Argentina pide la detención de Kirchner por encubrir a los acusados del atentado de 1994

Hace más de 23 años, un coche bomba detonaba poco antes de las 10:00 de la mañana frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en pleno centro de Buenos Aires. Un lunes, hora punta. El atentado dejó 85 muertos y más de 400 heridos. Argentina acusaba formalmente al Gobierno de Irán de planificar el ataque, y al partido-milicia chií libanés Hizbullah de ejecutarlo. Más de 20 años después, el fiscal federal Alberto Nisman aparecía con un disparo en la cabeza, horas antes de comparecer ante el Congreso para dar detalles de la denuncia que se había presentado contra Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de los terroristas.

Y ahora, casi tres años después de la muerte de Nisman, otro juez, Claudio Bonadio, que en 2005 fue apartado de la conocida como causa AMIA por "falta de imparcialidad" y por haber mantenido un papel doble de magistrado y sospechoso, ha procesado a la última pieza del peronismo en el Gobierno antes de la llegada de Mauricio Macri. El magistrado ha procesado a la expresidenta y ha solicitado su desafuero para poder llevar a cabo su detención.

El fallo del juez, al que ha tenido acceso la agencia Télam y del que se han hecho eco todos los medios argentinos, apunta a la necesidad del arresto de la exmandataria para evitar que sus contactos entorpezcan la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado de 1994 contra la AMIA. Fernández de Kirchner, ahora, está acusada de traición a la patria, un delito que puede conllevar penas de entre 10 y 25 años de prisión o hasta cadena perpetua.

La orden del juez Bonadio ha alcanzado ya al círculo cercano de Kirchner: el que fue secretario legal y técnico durante los 12 años de Gobierno 'kirchnerista' (de 2003 a 2007, con Néstor Kirchner, y desde 2007 a 2015, con Cristina Fernández), Carlos Zannini y el sindicalista Luis D'Elía ya están detenidos. El primero fue arrestado la noche del miércoles en Río Gallegos; el segundo, en su casa de Isidro Casanova. También Jorge Alejandro 'Yussuf' Khalil, comerciante, líder islámico y defensor de Teherán, 'álter ego' de D'Elía y "agente" para el Gobierno de los ayatolás, según el fiscal especial para la causa AMIA.

¿Qué pasó en 1994?

Poco después del atentado, resultaba ya evidente el encubrimiento, los intentos de alejar la investigación de cualquier pista que condujera al papel jugado por el Gobierno, la justicia y los servicios de inteligencia argentinos, que supieron del atentado 104 días antes, pero en lugar de abortarlo optaron —con el aval del presidente Carlos Menem— por hacerle el juego a los terroristas hasta el último minuto, bajo el pretexto de capturarlos con las manos en la masa, consumando la doble hazaña de conjurar el atentado contra la mutual judía y, al mismo tiempo, esclarecer el de la embajada de Israel ocurrido dos años antes.

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Cuatro días antes de su muerte, el fiscal Nisman denunció a Fernández de Kirchner por el presunto delito de encubrimiento. Escribió en su presentación judicial, y repitió a cuanto medio quiso entrevistarle, que la mandataria había ordenado en secreto, a su canciller, negociar con la república de Irán la “impunidad” de los cinco altos funcionarios iraníes sobre los que pesaba una orden de captura de Interpol, para llevar adelante jugosos intercambios comerciales que jamás se concretaron.

Dijo que había descubierto que el memorando de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán era la fachada de un acuerdo espurio y no una herramienta para acercarse a la verdad sobre el atentado. La denuncia carecía de pruebas, y era en realidad una maniobra desesperada para no ser relevado de su puesto después de que el jefe de los espías y su más íntimo colaborador, el agente Jaime Stiuso, fue expulsado de la SIDE, justamente por obstaculizar la investigación.

Nuevas pistas

La causa se reabrió después de que saliera a la luz una conversación del excanciller argentino Héctor Timerman con un directivo de la AMIA en la que el entonces alto cargo aseguraba que el Gobierno 'kirchnerista' conocía la responsabilidad del régimen iraní en el atentado. El pasado mes de octubre, en su última declaración ante los juzgados, Cristina Fernández de Kirchner volvió a defenderse, alegando una persecución a la oposición. "La única traición a la patria es utilizar a un poder judicial para perseguir a opositores", aseguró ante los medios.

Sin embargo, este mismo año salió a la luz la grabación de una conversación entre el que era ministro de Relaciones Exteriores de Fernández de Kirchner y el entonces dirigente de la AMIA, Guillermo Borger, en el que parece reconocer que fueron los iraníes los autores del atentado. "Si fuera otro (para negociar el acuerdo) no hubiera puesto la bomba", dice el excanciller.

El memorando de entendimiento entre Buenos Aires y Teherán se firmó en 2013 en Etiopía con el objetivo de avanzar en la investigación del atentado de 1994. Dado que Irán se había negado rotundamente a cooperar en el proceso, Fernández de Kirchner consideró este texto como un avance. El fiscal Nisman, no obstante, aseguró que se trataba de una confabulación en la que ambas partes salieran favorecidas: a cambio de petróleo y armas, este acuerdo serviría para desvincular de responsabilidades a los iraníes.