta batalla anual en su vida diaria, y no por voluntad propia. Ese es el caso de Sultana Khaya y de muchas otras mujeres que, como ella, han sufrido las consecuencias de defender sus derechos en un territorio donde no las reconocen.

El 13 de noviembre del pasado año, Marruecos rompió el alto al fuego que había pactado con el Frente Polisario 30 años atrás y traspasó el muro que cientos de soldados saharauis estaban protegiendo en el paso fronterizo de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Como respuesta a este ataque, el Frente Polisario dio por roto el acuerdo al que llegó con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra en todo el territorio al considerarlo "una agresión directa contra el pueblo saharaui". Así comenzó lo que sería una pesadilla para muchos.

Sultana Khaya, que vive en Bojador, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, lleva desde el 19 de noviembre viviendo en un mal sueño constante. Ella, junto a su madre y su hermana, soporta desde hace un año diversas torturas en su propia casa, donde todas se encuentran bajo arresto domiciliario desde la invasión marroquí. Desde ese día, ella y su familia viven sin descanso entre las paredes de la que en un pasado no tan lejano fue su casa, siendo atacados por los vecinos, que les lanzan heces dentro de la vivienda; les han destrozado los muebles y les cortan el agua y la luz. ¿El motivo? Es una activista saharaui, presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los Derechos Humanos.

Khaya volvió a su tierra tras pasar un tiempo en España por motivos médicos. Llegó solo unos días después de que se quebrantara el alto el fuego y, nada más llegar, fue detenida por las autoridades marroquíes. Desde entonces, tanto ella como su familia permanecen encerradas, aisladas, en su propia casa, sin poder contactar con ningún saharaui. "Vivo en una prisión", lamentaba a principios de este la activista en una entrevista a Público. Pero el no poder pedir auxilio en el exterior, creó sus propias armas de denuncia desde el exterior. Fue así como comenzó a grabar en vídeo y con fotografías lo que estaba viviendo entre sus muros.

Gracias a su testimonio, varias organizaciones y asociaciones se han hecho eco de la causa, como la Asociación Saharaui Comunidad de Madrid (ASCM), que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas de un manifiesto para remitirlo a la ONU, así como al Parlamento Europeo, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y el Parlamento Español para salvar la vida de la activista y de su familia. En dicho manifiesto recogen el día a día al que se han visto sometidas durante un año.

Al principio, ella, su madre y su hermana Luaara podían recibir visitas a casa, siempre bajo supervisión. Pero desde hace meses, los paramilitares y policías marroquíes que se amontonan frente a su casa montando guardia no les dejan ver a nadie. Los únicos rostros que pueden conocer, más allá de los de ellas mismas, son los de los agentes que las han golpeado, hasta el punto de romperle la dentadura a su hermana.

La también activista saharaui Aminatou Haidar compartió en sus redes algunas de las imágenes difundidas por su compañera y haciendo un llamamiento especial a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, para una "intervención urgente" por salvar su vida. Entre las llamadas de auxilio también destaca, entre muchas otras, la del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, quien solicitó públicamente la mano de la ONU ante la "ola de represión" atribuida a las autoridades de Marruecos, destacando las agresiones a Khaya.

En mayo de este año, Amnistía Internacional emitió un comunicado denunciando los asaltos sexuales a la activista y a su hermana por parte de presuntos agentes de la autoridad marroquí que, destacan, llevan reteniéndolas a ambas desde hace un año en su propia casa y sin haber presentado todavía ningún cargo contra ellas que justifique su detención ilegal.

La violencia sexual como arma

Pero también han sido agredidas sexualmente por los mismos que las mantienen aisladas. Luaara ha sido víctima de tocamientos sexuales por parte de algún agente, pero Khaya ha sido violada en tres ocasiones por los marroquíes. La última vez ocurrió en este mes, el mismo en el que se reivindica (de forma oficial) la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Por si esto fuera insuficiente, las tres mujeres contrajeron covid-19, enfermedad que padecieron en soledad y sin ningún tipo de atención médica, salvo una inyección vía intramuscular "con una sustancia desconocida", tal y como denuncia el manifiesto.

De esta forma, la violación se convierte en un arma que usa el hombre contra la mujer, haciendo de las víctimas un mero objeto y convirtiendo la agresión sexual en otra forma más de tortura: "La violación es uno de los usos más viles y machistas que pueden ejercer sobre nuestros cuerpos, produciendo secuelas de por vida". Pese a ello, desde las redes sociales han asegurado que su lucha por la libertad del pueblo saharaui sigue, pese a las agresiones. Fue esa batalla incondicional lo que llevó a que en septiembre de este año, Khaya fuera nominada al premio Sajarov de Derechos Humanos que presentan los grupos parlamentarios europeos.